Mujeres y Conflicto armado

 

Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres y niñas en Colombia

Segundo avance, Bogotá, Noviembre de 2001

 

 

Introducción

 

La Mesa de Trabajo Mujeres y Conflicto Armado es un equipo conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y entidades nacionales e internacionales interesadas en evidenciar las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas en el marco de la violencia sociopolítica[1], incluida la del conflicto armado interno colombiano.

 

La Mesa espera contribuir a sensibilizar a la sociedad colombiana frente a estas formas de violencia. Conociendo la importancia de acudir a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, la Mesa se propuso  promover la visita a Colombia de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, señora Radhika Coomaraswamy.

 

Durante su mandato, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer ha contribuido a la precisión y delimitación conceptual del término violencia contra la mujer y ha puesto en evidencia los efectos y las consecuencias particulares que tienen los conflictos armados sobre las mujeres. La Mesa busca lograr, a través de su visita, la atención de la comunidad internacional y unas recomendaciones que conduzcan a una mejoría de la situación de derechos humanos de las mujeres y las niñas colombianas.

 

En la Mesa, que inició su trabajo en septiembre del 2000 por iniciativa del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA, participan organizaciones de diverso orden como:

 

Asociación Juana de Arco, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia - ANMUCIC -, Programa Mujer y Familia de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción – ANUC-UR, Corporación Casa de la Mujer, Colectivo de Mujeres Excombatientes, Colectivo María, María; Comisión Colombiana de Juristas, Fundación Educación y Desarrollo - FEDES -, Humanizar, ILSA, Instituto de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP -,  Ruta Pacífica de las Mujeres, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL -, Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar, Organización Femenina Popular - OFP y Red Nacional de Mujeres Bogotá, entre otras.

 

También participan como observadores organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados - ACNUR-, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios - OCHA -. Agencias de cooperación internacional como La Consejería en Proyectos, Terre des Hommes, Save the Children y entidades de control del Estado como la Defensoría del Pueblo y el apoyo del Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional.

 

La iniciativa de conformar la Mesa surgió de constatar la escasez de diagnósticos que den cuenta de los efectos diferenciados de violencia sociopolítica, incluida la proveniente de la confrontación armada, sobre mujeres y niñas. En los informes sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en Colombia, no se ha documentado adecuadamente la situación específica de las mujeres y niñas afectadas por este tipo de violencia. Esto dificulta la definición de acciones, proyectos y políticas que atiendan las necesidades de protección y atención de mujeres y niñas.

 

En el mes de febrero de 2001, la Mesa envió una carta a la Relatora, con el objetivo de despertar su interés en el caso colombiano y promover su posible visita. Posteriormente, en el mes de abril de 2001 se elaboró un primer “Informe sobre violencia contra las mujeres y las niñas en el conflicto armado colombiano”, con la intención de comenzar a destacar algunos casos de violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas. Ese pre-informe fue entregado a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, durante el último período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada en Ginebra en mayo de 2001.

 

Desde la entrega de este informe la Mesa ha continuado trabajando en la recolección de información. La información se ha recolectado mediante la revisión de fuentes secundarias y otras fuentes primarias a nuestro alcance, gracias al aporte de las organizaciones partícipes en la Mesa, así como de otras organizaciones de derechos humanos y de mujeres, que han compartido con la Mesa algunos testimonios.

 

El presente informe contiene un análisis sobre las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en Colombia (octubre de 2000 a marzo de 2001), destacando la situación de las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sociopolítica, incluida la del conflicto armado. Posteriormente el Informe evidencia algunas formas de violencia contra las mujeres y niñas en el contexto de la violencia sociopolítica, abordando los siguientes temas: mujeres y niñas desplazadas, violencia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones, niñas desvinculadas del conflicto armado, violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas y otras formas de violencia contra las mismas. Se incluyen también: otros datos sobre violencia (intrafamiliar y sexual) contra las mujeres fuera del contexto de la violencia sociopolítica (ver anexo 5) y un análisis del marco jurídico nacional e internacional de los derechos de las mujeres en Colombia (ver anexo 6).

 

No ha sido tarea fácil recopilar la información porque, por lo general, la conceptualización y las estadísticas se han elaborado teniendo como parámetro de los derechos al sujeto masculino. Esto hace que, usualmente, los datos sobre violaciones a los derechos humanos no se recojan teniendo en cuenta las realidades específicas de las mujeres, ni se destaquen los efectos particulares de la violencia sobre las mismas. Por otra parte, el miedo, la falta de confianza en las instituciones de justicia y los elevados niveles de impunidad, impiden a las víctimas denunciar los hechos. A esto se agrega que la información disponible está dispersa en manos de diversas ONG y oficinas del Estado en todo el país y hasta ahora comienzan a coordinarse los esfuerzos de diferentes organizaciones para centralizar la información.

 

El presente informe aborda de manera general algunos temas sobre los cuales no hay hasta el momento información disponible y en los cuales es necesario profundizar: la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas; la de las mujeres privadas de la libertad por razones relacionadas con la violencia sociopolítica; la de las mujeres excombatientes y desmovilizadas.

 

La Mesa espera que el informe contribuya a hacer evidente la grave crisis de derechos humanos de las mujeres en Colombia, entendiendo que su superación  no depende exclusivamente de la resolución del conflicto armado interno, en la medida en que las causas de las violaciones a sus derechos humanos obedecen a profundas inequidades sociales, económicas y culturales.

 

 

1. Violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en Colombia: octubre de 2000 a marzo de 2001[2]

 

Colombia vive una grave crisis de derechos humanos. Dicha crisis ha dado lugar a diversas recomendaciones al Estado colombiano por parte de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. No obstante, el Estado no ha asumido su papel de garante de los derechos humanos y no ha acogido dichas recomendaciones, dando lugar a una severa agudización de la crisis.

                                                                                                                                       

En Colombia, entre octubre de 2000 y marzo de 2001, aproximadamente 20 personas en promedio diario murieron por causa de la violencia sociopolítica: más de 11 víctimas diarias a causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos; más de una por desaparición forzada; una víctima muerta cada día por homicidios contra personas socialmente marginadas; y más de cuatro personas murieron en combate cada día. Este promedio diario significa que 3.274 personas perdieron la vida, en seis meses, por la violencia sociopolítica: de ellas, 2.529 por violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario; y 745 civiles y combatientes murieron en combate[3].

 

Estas estadísticas muestran claramente que la situación de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia ha seguido siendo muy grave durante el período en estudio. De un promedio diario de diez personas muertas desde 1988 por razones sociopolíticas, se pasó, entre octubre de 1998 y septiembre de 1999, a 12 víctimas diarias; en el período de octubre de 1999 a marzo de 2000 aumentó a 14 en promedio diario; y en el período octubre de 2000 a marzo de 2001 se ha mantenido el promedio de aproximadamente 20 víctimas diarias del semestre anterior (abril a septiembre de 2000). El promedio diario de víctimas de homicidio político y ejecución judicial permaneció en más de 11; el promedio de desaparición forzada pasó a más de una diaria; y las víctimas de homicidio contra personas socialmente marginadas aumentaron de más de una cada dos días a una cada día.

 

Además, perduró la tendencia de más de 3.000 víctimas por semestre. De conservarse esta tendencia, al finalizar el año del presente período (octubre de 2000 a septiembre de 2001) el número de víctimas muertas por razones de violencia sociopolítica alcanzará el ignominioso total anual de más de 6.500 personas. Este incremento demuestra la tragedia que vive cotidianamente la población colombiana.

 

De las 2.529 víctimas muertas fuera de combate, es decir, en la calle, en su casa o en su trabajo, entre octubre de 2000 y marzo de 2001, 2.080 lo fueron por ejecución extrajudicial u homicidio político; 264 por desaparición forzada; y 185 por homicidio contra personas socialmente marginadas.

 

Respecto de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en las cuales se conoce el autor genérico, el 87,21% se atribuyó a agentes estatales: por perpetración directa, el 3,21% (50 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 84% (1.307 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 12,79% de los casos, con 199 víctimas.

 

En muchos de los delitos cometidos por los paramilitares existe participación activa o pasiva de miembros de la fuerza pública. En los delitos en que dicha participación no exista, o no haya pruebas de que exista, el Gobierno colombiano se hace partícipe de tales crímenes por la ausencia de una política decidida y coherente para prevenir las violaciones, desarrollar investigaciones serias contra los grupos paramilitares y los agentes estatales que, de una manera u otra, los apoyan y sancionar a los autores de violaciones. La política desarrollada por el Gobierno no ha pasado de anuncios altisonantes. Mientras sus anuncios no se concreten en acciones tangibles, como el simple cumplimiento de órdenes de captura dictadas por la Fiscalía, no habrá razones para atenuar la responsabilidad del Estado en la comisión de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario por parte de los paramilitares.

 

Desde 1993 se observa un incremento vertiginoso de las violaciones cometidas por grupos paramilitares (que eran menos del 20% del total en aquel año y pasaron a ser más del 75% desde 1997) simultáneamente, con una disminución de las realizadas directamente por agentes estatales (que eran superiores al 50% en 1993, y que aparecen inferiores al 5% desde 1997). Se refuerza así la hipótesis, ya advertida en los períodos anteriores, de una correspondencia entre los dos fenómenos. La disminución de casos atribuidos a agentes del Estado y el simultáneo aumento significativo de los atribuidos a los grupos paramilitares, sugieren la ocurrencia de numerosas acciones encubiertas o toleradas, en las que no se descarta la participación directa o indirecta de agentes estatales.

 

Entre octubre de 2000 y marzo de 2001, por lo menos 67 niñas y niños[4] fueron víctimas de la violencia sociopolítica, es decir, más de una víctima cada tres días. También murieron 93 jóvenes[5]: más de uno cada dos días. Por esa misma violencia, 163 mujeres adultas perdieron la vida, lo que significa más de una mujer adulta cada dos días. Estos altos promedios evidencian que no están a salvo de la violencia sociopolítica ni siquiera los grupos a los cuales el Estado debe garantizar una protección especial, según lo estipulado en los instrumentos internacionales y en la Constitución.

 

En el período analizado, en promedio se registró más de una persona torturada cada dos días. Por lo menos cinco personas fueron torturadas y dejadas con vida. A agentes del Estado se atribuyeron dos de estas víctimas; a paramilitares otras dos, una de las cuales es una mujer que fue violada sexualmente. Respecto de una de las víctimas (20%) se desconoce el autor. Además, 125 personas asesinadas fueron encontradas con huellas de tortura. Se considera a los paramilitares como presuntos autores de 51 de los casos de tortura de personas que luego fueron asesinadas, lo que representa el 42,5% de las víctimas; y una (0,83%) a agentes estatales. A las guerrillas se atribuyó la presunta autoría de siete de estos casos (5,83%). Respecto de cuatro de las víctimas (3,33%) se desconoce la identidad del grupo armado al cual se podría imputar la presunta autoría del caso. Respecto de la presunta autoría de 57 casos (47,5%) se desconoce el autor.

 

En el período analizado, 1.568 personas fueron víctimas de secuestro[6]. En comparación con el semestre anterior, se mantiene el promedio diario de casi nueve víctimas.

 

El incremento del número de víctimas de violencia sociopolítica apenas ilustra la amplitud del drama que vive Colombia. Detrás de cada víctima de asesinato, desaparición, tortura, secuestro, desplazamiento forzado y otros crímenes perpetrados por los actores armados, hay un número indeterminable de colombianas y colombianos que sufren profundamente de esas violaciones: son sus familiares, cuyo dolor es desafortunadamente invisible.

 

La situación de derechos humanos contrasta con los anuncios hechos por el gobierno en el sentido de que está llevando a cabo una política para enfrentar a los grupos paramilitares. Es urgente que tales anuncios se concreten en acciones tangibles de desvinculación de sus cargos a los agentes estatales que apoyan o toleran a los grupos paramilitares, de investigación y sanción a los responsables de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario y de reparación a las víctimas de tales violaciones.

 

 

2. Situación de las mujeres y las niñas víctimas de violencia sociopolítica en Colombia[7]

 

En esta sección se exponen los datos estadísticos disponibles sobre algunas de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y al derecho humanitario, dentro del contexto de violencia sociopolítica. Desafortunadamente, hay muchas violaciones a los derechos humanos de las mujeres que no se pueden cuantificar a partir de la información existente. Por ejemplo, no se cuenta con estadísticas que permitan determinar cuántas mujeres son víctimas de violencia sexual, o embarazo o prostitución forzados, dentro de este contexto.

 

2.1. Violaciones al derecho a la vida

 

Dentro del panorama de derechos humanos anteriormente presentado, la situación de las mujeres y niñas es muy preocupante. En el período comprendido entre octubre de 2000 y marzo de 2001, una mujer murió diariamente a causa de la violencia sociopolítica[8] en Colombia: aproximadamente una mujer, cada día en promedio, a causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos; una mujer cada 10 días fue víctima de desaparición forzada; una murió cada 17 días como víctima de homicidios contra personas socialmente marginadas; y cada 25 días, una mujer murió en combate. Este promedio diario significa que, en el período comprendido en este informe, 189 mujeres perdieron la vida por la violencia sociopolítica. De éstas, 182 murieron fuera de combate, es decir, en la calle, en su casa, o en su trabajo, de las cuales 153 lo fueron por ejecución extrajudicial u homicidio político; 18 por desaparición forzada; y 11 por homicidio contra personas socialmente marginadas.

 

Con respecto al período comprendido entre octubre de 1999 y septiembre de 2000, se nota un preocupante aumento de mujeres víctimas de desaparición forzada, pasando de una mujer víctima de este delito cada 14 días a una cada 10 días. Se incrementó también, de manera alarmante, el número de mujeres víctimas de homicidio contra personas socialmente marginadas, pasando de una víctima cada 50 días, a una cada 17 días. El número de mujeres que murieron en combate, disminuyó, de una cada 7 días, a una cada 25 días.

 

Sobre las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en las cuales se conoce el autor genérico, el 87,5% de las muertes de mujeres se atribuyó a agentes estatales: por perpetración directa, el 5,77% (6 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 81,73% (85 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 12,50% de los casos (13 víctimas).

 

Con respecto a las niñas que mueren víctimas de la violencia sociopolítica hay un aumento significativo comparado con el período anterior de un año[9], durante el cual, murieron 15 de ellas; mientras que en el siguiente semestre[10] (la mitad del tiempo), por lo menos, 13 niñas fueron víctimas de violencia sociopolítica. También murieron 13 mujeres jóvenes.

 

2.2. El secuestro como violación del derecho a la libertad[11]

 

Durante el período comprendido entre octubre de 1996 y septiembre de 1999, se produjo un incremento de más del 300% en el número de mujeres víctimas del secuestro, pues de 38 mujeres secuestradas en el año de 1996, se ascendió a 162 en 1999. En total fueron secuestradas 272 mujeres en el período estudiado. Se atribuye a las guerrillas la presunta autoría de 248 del total de los secuestros y a los grupos paramilitares 19 de los secuestros cometidos contra mujeres.

 

 

3. Formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto del conflicto armado

 

Las mujeres y niñas, dentro del contexto de la violencia sociopolítica colombiana, sufren los efectos directos e indirectos de la confrontación y bajo estas circunstancias, han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por razones diversas: por vivir en zonas de conflicto, por tener relaciones afectivas o familiares con algún actor armado, por ser líderes comunitarias, por trabajar a favor de las víctimas, porque son obligadas a albergar o a alimentar a los actores armados, o por otras razones relacionadas con su condición de mujeres. Sin embargo, por la vigencia de una cultura que discrimina y subordina a las mujeres y las niñas, los efectos de la confrontación armada sobre ellas han sido invisibilizados durante mucho tiempo. En el contexto de la violencia sociopolítica se usan, reproducen y profundizan las diversas discriminaciones y exclusiones sociales, especialmente la discriminación con base en la identidad de género.

 

En este aparte se evidencian las múltiples formas de violencia contra las mujeres y niñas en este contexto, abordando los siguientes temas: mujeres y niñas desplazadas, violencia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones, niñas desvinculadas del conflicto armado, violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas.

 

 

3.1. Mujeres y niñas desplazadas[12]

 

3.1.1. Contexto General: Dinámicas del conflicto armado y el terror

 

En el momento actual en Colombia, todos los actores armados entienden el dominio territorial como un juego “suma cero”, en el cual no existe un espacio neutral, no hay espacio disponible para soluciones negociadas. La población civil está atrapada en la lógica paranoica de ‘si no estás conmigo estás contra mí’. Para la población rural empobrecida, la única salida de este caos es escapar a las ciudades. Por tanto, las familias rurales escapan silenciosamente, gotean lentamente hacia las ciudades y buscan refugio, cada una por su cuenta. Con excepción de la ciudad de Turbo, cerca de la costa Atlántica, no hay centros de recepción para población desplazada. Este desplazamiento de tipo individual y disperso es la modalidad dominante en Colombia. Desde los 80s, los flujos de población desplazada han aumentado dramáticamente y sus orígenes geográficos se han extendido de manera alarmante[13].

 

3.1.2. Cifras y modalidades de desplazamiento

 

Se estima que el número total de desplazados en Colombia oscila entre 600.000 y 2 millones de personas, dependiendo de la fuente (gubernamental o no-gubernamental) y del período que se toma en consideración (los últimos 5 años, en el primer caso y los últimos 15 años en el segundo)[14]. El documento CONPES[15] 3057 de noviembre de 1999 estimó que existían en Colombia 400.000 personas desplazadas forzadamente que requerían atención y que desde 1996 anualmente se ha desplazado un número cercano a 25.000 familias (125.000 personas). Si a esta cifra se suma la estimación de la Red de Solidaridad Social (RSS)[16] sobre el desplazamiento, para el año 2000 estaríamos frente a una cifra oficial acumulada de unos 525.000 desplazados con necesidad de atención. Se considera que entre el 30% y el 50% del total de desplazados, se encuentran en las grandes ciudades y sus alrededores, mientras el resto llega mayoritariamente a centros urbanos pequeños.

 

Tanto la Red de Solidaridad Social (RSS), como la Consultoría para el desplazamiento forzado y los derechos humanos - CODHES[17], señalan un crecimiento constante del número de eventos de desplazamiento durante los últimos años, y un aumento en el número de personas desplazadas. Según la RSS, en los seis primeros meses del año 2001 se han desplazado 85.012 personas. Comparándola con el primer trimestre de 2000, se da un crecimiento de 64% en el número de personas y un crecimiento del 118% del número de eventos de desplazamiento[18]. Las estimaciones de CODHES para el año 2000 alcanzan un número total de 315.000 personas desplazadas y para el primer trimestre de 2001 arrojan un total de 91.166 personas desplazadas. Lo anterior supone un aumento de 34.210 personas, un 60 % más que el primer trimestre de 2000.

 

De 60.623 registradas en el Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia “RUT” del Secretariado Nacional de Pastoral Social, 29.683 son mujeres, de ellas, 24.392 son mestizas, 4.666 son afrocolombianas y 625 son indígenas. El 51.59% son niños y niñas. De este número, 16.257 son niños (52%) y 15.015 (48%) niñas.[19]

 

Estas cifras presentan varios problemas: es un acumulado que no permite conocer la proporción de personas que se desplazaron en más de una ocasión (los procesos de desplazamiento-retorno-desplazamiento se presentan con frecuencia entre los desplazados, que finalmente llegan a las grandes ciudades); no existen datos sobre los que regresaron a sus lugares de origen o se reubicaron; la información no aparece necesariamente desagregada por género y aunque se recoja información diferenciada en la fuente, no se procesa de manera que aparezca el impacto diferente en hombres y en mujeres; por ende, el desplazamiento de mujeres solas, o mujeres jefas de hogar, suele ser subregistrado por el temor de ellas de acercarse a las autoridades.

 

Los actores armados usan la violencia o la amenaza de la violencia como una forma de ejercer control sobre el territorio y la población en todo el país. Las causas del desplazamiento en el 2001, según la RSS[20], son: amenazas generalizadas (44%), enfrentamientos armados (15%), masacres (9%), amenazas específicas (5%) y tomas de municipios (3%). Las masacres son los actos de violencia que más población desplazan de una vez (un promedio de 224 personas por masacre). Entre los presuntos autores del desplazamiento se encuentran los grupos paramilitares (entre el 46% y el 63%)[21], los grupos guerrilleros (entre 12 % y 13%), los agentes del estado (0.65%) y agentes desconocidos (entre 19% y 24%).

 

El impacto del desplazamiento en las mujeres, las adolescentes y las niñas en Colombia es significativo. Las estimaciones sobre la proporción de mujeres desplazadas forzadamente en Colombia apuntan a un porcentaje que oscila entre 49% y 58% del total de la población desplazada[22]. La suma de las mujeres, los niños y las niñas se acerca al 74% de la población desplazada colombiana[23] con necesidad de atención específica, que puede llegar hasta un 80% en el caso de la población desplazada asentada en centros urbanos grandes.

 

Para muchas mujeres el desplazamiento implica asumir la jefatura del hogar, dado el elevado número de viudas de la violencia, el desarraigo y los efectos de la fragmentación familiar. En un estudio reciente de población desplazada en Bogotá, se encontró que las mujeres cabeza de hogar eran en un 40% viudas que huyeron con sus hijos tras la muerte violenta de sus maridos y en un 18% habían sido abandonadas después de llegar a la ciudad[24]. Las mujeres que se desplazan en forma dispersa -individual o familiar- (la modalidad dominante en Colombia) se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad que las mujeres que huyen en medio de una colectividad más o menos organizada (como suele presentarse en algunas regiones como el Magdalena Medio y el Urabá).

 

Al igual que en el caso de las mujeres, los datos sobre niñez y desplazamiento son escasos. Según el Sistema de Información y Seguimiento al Desplazamiento -SISDES- en 1998 el 13% de la población infantil desplazada correspondía a menores de 5 años, el 20% está entre 5 y 9 años, el 13% entre 10 y 14 años y el 9% tiene entre 15 y 18 años[25]. UNICEF estima que hay unos 6000 menores, en su mayoría entre los 14 y los 18 años, vinculados a los grupos armados ilegales, muchos de estos jóvenes pertenecen a comunidades de desplazados. En varios estudios, evitar el reclutamiento del hijo o la hija por uno de los grupos armados, aparece como causa relativamente habitual del desplazamiento forzado.

 

No hay encuestas que den cuenta de las necesidades especiales de protección y de asistencia de las mujeres desplazadas, aunque existen estudios de caso o consultas que permiten afirmar que las cifras presentadas están ampliamente superadas por la realidad[26].

 

 

3.1.3. Efectos del desplazamiento sobre el ejercicio de los derechos de las mujeres

 

3.1.3.1. Diferencias de género a lo largo del desplazamiento

 

Entre las víctimas del desplazamiento, las mujeres campesinas tradicionales, en especial las viudas de la violencia, han sufrido una mayor pérdida de su identidad social que los hombres[27]. Sin embargo, son ellas quienes deben asumir la responsabilidad de la supervivencia física de la familia y enfrentar la construcción de una nueva identidad social en un medio urbano desco­nocido y hostil. Los hombres desplazados, por su parte, debido a su mayor movilidad geográfica y su mayor experiencia social y política, han enfrentado con más fuerza las rupturas con el tejido social de su entorno rural. Pero en la fase de reconstrucción de la vida familiar, las oportunidades para hombres y mujeres parecen invertirse: el impacto del desplazamiento se concentra para los hombres en su desempleo, situación que le despoja del papel de proveedor económico. En contraste, las mujeres parecen mejor equipadas para continuar las rutinas de las labores domésticas, tanto en el servicio a otros como en su propio hogar. A pesar de los traumas, la pobreza, la falta de espacio y tiempo para vivir el duelo, se han presentado algunas posibilidades de ampliar sus horizontes y su autonomía.

 

3.1.3.2. Violencia contra las mujeres desplazadas

 

La violencia que antecede al desplazamiento o que acontece durante el desplazamiento se manifiesta también en forma diferente para las mujeres. Si bien es cierto que las víctimas de la violación del derecho a la vida mediante ejecuciones extrajudiciales y masacres son mayoritariamente los hombres, la violencia contra las mujeres y en particular la violencia sexual por parte de actores armados, es práctica habitual en un contexto de degradación del conflicto e irrespeto del derecho internacional humanitario. En algunos casos, estas situaciones acompañan las masacres, o se presentan aisladas como modo de ejercer el terror o la amenaza. Hay dos tipos de situaciones que merece la pena mencionar: la retención o secuestro temporal de mujeres por actores armados con el fin de abusarlas sexualmente y la exigencia de trabajo doméstico sin contraprestación.

 

“Una mañana llegaron los paramilitares a Mapiripán (...) pensábamos que eran militares. Permanecieron todo el día en el pueblo (...). Ellos hacían las cosas delante de la gente. A la fuerza se metían a las casas para que los atendieran, para que les dieran comida y les lavaran la ropa. A las mujeres las manoseaban, les gritaban cosas obscenas y a muchas las violaron y mientras hacían todo esto soltaban grandes risotadas”[28].

 

Otro ángulo de la violencia contra las mujeres desplazadas es la violencia intra-familiar, que se agudiza por efecto del trauma del conflicto y de las condiciones en las que viven los desplazados.

 

“Mi marido nunca me había pegado hasta que llegamos aquí. Las mamás nos desesperamos de ver la dificultad de todo y les pegamos a los pelados” [29].

 

“Aquí toca aguantar hambre, la falta de recursos económicos genera peleas en la casa, los hijos se vuelven agresivos, vivimos en espacios muy pequeños”[30].

 

Las mujeres, las niñas y los niños son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar. La encuesta publicada por PROFAMILIA[31] en agosto de 2001 sobre la situación de las mujeres desplazadas, indica que una de cada dos mujeres entrevistadas ha sido agredida físicamente por su cónyuge y que entre las mujeres embarazadas el 20% fue objeto de violencia física durante el embarazo.

 

De otro lado, los actores armados amenazan y ultrajan a las mujeres por ser solidarias con su esposo o compañero, por defender a sus hijos e hijas del reclutamiento forzoso o por la pareja que eligen.

 

“A mi me cogieron a mi esposo, fueron los paramilitares. Yo fui a pedirles que lo dejaran ir. Estaba embarazada. Me empujaron, me pusieron la culata del arma en la barriga y me empujaron. Me decían otra vez viene esa hijueputa perra. Uno de ellos dijo: “dispárale a esa hijueputa tan atrevida”. Luego soltaron a mi marido, pero siempre vivíamos con angustia, con miedo, por eso nos fuimos, ahora estamos desplazados” [32].

 

“Ellos habían dicho que mi niña, que tiene 15 años, ya estaba en condiciones de ingresar al movimiento. La invitaban a reuniones para hablar de la lucha armada y le decían que se preparara. En las noches ella me decía que no quería irse y que le daba mucho miedo llevarles la contraria. Entonces, decidimos que era mejor salir de allá para evitar que la niña terminara en la guerrilla. Por eso dejamos todo y nos vinimos apoyándonos en un tío de la niña que vive en Bogotá”[33].

 

“Llegaron los Paramilitares a la finca bananera “Agropecuaria Yerbazal” (Urabá, Antioquia), recogieron a todos los que estaban trabajando y preguntaron que quien había sido sindicalista. Dijeron que tenían que hablar con ellos. A las dos de la mañana apareció un amigo de mi esposo trabajador de la misma finca diciendo que mi esposo estaba en una lista y que los paramilitares lo iban a matar. Yo nunca participé en este conflicto. Yo fui victimizada. No participé en esa guerra. (...) Decidí venirme para Cartagena porque los paramilitares me tocaban todas las noches en la puerta a ver si mi esposo estaba. Ahí empieza nuestro mar de lágrimas. Yo no me quería venir para Cartagena, porque sabía que aquí íbamos a pasar muchos sufrimientos”[34].

 

Este tipo de amenazas permanece invisible, porque en muchas ocasiones no se denuncia. Muchas veces las mujeres se exponen a las amenazas por ser ellas quienes asumen el papel de denuncia o de mediación ante la desaparición o muerte de sus familiares.

 

3.1.3.3. Documentación personal

 

Las mujeres, en especial las mujeres del ámbito rural, no acceden fácilmente ni a la documentación personal ni al registro[35]. Como consecuencia, tienen mayores dificultades para obtener la propiedad de la tierra, el crédito, la vivienda y los servicios de educación y salud. Este problema es aún más agudo en el caso de las mujeres indígenas y afro-descendientes debido a barreras culturales que ahondan la brecha de la inequidad. Además, el abandono familiar y el no reconocimiento de la paternidad es un problema habitual para el registro de los hijos y el derecho al nombre de los niños y niñas desplazados.

 

3.1.3.4. Libertad de circulación

 

La seguridad de la población desplazada se ve gravemente afectada por las restricciones a la libertad de movimiento que imponen los actores armados. Las mujeres suelen ser las encargadas de movilizarse para conseguir los bienes de supervivencia familiar, porque se cree que están menos expuestas a ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones. Sin embargo, esta tarea las expone a maltratos y a chantajes.

 

“Los paramilitares habían cercado el pueblo, yo les dije que tenía que visitar a mi mamá que estaba muy enferma. Ellos me dijeron que para poder salir tenía que dejarles a uno de mis hijos o las llaves de la casa, como garantía de que iba a regresar. Yo les dejé las llaves sabiendo que lo iba a perder todo. Pero como no regresé me quemaron la casa”[36].

 

3.1.3.5. Derechos económicos y sociales

 

Salud. En el caso de las mujeres desplazadas los servicios de salud no son integrales, tienden a concentrarse en la función reproductiva de las mujeres y desconocen normalmente las necesidades de atención psicosocial de la población desplazada. Esta atención psicosocial es especialmente necesaria en el caso de las mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales o de torturas o tratos inhumanos o degradantes. A la escasa atención en salud de las mujeres, se agrega, en muchos casos, el que ellas priorizan a sus hijos o a su esposo para la atención en salud, o para la compra de medicinas.

 

Salud sexual y reproductiva. Las mujeres marginadas, víctimas del desplazamiento y provenientes de las zonas rurales son las que más hijos tienen[37]. Actualmente el promedio de hijos vivos que tuvieron las mujeres desplazadas que hoy tienen entre 40 y 49 años de edad, es de 5.3 hijos, la cifra es la más alta de todo el país. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 2000, en el período 1997-2000, la tasa de fecundidad urbana descendió de 2.7 a 2.3 y la rural, de 4.5 a 3.8. Es preocupante también el incremento de las enfermedades de transmisión sexual, como resultado del hacinamiento de los asentamientos y del abuso sexual que sufren las jóvenes desplazadas. Estas enfermedades no reciben normalmente tratamiento adecuado, ni seguimiento médico.

 

Seguridad alimentaria. En los estudios de caso sobre la seguridad alimentaria de los desplazados, realizados por Plan Mundial de Alimentación - PMA, CODHES y Swiss Aid, se apunta la existencia de una severa deficiencia nutricional entre los desplazados. El PMA, en mayo de 2001, pudo constatar que en los hogares desplazados se está produciendo una pérdida del consumo kilo calórico, y un deterioro en la calidad de la dieta familiar[38]. El estudio arrojó un promedio de consumo de 1.755 calorías/día para las familias con cabeza de hogar femenina, y en el caso de las familias asentadas en áreas urbanas de 1.694 calorías/día lo que les sitúa por debajo del promedio de 2.100 calorías/día recomendado para planificar asistencia alimentaria en las situaciones de emergencia. La insuficiencia alimentaria es aún más preocupante entre los 4 y 24 meses posteriores al desplazamiento, debido a la suspensión de la asistencia humanitaria y los costos elevados del agua, el combustible y el alimento. La estabilización socioeconómica de la población desplazada se posterga generalmente hasta el segundo año de su desplazamiento.

 

Educación. El derecho de la población desplazada a la educación gratuita se incumple en muchas ocasiones[39], lo que lleva a los desplazados a retirar a sus hijas e hijos de las escuelas por el alto costo de la educación (matrículas,  uniformes, libros, materiales y otros gastos). A esto se suma que muchos centros educativos negaron la inscripción escolar a los desplazados. Se ha podido comprobar que, en las grandes ciudades, faltan cupos escolares para los niños y niñas desplazados. Como consecuencia, las tasas de escolarización de los desplazados son muy bajas[40]. A esta situación se añade el hecho de que existen altos índices de trabajo infantil[41]. En el caso de las niñas esta situación es más grave, porque a las barreras culturales, se suma el hecho de que son las niñas las responsables del cuidado de los hermanos y de la casa cuando salen sus padres a trabajar. A esto se agrega que la cobertura educativa en áreas rurales está siendo fuertemente afectada por el conflicto, ya que los maestros no quieren llegar a determinadas zonas o se marchan por amenazas.

 

Es frecuente el analfabetismo funcional en las mujeres adultas desplazadas de origen rural, pero no existen programas de alfabetización orientados a la adaptación al medio urbano. En el caso de las mujeres que llegan a las grandes ciudades, aunque cuenten con escolaridad básica primaria o secundaria incompleta, no acceden a empleos que les reporten más del ingreso mínimo legal vigente (280.000 pesos mensuales equivalente a 120 USD).

 

Asistencia Humanitaria. La entrega de ayuda alimentaria de emergencia es la necesidad de los desplazados mejor atendida, fundamentalmente en los casos de desplazamientos masivos. En el caso de los desplazamientos individuales La RSS entrega (por sí misma o a través de ONG operadoras) la asistencia humanitaria de emergencia. En el caso de los desplazamientos masivos, existe un acuerdo de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR - , a efectos de que se complemente la atención estatal. A excepción de algunos programas, el tipo de asistencia humanitaria de emergencia que se entrega es estándar, desconoce las necesidades específicas de grupos de población que se diferencian en edad, sexo, región o cultura y se centra fundamentalmente en la ayuda alimentaria.

 

Muchas veces, las mujeres desplazadas se ven obligadas a retirarse de los programas de asistencia por falta de tiempo, dado que son ellas las responsables de la supervivencia de sus hijos. Esto se ilustra con el relato de una mujer afrocolombiana, desplazada de la costa Pacífica:

 

"Mire, cuando yo iba a la Cruz Roja me decían siempre 'venga mañana...' y de esta manera me tenían yendo durante toda una semana y, usted sabe, cada día que pierdo en eso, que no trabajo, ese día mis niños no tienen de comer..."[42].

 

Se observa que la atención en salud reproductiva no está incluida en los planes de asistencia humanitaria y no se identifican necesidades especificas de las mujeres a través de entrevistas reservadas y orientadas a este grupo. En cuanto a los niños y niñas, no se identifican necesidades en lo relativo a una atención con enfoque psicosocial, ni se considera normalmente la educación como una prioridad en la asistencia humanitaria de emergencia.

 

Estabilización socioeconómica: reintegración, retorno y reubicación. En cuanto al principio de voluntariedad en el retorno, se dan situaciones en donde las condiciones de falta de seguridad y dignidad de los desplazados en las áreas de asentamiento provocan retornos en condiciones mínimas de seguridad. Para las mujeres existen, en ocasiones, presiones de dos tipos sobre su decisión de retornar o no: las externas y las de la comunidad o del esposo o compañero. En lo que se refiere a la oferta de programas para el retorno, la reubicación o la integración socioeconómica, no existen, en general, programas que atiendan las necesidades de las mujeres. Esta situación es aún más seria, tomando en cuenta la posición de desventaja de las mujeres por razones históricas y culturales y las limitaciones que existen para el ejercicio de sus derechos, como se refleja en los puntos anteriores.

 

Se ha podido constatar la escasez de programas que sirvan de puente entre la situación de emergencia y la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo para la población desplazada. Mientras que muchos proyectos de estabilización socio-económica tienden a apoyar el retorno de comunidades a su lugar de origen, existen muy pocas iniciativas en el ámbito urbano que tiendan a lograr la integración de los grupos de desplazados. Esta situación contrasta con la ausencia de posibilidades de retorno y reubicación para la inmensa mayoría. La participación de las municipalidades en la búsqueda de soluciones para la inserción de los desplazados es particularmente escasa. Los equipos municipales consideran que habilitar programas de atención al desplazamiento puede atraer desplazados a su municipio.

 

Los programas para el retorno, la reubicación o la integración socioeconómica no contemplan, en general, proyectos que atiendan las necesidades específicas de las mujeres. Aún más grave es el caso de las jóvenes adolescentes para quienes no existen programas de formación ni de empleo. Además, se ha podido constatar el escaso seguimiento y evaluación del impacto de los proyectos, lo que impide tener datos diferenciados y confiables sobre el alcance real de las iniciativas en marcha a favor de la población desplazada.

 

Acceso a la tierra. La mayoría de la población desplazada es de vocación netamente agrícola y la tierra es la base de su sustento y organización, sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas o afrocolombianas. En cuanto a la protección del territorio de los grupos étnicos, por ejemplo, las Comunidades de Paz del Atrato en la región de Urabá y las de Cacarica (Chocó), ya tienen sus títulos de propiedad colectiva. Sin embargo, en ambos casos, se ha podido comprobar que no fueron adecuadamente asegurados los derechos de acceso a la tierra de las mujeres. Una de las características específicas de estas poblaciones es que normalmente tienen una alta rotación de las parejas; si el derecho a la explotación de la tierra colectiva se registra o asigna sólo a nombre del varón, la mujer y sus hijos quedan en una situación de absoluta precariedad con relación a la tierra cuando se produce el abandono o la separación de la pareja.

 

 

3.1.4. Las mujeres desplazadas en la legislación y las políticas oficiales de atención[43]

 

Cabe resaltar que la Ley 387 de 1997, conforme a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng), plantea brindar atención especial a las mujeres, niños y niñas, preferencialmente a las viudas, mujeres de cabeza de familia y huérfanos (Art. 10). En relación a la consolidación y estabilización socioeconómica, se establece “el acceso directo de la población desplazada a la oferta social del Gobierno, en particular a los programas relacionados con atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad” (Artículo 17).

 

El Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado (Documento CONPES 3057/99), incluye medidas para la atención humanitaria que tengan en cuenta criterios de edad, género, discapacidad y grupos étnicos. En el documento Proyectos para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado - Plan Colombia - (marzo 2000) y en general en los documentos de política y programación de la RSS, se plantea abordar el diseño y ejecución de las acciones desde un “enfoque poblacional y territorial” coherente y consistente con la heterogeneidad social y territorial del fenómeno del desplazamiento forzado. Dentro del “enfoque poblacional” no se explicitan los conceptos de género ni etnia, con lo cual se presenta un vacío entre lo establecido en la política y los desarrollos programáticos de la misma. Adicionalmente, aunque en algunos documentos de política se incluya la atención diferenciada por género, edad y etnia, en los programas y proyectos se prioriza como unidad de atención a la familia, lo cual plantea obstáculos en el caso de las mujeres desplazadas para acceder en forma autónoma a la oferta de servicios estatales.

 

 

3.1.5. Refugio y violencia contra la Mujer[44]

 

El conflicto armado en Colombia asume dinámicas de expansión territorial en desarrollo de lógicas de control estratégico y geopolítico que imponen a las fronteras como nuevos escenarios de tensiones y confrontación en los que se hace más grave la crisis humanitaria y social en Colombia. Las zonas de frontera hacen parte de esa dinámica toda vez que la aplicación del Plan Colombia, el incremento de la presencia y acción de grupos paramilitares, los paros armados y otras formas de presión de las guerrillas, han agudizado el conflicto y agravado su degradación, porque la población civil está en la mira de estos grupos combatientes que siguen desconociendo las normas humanitarias que regulan los conflictos armados de carácter no internacional.

 

Las colombianas refugiadas y/o solicitantes de refugio en la región andina y Panamá constituyen, junto con los niños y niñas, aproximadamente el 65% de la población que huye del conflicto armado interno colombiano hacia las fronteras (14.218 personas, estimado de movimientos transfronterizos a septiembre de 2001). Las condiciones de vulnerabilidad de las colombianas refugiadas aumentan porque enfrentan situaciones en calidad de madres cabeza de familia, viudas, huérfanas y afectadas por la estigmatización como supuestas colaboradoras de las partes en conflicto, porque hay un incremento de la violencia sexual por la militarización y por el deterioro de las relaciones familiares y la consecuente violencia intrafamiliar. También incide en esta vulnerabilidad el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional de los países vecinos y las medidas que restringen el otorgamiento del status de refugiado a los y las solicitantes.

 

 

3.2. Violencia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones[45]

 

La participación social y política de las mujeres en condiciones de igualdad ha sido reconocida como una "condición para que se tengan en cuenta sus intereses y un requisito para la democracia, el desarrollo, y la paz”[46]. La persistencia de prácticas culturales y políticas que refuerzan y reproducen posiciones de poder que excluyen y subordinan a las mujeres ha sido un obstáculo estructural que limita este derecho reconocido explícitamente en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales.

 

No obstante esta situación, las mujeres han desarrollado formas de participación social y política propias, en torno a procesos comunitarios que buscan mejorar las condiciones socioeconómicas, así como las relaciones y la cohesión social de sus comunidades; en muchas ocasiones, esto implica la extensión de sus roles domésticos en los que la preocupación por el bienestar de los más cercanos guía su quehacer. En procesos locales, en los cuales la autogestión ha sido fundamental para el desarrollo socioeconómico de las comunidades, esta forma de hacer política conlleva relaciones de solidaridad y confianza, que poco a poco se valoran como una alternativa política ante el desencanto de las prácticas tradicionales en las cuales los hombres han sido los actores mayoritarios. Estas formas de participación femenina, que han sido invisibles por mucho tiempo en Colombia, se han convertido en actividades de riesgo, exponiendo a las mujeres a múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados.

 

La violencia contra las mujeres, como consecuencia de sus actividades políticas y sociales, no solamente ha causado la pérdida de vidas humanas; también está rompiendo procesos sociales y de empoderamiento femenino que han requerido tiempo, recursos humanos y sociales en los espacios públicos y privados y ha obligado a las organizaciones de mujeres a desarrollar e incorporar nuevas actividades para las cuales no tienen recursos (técnicos y económicos).

 

La frecuencia e incremento de las agresiones dirigidas contra organizaciones sociales y de mujeres por parte de los actores armados, es una de las infracciones mas frecuentes al derecho internacional humanitario y hace parte de la llamada guerra sucia que “(…) comprende aquellos juegos de estrategias y tácticas que usan el terror de la guerra y los abusos a los derechos humanos simultáneamente contra combatientes y no combatientes"[47]. Sus efectos en la participación femenina son múltiples, simultáneos y desproporcionados, profundizan la discriminación y la violencia contra las mujeres, retroceden procesos sociales y obstaculizan la construcción de la paz. Por estas razones es urgente hacerlos visibles y atenderlos adecuadamente para que se garantice así el derecho de las mujeres a ejercer su ciudadanía libre de violencia y en condiciones de igualdad.

 

La información presentada en este aparte, su análisis y los testimonios citados textualmente,  tienen como fuente principal dos organizaciones:

 

- La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia-ANMUCIC, desarrolla proyectos en 27 departamentos del país, en los cuales participan aproximadamente 90.000 mujeres campesinas, indígenas y afro-colombianas. Esta organización promueve, gestiona y desarrolla proyectos sociales y económicos, ofrece capacitación en derechos humanos, salud y reforma agraria y presta atención humanitaria de emergencia a familias desplazadas. Con su gestión, ha logrado metas muy importantes, como obtener el reconocimiento de las necesidades de las mujeres en la ley de reforma agraria. Los proyectos de ANMUCIC están siempre coordinados con entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

 

- La Organización Femenina Popular-OFP[48], localizada en la región del Magdalena Medio Colombiano, desarrolla proyectos orientados a la defensa de los derechos de las mujeres populares, en las áreas de salud integral de la mujer, economía solidaria, movimiento juvenil, formación y educación, centro de documentación, programa de atención a mujeres desplazadas y sus familias (salud física y psicosocial, sostenibilidad alimentaria, atención de emergencia). El trabajo se desarrolla en espacios físicos dentro de las comunidades populares, conocidos como Casas de la Mujer. En la actualidad la OFP cuenta con nueve Casas de la Mujer en ocho municipios de la región del Magdalena Medio y una en Bogotá[49].

 

 

3.2.1. Violencia directa contra las mujeres y sus familias

 

La condición de discriminación y subordinación de las mujeres es un elemento fundamental que explica el tipo de agresiones de las que son víctimas en el contexto del conflicto armado, en el cual se desarrollan dinámicas y se fortalecen simbologías y prácticas orientadas a disputar o conservar el poder.

 

La violencia[50] con base en la identidad de género reproduce prácticas discriminatorias que en situaciones de conflicto armado ratifican el poder de los hombres sobre las mujeres y el poder de las armas sobre la población civil, e interactúan simultáneamente con otras formas de discriminación basadas en identidades étnicas y en diferencias sociales. Las mujeres víctimas de la violencia lo son por ser mujeres y/o por desarrollar actividades sociales y políticas que son vistas por los actores armados como obstáculos para el desarrollo de sus proyectos militares.

 

3.2.1.1. Violaciones al derecho a la vida

 

La violación al derecho a la vida es uno de los efectos más dramáticos sobre las mujeres, sus organizaciones y la sociedad colombiana. Como consecuencia de ejecuciones extra judiciales y homicidios políticos de mujeres, no sólo se pierden vidas invaluables sino que además se destruyen familias y se limitan los procesos organizativos que, en el caso de las mujeres, ha costado tanto consolidar. "En la mayoría de los casos de violaciones al derecho a la vida, se desconoce la actividad que desempeñaba la víctima. En cuanto a las mujeres cuya actividad se conocía, 27 de ellas eran funcionarias públicas, tres sindicalistas, cuatro defensoras de derechos humanos, 14 educadoras, dos miembros de partidos políticos, dos reinsertadas[51] y 20 eran activistas sociales"[52]. El desconocimiento de las actividades que desarrollaban las víctimas de las violaciones al derecho a la vida oculta el costo social y político de estas acciones militares, que afectan mayoritariamente a las mujeres de los grupos socialmente marginados: indígenas, afro-colombianas, campesinas y mujeres de los sectores populares.

 

La Asociación Nacional de mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia-ANMUCIC ha sido víctima de estos ataques; desde 1995 hasta la fecha, treinta mujeres de la organización han sido asesinadas por los actores armados, en su afán por debilitar el liderazgo femenino.

 

"El 21 de julio del 2000, fue asesinada en San Juan de Arama (Meta) Marleny Rincón, Presidenta Departamental de ANMUCIC. El crimen fue perpetrado por un grupo de hombres, presuntamente paramilitares, quienes acusaron a Marleny y a su esposo de colaboradores de la guerrilla".

 

"Marta Cecilia Hernández, líder de ANMUCIC en el Zulia (Norte de Santander) desde 1991, fundadora de una granja comunitaria, fue asesinada el 19 de agosto del año 2000, presuntamente por paramilitares. Marta era candidata al Concejo municipal ese año, los paramilitares la habían amenazado para obligarla a renunciar a la candidatura, pero ella se negó. El 19 de agosto fueron ocho hombres fuertemente armados y vestidos de civil a su casa en un vehículo y la obligaron a ella y a su esposo a irse con ellos. Marta y su esposo fueron encontrados muertos en el basurero. La granja que ella fundó está actualmente en manos de un grupo paramilitar".

 

Los hijos, hijas y compañeros o esposos de las mujeres, en ocasiones y cada vez con más frecuencia, son víctimas de violaciones al derecho a la vida como consecuencia de la participación social y política de las mujeres.

 

"Martha Cecilia Olaya, líder del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Valle –SINTRAGRICOVAL - se vio forzada a desplazarse luego de recibir amenazas de grupos presuntamente paramilitares y de que su hija de trece años fuera asesinada presuntamente por el ejército el 21 de diciembre de 1999 en el Alto del Rosario (Valle)".

 

3.2.1.2. Amenazas y violencia psicológica

 

Las organizaciones de mujeres, especialmente las que actúan en zonas de confrontación armada, son objeto de una acción sistemática de amedrentamiento que afecta directamente tanto a sus integrantes, como al trabajo comunitario que desarrollan. Los actores armados, en su afán de controlar social y políticamente territorios en disputa, encuentran en las organizaciones femeninas un obstáculo no muy visible, pero sí muy arraigado en las comunidades, el cual tratan de utilizar a su favor o de destruir si las mujeres no acceden a sus requerimientos.

 

Los actores armados enfrentan este “obstáculo” de formas muy diversas. Pero la sola existencia de las organizaciones de mujeres es una amenaza y una transgresión del “deber ser” y como tal es tratada. Las organizaciones de mujeres que no se subordinan a los intereses de los grupos armados se ven forzadas a continuar sus actividades en condiciones permanentes de inseguridad y cada vez con más frecuencia son forzadas a abandonar o transformar sus procesos organizativos.

 

"Las asociaciones departamentales de ANMUCIC con frecuencia deben informar a los actores armados sobre las actividades que desarrollan; en el Valle y Norte de Santander se les ha prohibido continuar con sus actividades".

 

“Desde el 27 de enero del 2001 las mujeres del equipo coordinador de la Organización Femenina Popular vienen recibiendo constantes amenazas y hostigamientos de los grupos paramilitares que tienen presencia en Barrancabermeja (Santander). Esta situación, que ha sido ampliamente conocida por la comunidad internacional y nacional, se ha mantenido: "Febrero 9 de 2.001. Esta mañana, a las 9:15 a.m., las mujeres, hombres y niños que se encontraban realizando las labores cotidianas en la sede de la Casa de la Mujer en el barrio Prado Campestre, en el sector sur-oriental de la ciudad, fueron amenazados por dos hombres que se identificaron como miembros de las autodefensas. Los paramilitares, vestidos de civil y portando armas cortas, violaron el principio de civilidad y autonomía de la OFP al ingresar a la sede y arrebatar los teléfonos celulares de una de las coordinadoras de la sede de la OFP y el de un voluntario de Brigadas Internacionales de Paz a quien le arrebataron su pasaporte. Los delincuentes, al retirarse, amenazaron a todos los presentes declarando que "desde este momento ustedes [la OFP] son objetivo militar de las autodefensas"[53].

 

3.2.1.3. Desplazamientos forzados

 

El desplazamiento forzado, del cual son víctimas miles de familias en Colombia, también afecta a las organizaciones femeninas. Pero por las condiciones en que se produce, esta afectación no es visible. En las estadísticas y caracterización social de la población desplazada en el ámbito nacional, no es posible saber cuántas de las mujeres desplazadas fueron víctimas de esta infracción al derecho internacional humanitario por su pertenencia a una organización.

 

Tampoco es fácil obtener esta información, porque las líderes sociales que son desplazadas, buscan el anonimato por temor a ser ubicadas.

 

"Cuando en 1999, María Emma Prada, la entonces presidenta nacional de ANMUCIC, recibió la notificación por parte de los grupos paramilitares que actúan en la región del Catatumbo (Norte de Santander) de abandonar su finca, buscó refugio en el Amazonas, en un sitio bastante distante de su lugar de residencia, sin mayores problemas de orden público. Ella pensó que allí podría continuar trabajando con las mujeres y vivir tranquila. No fue así, también la ubicaron en el Amazonas y por eso decidió buscar refugio en otro país".

 

El desplazamiento afecta desproporcionadamente a las mujeres y particularmente a las mujeres de organizaciones sociales, que deben enfrentar no sólo rupturas familiares y condiciones extremas de pobreza; para estas mujeres el desplazamiento trae además la pérdida de procesos sociales y políticos en los cuales han invertido muchos años y que son un referente fundamental en su quehacer social y en su proyecto de vida.

 

En los últimos cinco años 6.300 mujeres de ANMUCIC han sido desplazadas en 18 departamentos.

 

"Teresa Díaz, presidenta departamental de ANMUCIC y concejal en Zulia (Norte de Santander) recibió amenazas de grupos paramilitares para que abandonara sus actividades comunitarias y políticas. En 1997 debió abandonar la región y buscar refugio en otra ciudad, cuando una mujer de la organización fue asesinada en un sitio al cual Teresa debía llegar".

 

 

3.2.2. Efectos de la violencia en las organizaciones de mujeres

 

Las frecuentes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados dejan graves consecuencias en las organizaciones de mujeres, limitan la participación femenina y refuerzan la discriminación y exclusión social y política de las mujeres. “Algunas de las más peligrosas formas de violencia son las menos visibles. La violencia física producida por la violencia sociopolítica es asombrosa. ¿Pero qué pasa cuando consideramos la destrucción de la identidad, la comunidad, la sociedad y la cultura que acompaña a la violencia física? Los objetivos comunes de la guerra sucia buscan específicamente desestabilizar tanto a las personas (generalmente el oponente) como a los procesos políticos (que tratan de resistir). La violencia se ramifica social, política, económica y culturalmente y permea no solamente lo militar, también afecta toda la vida civil" [54].

 

De los múltiples los efectos de la violencia sociopolítica en las organizaciones, los más evidentes son:

 

3.2.2.1. Pérdida de procesos organizativos

 

Como una medida de protección para sus vidas algunas dirigentes abandonan sus actividades comunitarias y políticas, renunciando así a los espacios públicos ganados y refugiándose en los espacios privados que les han sido socialmente asignados.

 

”ANMUCIC ha sido forzada a abandonar sus actividades en cuatro departamentos”.

 

En la OFP ”Dos integrantes del equipo coordinador han renunciado a su vinculación laboral por temor ante las amenazas”[55].

 

“Ha habido una disminución visible de la base social de la OFP y de su participación en los distintos espacios o programas, especialmente durante los primeros 7 meses de estas agresiones. Aunque en estos dos últimos meses ha habido un aumento de esta participación, hasta el punto de parecer volver a la normalidad, desde el equipo coordinador somos conscientes que cualquier acto mayormente agresivo puede provocar mayores temores en las mujeres y llegar incluso a acabar con la Organización construida con tanto esfuerzo durante 29 años"[56].

 

3.2.2.2. Disminución de reuniones y actividades

 

La presión de los grupos armados y el control social que ejercen a través de la intimidación y las amenazas, ha obligado a las mujeres a buscar alternativas de sobrevivencia sin renunciar a la participación como un derecho. Mantener los procesos organizativos en estas condiciones implica no sólo transformar las actividades, también implica un cambio en la cotidianidad de las mujeres y sus organizaciones.

 

La disminución de reuniones y la ejecución de proyectos que no generen inquietudes a los actores armados, son algunas de las estrategias que ANMUCIC ha desarrollado para mantener la organización y garantizar niveles básicos de protección a las mujeres. Estas estrategias han tenido como resultado la disminución de la participación en espacios de elección popular, de concertación de las políticas públicas (en las regiones), con lo cual se ha perdido la participación en espacios de toma de decisiones y por lo tanto la exclusión de las necesidades particulares de las mujeres en los planes y programas de desarrollo.

 

La OFP se ha rodeado de la solidaridad internacional y nacional como un mecanismo de protección a la vida de las mujeres de la organización, sin embargo las amenazas permanentes afectan sus actividades en los espacios públicos y privados.

 

"En diferentes momentos hemos sentido el temor de parte de algunos estamentos y espacios en Barrancabermeja, por lo cuál nos hemos visto enfrentadas a múltiples problemáticas simultáneamente: la supervivencia de la Organización y sus integrantes; el mantenimiento de la confianza por parte de las comunidades; el tener que ir desmoronando con nuestro trabajo y nuestra práctica, todo el entramado de estigmatización y señalamiento que pretende imponer sobre nuestro buen nombre este actor armado y por otro lado, crear, inventar diferentes estrategias de trabajo que nos permitan continuar con la dinámica que la OFP ha mantenido en sus 29 años de existencia. Nos hemos visto obligadas a poner en práctica recomendaciones y estrategias de protección en nuestra vida diaria"[57].

"Sentimos en estos momentos, que se nos ha acabado el derecho de toda persona a vivir su vida como lo desea, (espacios de recreación, salidas familiares, compartir con vecinas(os), amigos(as), etc). Todas las integrantes del equipo coordinador nos hemos visto obligadas a renunciar a estos espacios. Tenemos que acompañarnos diariamente de Brigadas Internacionales de Paz"[58].

 

Pérdida de autonomía frente a los actores armados

 

"La participación es un derecho fundamental de las personas, de incidir en las decisiones que las afectan y de acceder a la conformación, ejercicio y control del poder político, de conformidad con su identidad de género, étnica, cultural, su pertenencia organizativa o su ideología"[59]. La participación de las mujeres y el fortalecimiento de sus organizaciones es un requisito para transformar las condiciones de inequidad y exclusión social en todas las sociedades y así fue planteado en la Cuarta Conferencia Mundial de la mujer (Beijing): "La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz".

 

En las actuales circunstancias, el derecho a la participación de las mujeres colombianas, especialmente de las mujeres rurales y de sectores populares, está siendo vulnerado por los actores armados, quienes buscan cooptar, usar y/o controlar para su beneficio los procesos comunitarios y políticos que han desarrollado las mujeres. Cada vez es más frecuente su injerencia en estos procesos a través de solicitud de informes o definiendo ellos las actividades que son permitidas para las mujeres y sus organizaciones y las que no lo son.

 

"En el departamento de Cundinamarca la presidenta de ANMUCIC se vio forzada a abandonar sus actividades en un municipio porque se negó a rendir informes a un grupo armado (no identificado) que ante su negativa inicio una campaña de desprestigio de la líder."

 

Para la OFP, resistir este control militar ha tenido efectos en la organización.

 

 "Aunque las mujeres los (as) jóvenes y demás personas vinculadas en los programas, saben que este accionar paramilitar pretende desarticular a la Organización, romper nuestra autonomía y ponernos al servicio de su proyecto, vinculándonos como parte de la guerra, igualmente han defendido cada vez que ha sido posible el buen nombre de la organización y sus integrantes. Sin embargo, ha habido una disminución visible de la base social de la OFP y de su participación en los distintos espacios o programas"[60].

 

3.2.2.4. Transformación de actividades e incorporación de nuevas

 

Hacer frente a las múltiples violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario supone para las organizaciones de mujeres desarrollar nuevas acciones y estrategias que garanticen su supervivencia y la de sus organizaciones. Esta responsabilidad social que han asumido las mujeres les implica no solo riesgos para su vida, las enfrenta también a problemáticas para las que no estaban preparadas. La atención de lideres y sus familias desplazadas, la atención de hijos e hijas de lideres asesinadas les generan nuevas responsabilidades, suplantando en la mayoría de los casos la responsabilidad estatal.

 

Las mujeres desplazadas por razón de su actividad política, no acceden a la oferta institucional porque para ello deben registrar su caso, lo cual les hace temer por su seguridad personal; en estas circunstancias, la responsabilidad de su sobrevivencia y la de sus familias, recae en las organizaciones, que no cuentan con recursos para atender esta problemática. Lo paradójico de esta situación es que, mientras para la mayoría de las mujeres desplazadas su poca experiencia organizativa se ha identificado como un obstáculo para su participación en la oferta institucional, en el caso de las mujeres desplazadas por su actividad política, precisamente esa experiencia les limita concertar su acceso a la oferta institucional.

 

En el caso de ANMUCIC la atención humanitaria es una nueva actividad que se está desarrollando sin recursos y en un principio de manera espontánea. A raíz de esta actividad solidaria, inicialmente con las mujeres de ANMUCIC desplazadas, otras mujeres rurales de organizaciones mixtas han buscado apoyo de ANMUCIC. La nueva actividad de atención humanitaria ha hecho más vulnerable a la organización; en este año, la sede nacional - a donde llegan las mujeres desplazadas - ha sido objeto de hostigamiento a través de llamadas telefónicas, presencia de carros sospechosos en sus alrededores, etc. Por esta razón la presidenta nacional debió cambiar de residencia y tramitar una solicitud[61] de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. Tales medidas fueron decretadas por la CIDH, sin embargo no han sido cumplidas por el Estado Colombiano.

 

 

3.3. Niñas desvinculadas[62] del conflicto armado[63]

 

Pese a la creciente preocupación por la situación de derechos humanos de la infancia y a la existencia de un marco legislativo y de unos instrumentos jurídicos que protegen estos derechos, el Estado colombiano todavía está lejos de garantizar los derechos de la niñez y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente los que protegen los derechos de la infancia.

 

El fortalecimiento de la estrategia militar de los actores armados en conflicto, ha generado en los últimos años un incremento en el número de combatientes, tanto en las guerrillas, como en los grupos paramilitares. Dentro de esta lógica de escalamiento militar a cualquier costo, los niños y niñas pertenecientes a sectores campesinos[64] y urbanos deprimidos económicamente, se convierten en presa fácil del reclutamiento[65]. A esto se añade la presión de las pandillas urbanas sobre niñas y niños de los barrios populares. Se calcula[66] que, solo en Medellín, hay entre 9 y 10.000 niños y niñas que forman parte de las pandillas.

 

No existen cifras exactas sobre el número y proporción de niñas y niños vinculados a los diferentes grupos armados. Algunas fuentes estiman que unos 6000 niños/as[67] participan en las filas de alguno de los actores armados.

 

Un número creciente de niñas y mujeres jóvenes ingresan de manera voluntaria o forzada en alguno de los grupos armados o cumplen funciones de apoyo a los mismos. Es difícil establecer claramente la diferencia entre el reclutamiento forzado y reclutamiento voluntario, puesto que en general, los reclutamientos de menores son obligados por las circunstancias de pobreza, violencia intrafamiliar, exclusión, desintegración social y familiar, por la insuficiencia y baja calidad de los servicios de salud, educación y la falta de alternativas de empleo para las jóvenes, dentro de los parámetros establecidos por la OIT y la legislación laboral colombiana[68].

 

“Human Rights Watch entrevistó a una niña de 13 años, "Carmen," que estaba viviendo en casa de su prima cuando dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular - FARC-EP - la reclutaron. Le dijeron que tendría una buena vida si se les unía. Su vida familiar era inestable y su relación con su madre era mala. Carmen decidió alistarse. Carmen dijo a Human Rights Watch que de los, aproximadamente, 130 miembros de su unidad, unos 14 eran menores de 15 años y al menos la mitad eran menores de 18 años”[69].

 

En este contexto los grupos armados se presentan, en muchas ocasiones, como la única posibilidad económica para ellas y sus familias.

 

 

3.3.1. Posibles causas de la vinculación de las niñas a los grupos armados

 

La presencia histórica de actores armados en algunas zonas del país influye para que la decisión de la vinculación de las niñas se logre con mayor facilidad. A esto se agrega que la cultura patriarcal vigente incide para que ellas se sientan atraídas por el uniforme, el arma y el poder que estos representan.

 

“Yo quería entrar a la guerrilla porque me gustaban los uniformes, me gustaban las armas, me gustaba mucho poder coger un arma. A mí me gustaban las armas porque uno con las armas parecía que tenía el poder, uno se creía muy orgulloso de tener un arma. Quería tener ese poder para sentirme algo en la vida”[70].

 

“Una muchacha guerrillera iba a la casa de nosotros, ellos se hicieron amigos con mi papá y mi mamá, yo me apegué mucho a ella y ella me cargaba, me hacía muchas cosas, me hacía juegos, entonces yo me quería ir con ella cuando era pequeña”[71].

 

El ingreso a los grupos armados puede verse como una huida o como la búsqueda de alternativas a la situación de maltrato, abuso sexual, el recargo en las tareas domésticas y violencia a la cual se ven sometidas en sus propias familias. Con frecuencia, las niñas se vinculan pensando que en el grupo armado van a ser tratadas y reconocidas como iguales y en las mismas condiciones que los hombres. Buscan con ello superar la marcada exclusión y desconocimiento que experimentan en sus familias, donde juegan un papel asociado únicamente a los roles domésticos. En varias de las entrevistas a niñas desvinculadas, ellas reconocieron haber presenciado o sido víctimas de violencia intrafamiliar y abusos por parte de sus parientes[72].

 

"Mi mamá se iba a trabajar, o mejor dicho, se iba a vender piñas y a veces no alcanzaba a llegar a la casa y se quedaba en otra parte. Entonces, quedábamos con mi papá, él se levantaba por las noches e iba y la molestaba, a mi hermana. Mi hermana a veces gritaba y él le tapaba la boca. Yo le avisé a mi mamá. Yo tenía como 10 años y un día los pillé. Pillé a mi papá cuando yo estaba en el colegio y salimos al descanso y fui a la casa y pues yo me entré calladita y pillé que la quería forzar a mi hermana. Entonces, mi papá vio que yo ya lo había mirado y me dijo que dizque me daba quinientos pesos para que no le avisara a mi mamá”[73].

 

 

3.3.2. Violencia contra las niñas en los grupos armados

 

Algunos de los testimonios de las niñas desvinculadas muestran como, cuando estuvieron en los grupos armados, fueron objeto de diversos tipos de violencia ejercidos contra ellas en razón de su sexo, por ejemplo, violencia y/o acoso sexual por parte de superiores jerárquicos.

 

"Estábamos haciendo una carretera y entonces ahí fue cuando a ese comandante le dio por llevarme a mí a hacer una exploración para hacer un campamento. Entonces, nos fuimos para allá a explorar y cuando regresamos, ahí fue cuando él empezó a cansar y yo le decía que no y que no, porque a mí me daba miedo y, tampoco lo quería hacer. El me decía que sí y que ... Entonces ahí fue cuando me cogió a la fuerza y me violó. Yo, pues lloraba y él me tapó la boca y me decía que, pues que no, que no lo fuera a hacer quedar mal. Si yo le hubiera contado al primer mando del frente, le hubieran quitado el rango y de pronto lo hubieran amarrado. (...) Pero yo no le conté a nadie, porque me daba miedo que de pronto,  aunque yo contara, no le hicieran nada y entonces, él supiera que yo le conté a otro y de pronto pues, yo tenía la impresión de que él me iba a hacer algo más malo para mí"[74].

 

Otro tipo de violencia que sufren las niñas en los grupos armados en razón de su sexo, es la práctica de la anticoncepción forzada, ya que al interior de los grupos armados son las niñas y las jóvenes las únicas responsables del control de la fertilidad. Según la Defensoría del Pueblo la gran mayoría de niñas desvinculadas de la guerrilla, en la región de Suratá, Santander, ya tenía vida sexual activa, algunas de ellas tenían dispositivo intrauterino y las niñas informaron que la guerrilla suministraba periódicamente anticonceptivos. Por otra parte, cerca del 70% de las niñas presentaba enfermedades de transmisión sexual[75].

 

"Cuando yo recién llegué, como a los veinte días, me dijeron que tenía que hacerme aplicar una inyección y entonces yo les dije que no, que yo no quería ni loca. Que yo no me hacía aplicar eso. Yo renegaba, porque a mí no me gustaba y decía que ¡nunca!. Entonces la doctora me decía que sí, que me tenía que dejar aplicar la inyección. Y, pues si, me aplicaron como, cada mes una inyección" [76].

 

El aborto forzado es otra práctica ejercida por los grupos armados, como se observa en el siguiente testimonio:

 

"Yo quedé embarazada.(...). Nosotras le decíamos que nos dejara tener el niño así nos tocara hacer... mejor dicho, así nos tocara tumbar montañas, pero que nos lo dejaran tener. Y, no, ellos decían que una vieja ¡qué tal! en embarazo, que por ahí en combate o algo, con esa barriga. Decían, que ese niño no nacía. Entonces, las otras me decían que me volara y que tuviera el niño, pero como esa era pura zona de guerrilla, por San Vicente del Caguán (Caquetá), la zona de distensión, ni forma. No me dejaron. A mi me hicieron abortar, tenía dos meses de embarazo. Me hicieron el legrado unos guerrilleros médicos y dos meses duré así recuperándome. Después ya me pusieron a prestar guardia y a ayudar a hacer comidas. Después nos subimos otra vez del Caguán para arriba. Y ya me alenté. Pero no, uno no queda lo mismo, a uno lo dañan mucho"[77].

 

De otro lado, presenciar y participar en hechos violentos implica, para las niñas, traumas sicológicos y emocionales profundos, poco valorados entre los costos de la guerra.

 

"La cosa más maluca que me mandaban a hacer en la guerrilla era matar. Me mandaron a matar un infiltrado al que le hicieron un consejo de guerra. Pero, no más lo herí. Les dije que no quería. Nos mandaron a dos mayores y a dos menores, entonces pues, yo fui. (...). Me pusieron a mí primero. (...). Primerito, me dijeron ¡dispare! y yo cogí y le disparé. Le pegué un tiro en una pierna, chillaba ese man. Yo le dije, no, yo no quiero más ¡no quiero! (...). Allí fue cuando el menor, le pegó tres tiros y el otro le pegó dos. (...). Cuando ya estaba en el hueco, muerto, entonces, me hicieron bajar y desamarrar el cordón que tenía en la nuca. (...). Luego recordaba eso y no podía dormir, porque siempre era recordándome de eso. Yo recordaba cuando él estaba en el hueco y me decían que, que lo mate y soñaba..."[78].

 

 

3.3.3. Desvinculación

 

Es difícil calcular el número de niñas desvinculadas del conflicto armado, porque no todas las que abandonan los grupos, lo hacen utilizando los mecanismos que ofrecen los programas estatales, ni se reportan a las autoridades[79].

 

Según estimativo de Unicef, durante el periodo comprendido entre mayo de 1996 y noviembre de 1998, se registraron 203 casos de desmovilización de niños/as de los movimientos armados[80].

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, inició hace dos años un proyecto piloto para niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado, que han sido capturados, que se han entregado voluntariamente o que han sido entregados al Estado por los actores del conflicto[81]. Dicho proyecto necesita incorporar una perspectiva de atención diferenciada por género y un marco jurídico y legislativo que sustente acciones para la protección de los derechos fundamentales y la atención personal y psicosocial de niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto[82]. Ante la falta de una legislación específica para estos casos, ellos y ellas son tratados como infractores y contraventores de la ley penal y no como víctimas - que son - del conflicto armado.

 

 

3.4. Violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas por parte de los actores armados

 

La violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas a manos de los grupos armados es una realidad que aún no ha sido lo suficientemente visibilizada: “La violencia sexual contra las mujeres, la prostitución y la esclavitud sexual de mujeres han sido cuestiones justificadas en zonas de ocupación militar alegando comprensibles necesidades masculinas, o incluso propiciadas y organizadas desde directivas castrenses”[83].

 

“Paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC - ingresaron en San Miguel del Tigre, Municipio de Yondó (Antioquia), el 7 de diciembre de 2000, ejecutaron a una persona, desaparecieron forzadamente a otra y violaron a una mujer”[84].

 

“Yo me vine de Yurayaco (Caquetá) porque un día pasó un grupo de paramilitares a las 11 de la mañana. Estaba con mis hijos y en estado de embarazo, me obligaron a ponerme boca abajo a pesar de mi estado. Estando boca abajo uno de esos tipos lastimó a mi niña Deisi de 6 años, penetrándole un dedo en los genitales, a la niña todavía le duele”[85].

 

Las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de los actores armados, se ven obligadas a ocultar su drama por diversas razones, entre las cuales sobresale el miedo a las amenazas de muerte proferidas por los actores armados que cometen la violación[86].

 

“A finales de año iba con otras cinco niñas, a casa de una tía, cuando vimos que al lado paró una camioneta, se bajaron varios hombres y nos obligaron a subir. A la salida del pueblo nos sacaron y empezaron a violarnos. Sentía que me iba a morir, que me estaba desgarrando y me asfixiaba con su cuerpo encima. Fueron muchas horas, como una eternidad. Son paracos”. Las amenazaron con matarlas a ellas y a su familia si contaban. Les dieron cinco días para salir del pueblo[87].

 

 

3.5. Otros tipos de violencia contra mujeres, niñas y jóvenes, cometida por actores armados

 

Además del reclutamiento y las formas de violencia ejercidas contra las niñas dentro de los grupos armados, los actores armados han adoptado prácticas de control en las regiones en las cuales ejercen su dominio, prácticas que atentan contra los derechos de las niñas y jóvenes.

 

“En Barrancabermeja, luego de que un taxista acusara a dos niñas por haberle robado el producido del día, las Autodefensas Unidas de Colombia( AUC) llamaron a “descargos” a las menores, las cuales reconocieron haberle quitado el dinero al conductor después que él intentó abusar sexualmente de una de ellas. Como castigo las obligaron a barrer varias horas las calles del Barrio Arenal, donde viven, portando carteles sobre el pecho y espalda en los que se anunciaba su falta: "Me tienen castigada por estar robando” [88].

 

“Hemos sido testigos del escarnio público al que se vieron sometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia en la región del sur de la Ceja en Antioquia, en el corregimiento de San José, dos mujeres jóvenes y sus madres por haberse peleado por el amor de un hombre. Las mujeres fueron expuestas al sol y al agua durante todo el día y con letreros que colgaban de sus cuerpos y decían: “Este es el castigo de los que ahora en adelante decimos cómo se tiene que vivir aquí. Por pelearse por un hombre y por alcahuetas y permitirlo”[89].

 

Los actores armados ejercen control no sólo sobre el territorio, sino sobre la vida cotidiana, el afecto y el cuerpo de las mujeres.

 

“Los paramilitares (...) prohiben a las jóvenes usar faldas cortas, y quienes desobedecen esa orden son llevadas a los campamentos, obligándolas a cocinar y lavarles la ropa”[90].

 

 

4. Recomendaciones de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado

 

Consideraciones Generales:

 

- La violencia contra las mujeres como resultado de la violencia sociopolítica colombiana es todavía invisible, ante la carencia de documentación sistemática y de la adecuada investigación de los casos. El informe preliminar presentado a la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, Sra. Radhika Coomaraswamy,  demuestra que existe un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres. Esta situación debe ser debidamente atendida por el Estado, los organismos internacionales de protección a los derechos humanos y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos.  Adicionalmente, la magnitud del problema no ha sido aún determinada y por lo tanto se desconoce el verdadero impacto de la violencia sociopolítica sobre las mujeres y las niñas. Queremos llamar especialmente la atención sobre la grave situación que enfrentan las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas.

 

- Manifestamos nuestra seria preocupación por la escasa atención proporcionada por altos funcionarios del Gobierno y otras entidades estatales a la Relatora Especial durante su visita, lo que indica la falta de voluntad política existente para incluir los derechos humanos de las mujeres en la agenda gubernamental.

 

 

4.1. Recomendaciones Generales:

 

Al Estado y al Gobierno Colombiano

 

1. El Estado Colombiano debe definir e implementar una política de derechos humanos que incluya, proteja y garantice el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas; tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales.

 

2. Con el fin de superar la impunidad  que existe frente a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas (tales como violación, embarazo forzado, anticoncepción y esterilización forzadas, aborto forzado, prostitución forzada, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual), se deben desarrollar políticas de prevención, así como llevar a cabo las investigaciones y procesos judiciales tendientes a establecer la responsabilidad por estos crímenes, a sancionar a los responsables y a reparar y restablecer los derechos de las víctimas.

 

3. Teniendo en cuenta que las mujeres que han participado como testigos en las investigaciones han sido víctimas de amenazas, persecuciones, asesinatos y otras violaciones graves a sus derechos humanos por haber rendido testimonio, debe proporcionarse a las testigos medidas de protección y otras formas de apoyo.

 

4. A efectos de superar la impunidad, el Gobierno de Colombia debe ratificar el Protocolo Opcional de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Opcional a la Convención sobre los Derechos del Niño sobre los Niños en los Conflictos Armados y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

 

5. Teniendo en cuenta la elevada proporción de violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas causadas por la acción de los grupos paramilitares, el Gobierno Colombiano debe asumir una política decidida para desmantelar tales grupos; así como destituir de sus cargos, investigar y sancionar a aquellos agentes del Estado que tengan nexos con los grupos paramilitares.

 

6. Se ha puesto de relieve la persecución sistemática a la que han sido sometidas las organizaciones de mujeres y las mujeres líderes, especialmente campesinas, indígenas y afrocolombianas.  Constatamos además la cooptación del trabajo organizativo de las mujeres por los actores armados a través del chantaje y las amenazas.  Ante esta situación, consideramos que el Gobierno debe desarrollar las acciones necesarias para proteger el derecho a la participación y organización de las mujeres, así como el derecho a la vida de las mujeres líderes.

 

7. Evidenciando que las mujeres no están incluidas en la Mesa de Diálogo y negociación de la paz, se solicita que se aplique lo dispuesto en la  Resolución 1325 emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre de 2000 en la cual se pide un aumento de la participación de la mujer en los espacios de toma de decisiones para la solución de conflictos y en los procesos de paz.  También se plantea la necesidad de que la sociedad civil juegue un papel esencial en la consecución de la paz.

 

 

A las Fuerzas Armadas del Estado y Grupos Armados Ilegales

 

1. Los actores del conflicto armado en Colombia, incluidos los agentes estatales, se comprometan a respetar las normas del derecho internacional humanitario.

 

2. Debe recordarse y subrayarse que la violación, el embarazo forzado, la anticoncepción y esterilización forzadas, el aborto forzado, la prostitución forzada, la esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual constituyen graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. De la misma manera el control de la entrada de alimentos, medicinas y otros componentes básicos de la ayuda humanitaria supone una infracción al  Derecho Internacional Humanitario. Urge que los actores armados respeten las normas humanitarias en los temas ante citados.

 

 

4.2. Recomendaciones Específicas

 

Sobre mujeres y niñas desplazadas:

 

Con respecto a las mujeres y niñas internamente desplazadas, acogemos las recomendaciones hechas por la Mesa de las Naciones Unidas sobre Género y Desplazamiento en el marco del Grupo Temático sobre Desplazamiento.

 

Es urgente que el Estado cumpla cabalmente con las  recomendaciones emitidas por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, entre ellas las siguientes:

 

“El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, recomienda que se amplíen los programas existentes para mejorar la condición de la mujer de las zonas rurales, especialmente de las poblaciones desplazadas y que se conceda prioridad a ese sector de la población a fin de que mejoren los indicadores de salud, educación y calidad de vida”[91].

 

“La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, urge al Estado a incrementar sus esfuerzos para proteger a las mujeres de los efectos del conflicto armado y, de manera especial, las desplazadas y jefas de hogar”[92].

 

“El Representante Especial del Secretario General para los Desplazados Internos, recomienda que hay que mejorar las medidas encaminadas a fortalecer la protección de los derechos humanos. En relación con ello, desea poner de relieve las recomendaciones formuladas por anteriores misiones de derechos humanos en el país y la preocupación expresada por la gravedad de los datos sobre la situación de los derechos humanos. Estos datos indican que la eficacia de las medidas ya adoptadas todavía debe demostrarse de modo cabal. También sugieren que debe promoverse la cooperación dentro del propio Gobierno en materia de protección de derechos humanos. En cuanto a la cuestión más específica de los desplazados internos, el Representante desearía subrayar la conveniencia de reforzar la protección prestada a: i) los derechos sobre tierras y bienes, ii) las normas del derecho humanitario que prohiben el desplazamiento y iii) el derecho a la vida y a la integridad física, especialmente durante los desplazamientos e inmediatamente después de ellos. También se han recomendado disposiciones que permitan dar un trato especial a la protección de los derechos de la mujer, en especial de las viudas” [93].

 

 

Sobre violencia contra la participación de las mujeres y sus organizaciones:

 

Teniendo en cuenta los efectos del conflicto armado en la participación de las mujeres y en sus organizaciones, es necesario desarrollar acciones urgentes que protejan y garanticen la participación de las mujeres en igualdad de condiciones y libre de violencia. Para esto es necesario que:

 

- Las actividades que desarrollan las organizaciones de mujeres son el ejercicio de un derecho constitucionalmente establecido. El Gobierno nacional debe desarrollar las acciones necesarias para proteger este derecho.

 

- El Estado acuerde con las organizaciones de mujeres cuyos derechos vienen siendo vulnerados, las medidas de protección que se consideren pertinentes y garantice la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a sus derechos humanos.

 

- El reconocimiento público, por parte del Gobierno, de las organizaciones de mujeres y sus actividades puede servir para neutralizar las acciones de los grupos armados. Por esta razón, se propone que el 10 de diciembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, se desarrollen dos jornadas nacionales de reconocimiento al trabajo de dichas organizaciones, con presencia de funcionarios gubernamentales de alto nivel, con cubrimiento de medios de comunicación a nivel nacional.

 

- Es necesario que en los diferentes programas gubernamentales de protección de los derechos humanos, se desarrollen acciones de prevención y atención que fortalezcan y protejan a las mujeres que forman parte de organizaciones sociales.

 

- Las oficinas del Sistema de Naciones Unidas que tienen presencia en Colombia, deben mantener un diálogo permanente con las organizaciones de mujeres, para incorporar en sus informes las violaciones a los derechos humanos e infracciones que afectan particularmente a las mujeres, así como recomendaciones específicas al Gobierno nacional para superar esta situación.

 

 

Sobre niñas desvinculadas del conflicto armado:

 

- El Estado debe garantizar un sistema de justicia independiente que investigue y sancione a los responsables de violación a los derechos humanos de la infancia.

 

- En tanto se suscriba un acuerdo humanitario, se exhorta a las partes involucradas en el conflicto armado a que se comprometan a respetar los derechos de las niñas y niños, sustrayéndolos tanto de actividades de reclutamiento como de cualquier acción que implique apoyo a los diversos combatientes y protegiéndolos de los efectos de las acciones bélicas.

 

- Los combatientes deben abstenerse de realizar cualquier tipo de acción bélica en la que puedan resultar afectados los niños y niñas. Mantener los cuarteles y sitios de confrontación lejos de escuelas, jardines infantiles, etc.

 

- Dentro del proceso de desvinculación de niños y niñas debe dárseles un tratamiento diferenciado por género, un tratamiento jurídico especial como víctimas del conflicto armado y debe prohibirse su utilización por parte de la Fuerza Pública o de cualquier otro agente del Estado como informantes o colaboradores de otra índole.

 

- Debe respetarse la autonomía de las niñas y mujeres jóvenes sobre su cuerpo, su sexualidad y maternidad.

 

- Debe desarrollarse una política de desvinculación con perspectiva de género para los niños y niñas desvinculadas, en la que se les de un tratamiento especial a fin de que reconstruyan prontamente sus lazos afectivos, familiares, sociales y culturales y se posibilite su educación.

 

- En el trabajo de apoyo a niñas desvinculadas del conflicto, es necesario que se acompañe el proceso de re-significación de su proyecto de vida a partir de la evaluación de una experiencia vital tan profunda como la vivida por estas niñas. Si esta experiencia se niega o se trata como un problema de desadaptación social, o se maneja desde la culpa y el arrepentimiento, se niega a las niñas desvinculadas la posibilidad de entenderla en su contexto histórico y político y de asimilarla de manera positiva en la re-significación del proyecto personal de vida.

 

Adicionalmente, es urgente que se cumpla con las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, entre ellas las siguientes:

 

 “La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno, a los grupos armados y a la sociedad en general, a velar por que la niñez en Colombia goce de aquellos derechos reconocidos en los distintos tratados internacionales, en particular, en la Convención sobre los Derechos del Niño. Pide a todas las partes en el conflicto abstenerse de reclutar menores y  acelerar los procesos de desmovilización”[94].

 

 “La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera la necesidad de armonizar la normativa interna con la Convención sobre los Derechos del Niño, tal como lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño en su informe sobre su quinto período de sesiones (1994). Asimismo, exhorta a las autoridades colombianas a adoptar medidas y programas eficaces de atención de la niñez desvinculada del conflicto armado, de prevención y protección de las víctimas de abuso sexual y de explotación laboral, así como para un tratamiento adecuado de los menores infractores y niños de la calle”[95].

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