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MITO
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REALIDAD
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A las mujeres les gusta que les
peguen
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El
patrón de crianza les ha enseñado que estas agresiones son normales. También
lo asumen por dependencia emocional, el temor al rechazo social si está
“sola” (sin pareja), el mandato de mantener “unida” a la familia, la
necesidad económica, entre otras razones.
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El
marido tiene derecho a hacer lo que quiera con “su mujer” porque él es quien
mantiene la casa, y por ende a ella.
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El
sistema que privilegia la propiedad privada nació con el patriarcado y
concibe dentro de los bienes a las personas, ya sea como mercancías o sujetos
que le proporcionan servicios y satisfactores materiales, afectivos,
sexuales, etc. El es el dueño de “todo”, puede usarlo todo y desecharlo
cuando lo requiera.
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La mujer agredida no se mantiene
en la casa.
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El
rol tradicional indica que la casa es el lugar de la mujer, ya que es allí en
donde cumple sus funciones reproductivas y donde supuestamente está más
segura, hecho que desmienten las estadísticas de violencia doméstica. La casa
constituye una especie de prisión para las mujeres, desde la cual funcionan
muchos mecanismos de control.
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La mamá tiene la culpa de que su
hijo(a) ande en malos pasos por no estar pendiente de ellos. Cuando a la
mujer se le ocurre trabajar descuida sus obligaciones en la casa.
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La
responsabilidad del cuidado y educación de los hijos es atribuida exclusivamente
a las mujeres, por lo cual ellas deben sacrificar cualquier oportunidad de
desarrollo, recreación y realización personal en general. La paternidad
irresponsable no es condenada socialmente y por lo general se atribuye de
diversa forma a las mujeres. El aporte de las mujeres a la sobrevivencia
familiar, cada vez mayor, es desvalorizado y se ubica como causa de la crisis
del modelo familiar.
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Le llevó la contraria. La mujer
lo provocó.
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En
el ámbito de las relaciones personales no se da cabida a los derechos
humanos, como el la libertad de expresión y de acción. De allí que se
justifique que quien detenta el poder tenga la potestad de imponerse de
cualquier forma. Según esto, las mujeres le deben sumisión y obediencia a su
cónyuge, a su padre, novio o a cualquier hombre que ostente la autoridad.
Disponer de sí misma es provocar al hombre.
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Nadie debe meterse cuando el
hombre agrede a su mujer.
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La
violencia doméstica es visualizada como un asunto privado, ámbito del cual se
excluye toda noción de derechos. La familia ha estado por encima de las
garantías y bienestar de sus integrantes. Si la mujer es agredida por alguien
fuera de la familia, eso tiene mayor rechazo. No se entiende que la dignidad
humana la porta cada persona en cualquier lugar y circunstancia.
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El agresor de mujeres es un
degenerado o perturbado mental, sufre desajustes emocionales.
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Casualmente,
los agresores de mujeres en general no presentan síntomas de desequilibrio en
otro tipo de relaciones. Su victima siempre está en una posición de
desventaja o subordinación. La agresión es un acto de poder.
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El alcoholismo y la drogadicción
son la causa de las agresiones contra las mujeres.
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No
todas las personas agresoras son alcohólicas o drogadictas ni viceversa.
Pueden desencadenar el episodio violento, ser un factor de riesgo. Hay
quienes planifican la violencia sobrios y toman o se drogan para “agarrar
valor”. Se justifica al agresor porque no sabía lo que hacía, por lo que se
presume que no tenía la intención de hacerlo.
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La forma de vestir de las
mujeres provoca que las violen.
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Los
hombres se creen con derecho de acosar y tomar el cuerpo de cualquier mujer
porque no reconocen su dignidad y la ven como un ser inferior. La cultura los
moldea como seres de instintos sexuales incontrolables. Las estadísticas
indican que la proporción de violaciones de mujeres es similar en Escuintla y
Nebaj, lugares donde ellas se visten de muy diferente forma.
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La
mataron porque andaba en malos pasos. Si tiene tatuaje es “marera”, merecía
que la mataran.
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En
Guatemala, la violencia política generó la justificación de violar todo tipo
de derechos a quienes se opusieran al régimen, culpabilizando a las victimas
“por meterse a babosadas”. Esto mismo se aplica hoy a las mujeres que
transgreden las reglas sociales (no necesariamente jurídicas) y de manera muy
especial a las jóvenes pobres integrantes de maras, el sector actualmente más
repudiado contra el cual la sociedad es implacable. Esto da por hecho la
culpabilidad de las victimas y niega el derecho a la justicia y todo lo que
ella debiera implicar.
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Todas estas son
expresiones de una ideología profundamente arraigada que impide visualizar y
abordar el fenómeno de la violencia contra las mujeres como algo que la
sociedad debe rechazar y que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y
erradicar. Las instituciones de justicia y seguridad están saturadas de agentes
y operadores que creen en estos mitos, lo cual tiene como consecuencia la
minimización de su gravedad y la reducción de la responsabilidad de los actores
materiales e intelectuales, lo que constituye la base ideológica de su
reproducción e impunidad.
El caso de
Juventina Yax es ilustrativo de esta situación. “Estaba inconsciente, tirada en el piso
de mi casa, con la cabeza casi abierta, cuando llegó la policía. Le dijeron a
mis hijos que seguro algo le habría hecho yo a mi marido para que me tratara
así”. Juventina sólo espera la muerte porque sabe que ninguna institución
provee protección a las mujeres agredidas. En estas condiciones, puede
afirmarse que la violencia de género tiene una direccionalidad y un fundamento
ideológico que la definen como un patrón de convivencia social que busca
perpetuar el control de las mujeres para que se mantengan los roles
tradicionalmente impuestos.
6. Estadísticas de la muerte
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los
asesinatos de mujeres reflejaban una tendencia relativamente estable o incluso
a la baja. Sin embargo, entre el 2002 y 2003 la PNC reportó que estos hechos se
incrementaron en un 42.5%. Del 2003 al 2004, el aumento fue del 73%. En total,
del 2000 al 2004, el feminicidio ha crecido en un 112.25 %. En este período
suman 1501 mujeres asesinadas.
Gráfica
1
La PNC ha
reportado que en los primeros 24 días del 2005 fueron asesinadas 33 mujeres, es
decir, hasta esa fecha se contabilizaba sólo 5 mujeres menos que en enero del
2004, cuando la policía registró 38 asesinatos de personas de sexo femenino.
Este incremento
se produce en el marco de una escalada de violencia, en la cual los asesinatos
de mujeres representan alrededor del 11% del total de hechos similares
ocurridos en el 2004. Si bien es cierto que estos asesinatos son menos que los
de hombres, la tasa de victimización femenina está en crecimiento, como lo
muestra la gráfica 2.
Gráfica 2
Las denuncias ante la PDH se incrementaron en un 48% entre el 2002 y
el 2003. La Unidad de Atención a la Víctima de la PDH atendió, en el 2003, a
1,702 personas, el 71% de ellas fueron mujeres y niñas.
Los delitos cuyas víctimas mayoritariamente son mujeres y niñas,
ocupan un 8.76% del total de hechos delictivos (no solo asesinatos), conocidos
por la PNC en el 2004 (28,407), correspondiendo un 1.13% a violaciones sexuales
y un 7.63% a violencia intrafamiliar.
La mayoría de mujeres ha sido asesinada con arma de fuego, según el
reporte de la PNC de 2004, el cual no establece qué otras formas de violencia
acompañaron el crimen, por ejemplo la de tipo sexual que es reiteradamente
mencionada en los reportes de prensa.
Gráfica
3
Al finalizar su visita a Guatemala, en septiembre de 2004, la Dra.
Susana Villarán, relatora especial sobre los derechos de la mujer de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que “la problemática
de asesinatos de mujeres no es simplemente una cuestión numérica. Tanto los
datos como los testimonios recibidos indican que actualmente aparecen más
cadáveres de mujeres que antes, con señales de tortura y, en ciertos casos,
mutilados.”
7. Características
particulares
Los asesinatos de
mujeres se han caracterizado por elementos de saña y salvajismo que diferencian
la violencia que es ejercida en los asesinatos; los feminicidios se distinguen,
entre otras cosas, porque de manera constante, las mujeres ejecutadas
previamente son víctimas de vejaciones en el ámbito sexual (acoso, violaciones,
torturas en sus órganos genitales, etc.). También es frecuente la mutilación de
partes de su cuerpo, que muchas veces son abandonadas en diferentes lugares,
sugiriendo una planificación no solo para eliminar a la víctima, sino también
para “dejar mensajes” de intimidación. En este modus operandi destaca el
interés de los victimarios de mostrar el crimen y la crueldad con la que fue
llevado a cabo.
Llama la atención
que este patrón de operaciones tiene similitudes con el tipo de violencia
utilizado por el ejército contra mujeres durante el conflicto armado, pues al
igual que ahora no actuaba de la misma forma contra los hombres; aunque a éstos
los sometiera a crueles torturas y a vejámenes absolutamente denigrantes,
existía una diferenciación con los procedimientos utilizados contra mujeres que
estaban determinados por su condición de género.
El informe de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) afirma que la violación y la
esclavitud sexual fueron patrones de la violencia contrainsurgente
diferenciados para mujeres; también fue frecuente el asesinato de mujeres
embarazadas y la mutilación de sus cuerpos. La CEH registra 9,411 mujeres víctimas,
de las cuales el 33% de los casos se refiere a ejecuciones arbitrarias,
individuales o en masacre; el 19% corresponde a torturas; el 18% a privación de
libertad; el 14% a violación sexual; el 6% a desaparición forzada; el 0.4% a
muerte por desplazamiento y 6% a otras violaciones.
Las violaciones
sexuales contra mujeres en el contexto de las masacres, se caracterizaron por
la planificación, el dejar evidencias de la violencia sexual ejercida y la
extrema crueldad y ensañamiento incluso con los cadáveres. La militarización
de la sociedad a través del reclutamiento forzoso de hombres jóvenes, marcó una
educación y una concepción definida de conducta que tiene aparejada una alta
connotación de violencia de género, tal como se observa en un relato recopilado
por la CEH en el cual un entrevistado explica que “dentro de toda carrera
militar hay una mentalidad impositiva, triunfalista, es como enseñarles que son
los únicos, que no hay leyes, mucho menos dignidad y respeto. Como resultado
del servicio militar los hombres se vuelven machistas, irrespetuosos, eso trae
como consecuencia el violar todas las normas culturales de la familia, siempre
le dicen: aquí vas a ser hombre. Se ve la diferencia entre un joven en
el servicio militar y cuando no ha ido al cuartel, en la actitud, en la
conducción del trabajo”.
“El oficial tiene
sus grupitos de asesinos y les dice cómo tienen que matar. Hoy van a degollar o
guindar con alambres, hoy violan a todas las mujeres... las violaban, las
ponían a cuatro patas, luego les disparaban metiendo el arma en el recto o en
la vagina... También mandaban a hacer percha con las mujeres... por una sola
pasan 20 o 30 soldados. Si caía bien la mujer, la dejaban ir, a otras las
mataba el último que pasaba con ella...”, así describió un soldado un
procedimiento que se convirtió en rutina durante los 35 años de guerra
contrainsurgente en los que el Estado guatemalteco “diseñó y ejecutó acciones
precisas y con efectos a largo plazo de violencia física y sexual contra las
mujeres, mayormente indígenas (en un 89,39% contra mujeres de etnias mayas), es
decir que el ejército entrenó a sus miembros para la violencia sexual”, según
consta en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 1999.
Por su parte la
PDH, en su informe del 2003, destaca
el salvajismo y la represión que sufrieron las mujeres durante la guerra
interna, y sus consecuencias en la complejidad que se observa en la muerte
violenta de mujeres en la actualidad. Señala que el crimen organizado y la
maras también han desarrollado entre sus miembros la conformación de
mentalidades y personalidades que se distinguen por la impulsividad, la
búsqueda constante de sensaciones, la frialdad, el incumplimiento y
quebrantamiento de las normas sociales; llevando a estas personas a perder el
respeto a la vida y a la integridad de otras personas, facilitando la
determinación de cometer hechos delictivos que lleven intrínsecos la crueldad
extrema, muy parecidos a los utilizados durante el conflicto armado interno.
8. Perfil de las
víctimas
La PDH da cuenta que, en el 2003, el 60% de las víctimas eran jóvenes,
comprendidas entre los 13 y 36 años de edad. Por la información disponible,
deduce que eran mujeres de bajo nivel socioeconómico, cuyas ocupaciones estaban
vinculadas con los quehaceres domésticos remunerados o no, o con actividades
productivas que requieren poca calificación. También identificó que un 9% eran
estudiantes. La PDH no pudo establecer la ocupación de las víctimas en un 43%. La conclusión de la PDH en cuanto a la
ubicación económico-social de las víctimas es corroborada, de manera general,
por las estadísticas de la PNC de 2004.
Gráfica
4
Como se dijo antes, estas cifras confirman la orientación de clase que
tiene este fenómeno criminal: la gran mayoría de mujeres muertas son pobres.
Sin embargo, es necesario que las investigaciones precisen más esta
información, por un lado, para establecer la ocupación del 37% ignorado, ya que
constituye un amplio grupo que puede aportar pistas mayores sobre el problema;
y, por otro, dilucidar más lo referente a las amas de casa, ya que es la
identificación que figura en la cédula de vecindad para las mujeres mayores de
edad que trabajan en su hogar, pero que éstas regularmente no cambian cuando
deben trabajar fuera de casa, como en maquilas o la economía informal, pues al
fin de cuentas las tareas domésticas siguen siendo su responsabilidad.
Otro aporte de las estadísticas de la PNC se refiere al origen étnico
de las mujeres asesinadas en el 2004 (hasta octubre), de las cuales un 85%
eran mestizas (ladinas) y un 15% eran indígenas.
Esto puede ubicar al feminicidio como un crimen más propio de áreas
urbanas que rurales (donde habita la mayoría de la población indígena), con un
alto índice especialmente en el departamento de Guatemala.
Los siguientes datos de la PNC, correspondientes al período
enero-octubre de 2004, reflejan esta característica.
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Departamento
|
|
Total de casos
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|
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183
|
|
|
7.8%
|
31
|
|
|
5%
|
21
|
|
|
4.5%
|
18
|
|
|
4.2%
|
17
|
|
|
3.5%
|
14
|
|
|
3%
|
12
|
|
|
2.7%
|
11
|
|
|
2.5%
|
10
|
|
|
2.5%
|
10
|
|
|
2.5%
|
10
|
|
|
2.2%
|
9
|
|
|
2%
|
8
|
|
|
2%
|
8
|
|
|
2%
|
8
|
|
|
1.8%
|
7
|
|
|
1.5%
|
6
|
|
|
1.2%
|
5
|
|
|
1%
|
4
|
|
|
0.7%
|
3
|
|
|
0.7%
|
3
|
|
|
0%
|
0
|
La capital del
país ha sido el escenario de casi el 26% del total de asesinatos de mujeres
reportados por la PNC en el período mencionado. Las zonas populares concentran
la mayoría de hechos de muerte violenta contra mujeres registrados en la
capital así, la zona 18 encabeza el registro con el 10%; le sigue la zona 12,
el 9%; la zona 6, el 6%; la zona 7, el 5%; y la zona 3, el 4%.
Los municipios
del departamento de Guatemala registran el 19% del total de casos ocurridos en
todo el país, siendo especialmente violentos Villa Nueva y Mixco, donde se
reportaron el 13% y el 9% de muertes violentas de mujeres sucedidas en el
departamento de Guatemala, respectivamente, en el periodo informado por la PNC.
Según el informe
de la PDH, de las víctimas reportadas en el 2003, el 66.7% eran guatemaltecas,
en un 30% de casos no se había establecido la nacionalidad, un 2.4% eran
originarias de otros países centroamericanos y también habían sido asesinadas
mujeres de nacionalidad mexicana (0.6%) e italiana (0.3%).
Los datos de la
PNC no permiten establecer el origen de las mujeres guatemaltecas, es decir si
eran procedentes del mismo municipio en que fueron asesinadas, para establecer una
relación de estos hechos con el fenómeno migratorio interno. Tampoco ofrecen
detalles en cuanto al tipo de espacio donde se cometió el crimen, por ejemplo,
si era privado o público; carecen también de información para relacionar el
lugar del secuestro, del asesinato, y del lugar donde fue abandonado el cadáver
(o sus partes) en aquellos casos que contienen esta modalidad. Otro aspecto
ausente es si, en el caso de hallazgo de cadáveres de mujeres, estos estaban
solos o con los cuerpos de otras personas (mujeres u hombres) también
asesinados. Son datos importantes para caracterizar el fenómeno y definir su
consecuente abordaje. Asimismo, podría facilitar la construcción de hipótesis
para esclarecer los crímenes e identificar a los responsables.
Estos crímenes no
se dan únicamente contra mujeres en edad adulta. De 1185 casos de asesinatos
de menores de edad y jóvenes de hasta 0 hasta 21 años, registrados por la PDH
en el 2003, 12% fueron víctimas de sexo femenino. Los asesinatos de menores de
edad es un tema que ha pasado inadvertido para las autoridades de gobernación y
para la sociedad en general, comentó el Procurador Sergio Morales.
XV.
Hipótesis
Las hipótesis para explicar un fenómeno tan complejo como el
feminicidio, deben indagar en aspectos sociológicos y criminalísticos, que
permitan responder a preguntas básicas, por ejemplo:
- ¿por
qué están matando a tantas mujeres?
- ¿por
qué la mayoría son mujeres pobres que viven en zonas urbanas marginales?
- ¿por
qué tanta saña?
- ¿es
un agravamiento de la criminalidad en general o constituye un tipo de
violencia de género en su máxima expresión?
- ¿es
un crimen predominantemente ejecutado en colectivo o de forma individual?
- ¿existe
relación entre los hechos o son aislados?
- ¿se
trata de un fenómeno criminal “bajo control” (dirigido) o es una
manifestación de la incontrolable violencia, del desborde de las maras, el
crimen organizado, etc.?
- ¿corresponde
a objetivos de limpieza social?
- ¿quién/es
es/son el/los sujeto/s social y/o político que comete/n estos crímenes?
- ¿existe
interés en que estos hechos impacten en la opinión pública? ¿con qué
objetivo?
- ¿es
una política de terror? ¿qué fines persigue?
Muchas preguntas más podrían formularse para alcanzar una precisión
mayor del fenómeno, por ejemplo para tener un perfil más definido de las
víctimas y de los victimarios con elementos que permitan construir hipótesis
que den solidez a las investigaciones y acciones penales para terminar con la
impunidad en estos casos; deberían servir también a que el Estado intervenga
desde todos los ámbitos que confluyen en reproducir y justificar esta violación
de derechos humanos.
A continuación se presentan reflexiones con las que algunas
instituciones del Estado, representantes de la sociedad civil, de partidos
políticos y de organismos internacionales han tratado de explicarse esta
problemática. Si bien no todas están formuladas como hipótesis, les hemos
denominado de esa forma a fin de dar la idea de que se trata de las deducciones
construidas con el objetivo de encontrar respuesta sobre este fenómeno.
En un primer momento, se presentan las reflexiones por tipo de
entidad, y, posteriormente se trata de hacer una valoración de las
explicaciones en sí mismas, independiente de la fuente emisora.
1. Hipótesis de la PDH
El estudio de la
PDH
señala que el crimen organizado y la delincuencia se presentan como principales
causas de las muertes violentas de mujeres. Indica que en el fenómeno
delincuencial toman relevancia los grupos organizados con fines criminales, que
tienen un fuerte impacto en la sociedad, al grado de crear psicosis social y,
al igual que en el conflicto armado interno, difunden terror generalizado en
los barrios, colonias, zonas y comunidades del país, siendo éstos: cárteles de
narcotraficantes, bandas de secuestradores, de roba-carros, de asalta bancos y
grandes negocios; delincuencia común, asesinos o sicarios a sueldo.
La PDH pone
especial énfasis en el fenómeno de las maras, en las cuales casi la totalidad
de sus integrantes porta algún tipo de arma y con regularidad mantiene peleas
por defensa de su territorio y de sus parejas. También se dan las agresiones y
asesinatos contra otras y otros jóvenes que no quieren ingresar a la mara,
tienen diferente comportamiento o estatus económico, o que deciden abandonar la
mara y están en proceso de rehabilitación; en algunos casos de dirigentes que
se han involucrado con bandas organizadas de delincuencia y quieren dejarlas,
“son asesinados violentamente, en muchas ocasiones de acuerdo y en coordinación
con ciertos agentes de la Policía Nacional Civil”.
El estudio indica
que mujeres jóvenes que pertenecen o no a las maras, sufren la muerte violenta
por parte de mareros, como consecuencia de varios factores, entre ellos: que
los jefes de las maras ven a sus parejas como su pertenencia, pensamiento
machista que posibilita quitarles la vida cuando éstas deciden cambiar de
pareja o abandonar la relación; la posición de las mareras se torna más
vulnerable cuando hay pugna inter e intra maras; en su actividad delictiva matan
mujeres, no les importa su vida. La PDH señala que no se ha podido comprobar la
hipótesis de la muerte de mujeres en ritos satánicos de maras.
“La muerte
violenta de algunas mujeres, principalmente durante el 2003, presenta
características que nos llevan a afirmar que grupos clandestinos vinculados
directa o indirectamente al Estado o al crimen organizado han cometido varias
ejecuciones extrajudiciales, por la forma profesional con que se realizan, pero
principalmente por la coyuntura política en que se cometieron”, dice la PDH; aunque no explica más al
respecto, se supone que se refiere al periodo electoral de ese año.
El Procurador
Sergio Morales ha considerado que “todo apunta a que los asesinatos podrían
obedecer a una cuidadosa planificación”, y afirmó que el modus operandi no
es típico de las maras, que el crimen organizado y las bandas de narcotráfico
tienen mucha más participación en los asesinatos de mujeres. Si bien cree que no se trata de una
política de Estado como tal, afirma que “el crimen está incrustado dentro del
Estado y por eso es necesario crear una comisión con apoyo internacional para
poder desarticular esos organismos”,
refiriéndose a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad
(CIACS). Como se anotó antes, la PDH denunció ante el MP y la PNC a 23 agentes
de policía sospechosos de estar vinculados a crímenes de mujeres.
El Procurador
también ha declarado que existe una política de limpieza social dirigida a la
eliminación de posibles testigos, entre ellos mujeres que habrían presenciado o
conocido hechos delictivos, o que sostuvieron relaciones con responsables de
crímenes. Al
respecto, cabe citar que familiares de víctimas han recibido mensajes
relacionados con limpieza social. Es así como la hermana de dos víctimas
hombres, junto a los cuales fue asesinada una mujer embarazada, informó que los
hombres que los secuestraron le dijeron: “Que quede claro, es una venganza.
Estamos acabando con los mareros hijos de la gran...”. Los cadáveres de estas
personas, cinco en total, fueron abandonados en “El Campanero”, ubicado en el
municipio de Mixco, lugar utilizado como “botadero de cadáveres” durante el
conflicto armado interno. Este hecho, ocurrido en enero de 2005, consistió en
un operativo a gran escala, realizado por un grupo de unas 25 personas, que
secuestró a sus víctimas en diferentes lugares de ese municipio, y que contó
con gran capacidad de movilización. Según el coronel (r) Mario Mérida, ex
director de la Sección de Inteligencia Militar, el grupo quiso dejar un mensaje
claro: “tenemos la capacidad de actuar, de pasar desapercibidos, y conocemos el
territorio donde operamos”. Según él, la lección es que “la infidelidad o
indiscreción se paga”.
2. Hipótesis de la PNC
Los funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) tienden a ubicar
este fenómeno como producto de violencia de maras, conflictos pasionales,
delincuencia común y, en menor medida, como consecuencias del narcotráfico.
El informe “Asesinatos de mujeres 2003-2004”, del Servicio de
Investigación Criminal (SIC) de la PNC, indica que “de acuerdo al análisis
efectuado sobre los casos que tuvo conocimiento la Sección contra Asesinatos de
este Servicio en la capital, podemos definir que, en su orden, un 21%
corresponde a los asesinatos cuyo origen proviene de los problemas entre maras
y otro 21% a problemas personales, un 17% corresponde a asesinatos por
problemas pasionales, 10% cuyo móvil es el robo, un 9% se deriva de problemas
del narcotráfico, un 5% por violación, un 4% se debe a balas perdidas, el restante
13% comprende a suicidios, robo de vehículos, violencia intrafamiliar y móvil
ignorado”.
Investigadores de la PNC han declarado que estos hechos pueden tener
relación con problemas de desintegración familiar, infidelidad y amores
platónicos.
César Salazar, jefe de la Sección de Agresión contra Mujeres del SIC, afirmó
que “la mayor parte de las muertes es atribuida a pandilleros quienes, por
celos y otros problemas personales, han dado muerte a sus convivientes, esposas
o novias.”
El informe “Asesinato de mujeres en Guatemala, análisis
sociocriminal”, elaborado por un asesor del director general de la PNC, destaca el fenómeno de migración del
campo a la ciudad y desde el exterior, que, afirma, da lugar a un proceso de
transculturación que se manifiesta en la interacción entre las culturas ladina
e indígena (la primera liberal, la segunda conservadora), así como en la
imitación de la subcultura violenta importada por los medios de comunicación
masiva y los migrantes deportados de EU, quienes “con el afán de sobrevivir,
pasan a ser parte de la criminalidad nacional”. Señala que las mujeres jóvenes
se integran a estos grupos subculturales violentos por cuestiones sentimentales
originadas en la desintegración familiar, luego las hacen “copartícipes de actos
delincuenciales y (si), posteriormente, por alguna razón, desean desintegrarse
del grupo, son vistas con desconfianza por faltar a las reglas del juego y es
tratada como traidora, (por) lo cual muchas veces terminan asesinándola los
mismos integrantes del grupo”. En este marco, el informe destaca la
proliferación de drogas entre grupos de jóvenes que incitan a sus miembros,
principalmente hombres, a la agresividad y a la violencia.
Desde el punto de vista de la criminología, señala que entre muchas causas
de la “desviación de conducta” de los criminales que participan en asesinatos
de mujeres, pueden establecerse:
-
por satisfacer instintos innatos del ser humano
(naturaleza violenta)
-
por encargo de terceras personas que pertenecen al crimen
organizado, para evitar ser identificados
-
por sentimientos adquiridos intrafamiliarmente, en un
proceso de socialización primaria defectuoso
-
por satisfacción sexual, porque la violencia sexual
reafirma la dominación masculina
-
por cuestiones de poder y dominación entre géneros, que
afecta a toda la organización social.
Se desconoce si, efectivamente, este documento sirve de base para el
trabajo de prevención e investigación de la PNC.
3. Hipótesis del
Ministerio Público
La fiscal de la Mujer, Sandra Sayas, no establece diferencias entre
los crímenes contra la vida de los hombres y los de las mujeres, los cuales
atribuye al incremento general de violencia que se ha producido en los últimos
años. “La violencia en nuestro país ha aumentado indiscriminadamente contra hombres,
mujeres y niños. Lo bueno, en el caso de las mujeres, es que ahora hay muchas
asociaciones que se preocupan por darle la importancia que cualquier delito
contra la vida merece. Ellas sacan sus estadísticas, hacen sus investigaciones,
presentan sus propuestas; por eso es que se les ha dado a estos casos de
asesinato más presión últimamente. A diario aparecen 10 personas fallecidas,
sólo dos son mujeres. La violencia no es de género, no es que por ser mujer te
van a matar”, declaró la fiscal a la periodista Lucia Escobar.
4. Hipótesis de
congresistas
En julio del 2004 dos congresistas se refirieron a posibles causas por
las cuales se ha incrementado las muertes violentas de mujeres.
La diputada Nineth Montenegro consideró la posibilidad de que tanto el
crimen organizado como el narcotráfico estén utilizando estos crímenes como una
cortina de humo, con el objetivo de desviar la atención. Asimismo, advirtió la
coincidencia entre estos crímenes y el debate sobre la redefinición de la
función del ejército en la seguridad pública, considerando que puede tratarse
de una justificación para que mantenga atribuciones en este campo.
Por su parte, el diputado Carlos Yatt, entonces integrante de la
Comisión de Gobernación del Organismo Legislativo, expresó la hipótesis de que
grupos interesados en crear un ambiente de desestabilización sean los causantes
de la violencia imperante.
5. Valoraciones desde la
sociedad civil
De acuerdo con Silvia Trujillo, investigadora de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), las muertes violentas de mujeres
pretenden demostrar cómo el cuerpo femenino es pensado para satisfacer las
necesidades de los demás y "lo mismo sucede en el momento de la muerte,
cualquier cosa puede hacerse con su cuerpo". Las muertes con saña también
son una técnica reconocida históricamente, como un método para transmitir
terror y enviar el mensaje: "la mujer se tiene que cuidar, no salga a la
calle, no esté sola en la parada de la camioneta, no se ponga falda corta ni
escote pronunciado. Se busca que regresen al ámbito privado", explica
Trujillo.
Hilda Morales, embajadora de conciencia de Amnistía Internacional,
explica que los llamados "crímenes pasionales" son consecuencia de
acoso y violencia sexual.
Por su parte, Giovanna Lemus, directiva de la Red de la No Violencia
contra la Mujer, considera: “sea quien sea el que comete los crímenes, que se
investigue, pues está claro que no son sólo las maras las responsables de estos
hechos”.
Sin embargo, otros representantes de organizaciones sociales afirman
que no se puede descartar la participación de maras en estas muertes, por
motivaciones propias, derivadas de la dinámica de violencia en que están
inmersas.
En este sentido, Claudia Ágreda, de la Sección de Derechos de la Niñez
y la Juventud de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), ha
explicado que al interior de estos grupos existe una lucha violenta de poder,
en la cual es determinante el nivel de crueldad, que siempre está en ascenso
porque cada quien trata de superar los record anteriores; en esta pugna, las
mujeres, por su vulnerabilidad y subordinación, resultan ser un medio idóneo
para dirimir estas rivalidades, que también se dan por disputas de noviazgos y
parejas sexuales.
La confrontación entre grupos de distintas maras (o clicas) puede
llegar a graves extremos, generado por el control de territorio, en el cual las
mujeres “les pertenecen”, o por la distribución de droga, afirma Marco Antonio
Garavito, director de la Liga de Higiene Mental. “No es cierto que las maras protejan a
sus integrantes mujeres, ellas son carne de cañón, aunque se hayan vinculado a
estos grupos en busca de la protección o el afecto de que carecen en sus
hogares”. En algunas zonas capitalinas, dice, hasta los mismos padres inducen a
sus hijos a unirse a las maras, porque ellos carecen de capacidad para
protegerlos y estando fuera los jóvenes corren más peligro.
El salvajismo en la mara cada vez es más serio; es estimulado y
aprovechado por el narcotráfico que les provee de armas y recursos operativos,
que les otorga una parte de su poder. La aventura, el dinero y el poder que
ofrece el narcotráfico representan “un buen cebo” para la juventud que no tiene
opciones de ningún tipo, señala Garavito. “La falta de perspectiva de vida
lleva a la mara a matar; por eso da la cara ante la prensa, no se la tapa con
un suéter como hacen los políticos corruptos”.
Garavito considera que el manejo sensacionalista de estos crímenes en
los medios de comunicación, constituye un estímulo para jóvenes marginales que
nunca han sido tomados en cuenta y que han crecido en el seno de una sociedad
con patologías violentas de conducta, individuales y colectivas. “Entre más
grueso, más reconocido”, que el hecho salga en primera plana es muy importante
desde esta perspectiva de marginalidad; el sensacionalismo de los medios ayuda
a cumplir los fines por los cuales se cometen estos hechos. Y, si los crímenes
de hombres ya no impactan, entonces recurren a las mujeres, “porque se quiere
protagonizar, aparecer alguna vez en la vida pública, aunque sea por medio del
asesinato”. La psicología conductista afirma que, entre más frustración acumula
un ser humano, va a ser capaz de generar más violencia, hacia fuera y/o hacia
dentro de sí mismo. “Esa marginalidad que vive la juventud es algo que nadie
aguanta, por eso son capaces de cualquier cosa, de actuar de acuerdo a una
patología en que matar o despedazar es parte de la vida… la sociedad le ha
enseñado que la vida no vale nada, que respetar la ley no sirve para nada”.
Según este psicólogo, la muerte violenta de mujeres es un fenómeno
complejo, que no se explica con una sola idea. Descarta que se trate de un
“asesino en serie”, porque cree que son grupos que ejercen un manejo patológico
de poder. “Es difícil aceptar que este fenómeno de las muertes de mujeres se
haya disparado así nomás, que de la noche a la mañana este país se llenara de
gente que mata mujeres porque sí”. En este sentido, explica que el asesinato y
la violencia en general se han utilizado mucho por sectores de poder, ha sido
un recurso óptimo para promover la ingobernabilidad. Pero Garavito expresa
reservas en cuanto a que sea un fenómeno de violencia “bajo control”, por
ejemplo del narcotráfico, pues este sector sabe que al crecer la presión de la
población debería haber más controles de seguridad, algo que no le interesa.
“Puede haber control sobre estos hechos, pero no es absoluto”.
Por su parte, Rosalina Tuyuc dirigente de la Coordinadora Nacional de
Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), considera que “las pandillas y el crimen
organizado han participado en estas nuevas masacres”.
6. Reflexiones de la
Relatora de Naciones Unidas
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la
mujer, Yakin Ertrük, visitó Guatemala en febrero del 2004. Tras su visita,
demandó terminar con la impunidad de los asesinatos de mujeres así como
eliminar los poderes paralelos a quienes considera responsables. De acuerdo a
la información recopilada por Ertrük, en Guatemala funcionan distintas estructuras
de poder paralelo que recurren a la violencia para incrementar su poder ante la
incapacidad del Estado de imponer su autoridad, como una forma de perpetuar
este sistema.
7. Reflexiones
de la Relatora de la CIDH
La Dra. Susana
Villarán, relatora especial sobre los derechos de la mujer de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitó Guatemala en septiembre
pasado, con el fin de obtener información calificada sobre la situación de
discriminación y de violencia contra las mujeres, evaluar las políticas e
instituciones de prevención, así como los obstáculos para que las víctimas y
sus familiares accedan a la justicia.
“Varias fuentes
afirmaron que la situación de los asesinatos y asesinatos de mujeres refleja un
aumento no sólo en términos numéricos, sino un agravamiento en el grado de
violencia y ensañamiento ejercidos contra los cuerpos de muchas mujeres
víctimas. En este sentido, la Relatora recibió informes consistentes sobre
asesinatos ‘ejemplificadores’, en los cuales los abusos reflejados en la
condición del cuerpo de la víctima y el lugar en los que fueron dejados los
cadáveres, persiguen el objetivo de enviar un mensaje de terror e
intimidación.”
La notoria
percepción de inseguridad que experimentan hoy día las mujeres en Guatemala, a
propósito de estos hechos, indica un efecto intimidatorio que puede llevar “a
enviar un mensaje perverso: que las mujeres deben abandonar el espacio público
que han ganado con tanto esfuerzo personal y social y recluirse nuevamente en
el mundo privado, abandonando su rol indispensable en el desarrollo nacional”,
sostiene la Dra. Villarán.
8. Síntesis y
reflexiones sobre las hipótesis
Hasta el momento, no existe una hipótesis determinante para explicar
las causas del feminicidio en Guatemala. En general, la mayoría de
razonamientos tiende a explicar el fenómeno general de violencia, pero aún
falta mucho para responder a preguntas básicas: ¿por qué en este momento están
matando a tantas mujeres? ¿Por qué matan a mujeres pobres que viven en zonas
urbanas marginales? ¿Por qué tanta saña? Es decir, las explicaciones,
principalmente de especialistas en seguridad y psicología social, consideran
este fenómeno como un agravante del clima general de violencia, un nuevo
complemento de una situación en permanente deterioro. A excepción de las
defensoras de los derechos de las mujeres, los demás no ven a éstas como un
objetivo en sí mismas.
A continuación, se pretende hacer una síntesis de las hipótesis desde
las diversas motivaciones que se han tratado de encontrar a este fenómeno
criminal. A la vez, se incluyen comentarios y cuestionamientos al respecto.
8.1 El desborde de las
maras
En su mayoría, los diversos sectores responsabilizan a las maras de
ser las autoras de estos hechos, sin considerar si su responsabilidad se limita
a la autoría material o incluye la intelectual. Algunos opinan que las maras
pueden ser principalmente ejecutoras materiales de los crímenes, planificados
desde sectores de poder más fuertes, como el crimen organizado y el narcotráfico;
y que, como sucede cuando a un grupo se le otorga algún poder y sobre todo
impunidad, lo aprovecha para sus intereses específicos, como ha ocurrido con
las PAC y los comisionados militares.
También se atribuye a una dinámica de violencia interna en las maras
y/o entre maras, con graves niveles de salvajismo, que ha alcanzado a las
mujeres porque se han incorporado más a estos grupos, desde una posición
subordinada y de gran vulnerabilidad, y/o porque habitan en los territorios que
tienen bajo su control, o porque son victimas casuales de hechos delictivos
cometidos por estos grupos. Al respecto, la PDH atribuye en su informe 2003 el
13% de muertes de mujeres a la “violencia juvenil” y 23% a violencia común.
Surge la duda si la atribución mayoritaria de estos crímenes a las
maras podría ser la explicación más fácil, dado que, por ser un grupo
socialmente repudiado, se le concibe como el autor “lógico” de hechos
repudiables.
Esta explicación podría obedecer al interés de justificar operaciones
de limpieza social y la aprobación y aplicación de leyes anti-maras, de “mano
dura”, como en El Salvador y Honduras. Si bien desde el Organismo Ejecutivo de
Guatemala no se ha presentado ninguna propuesta de ley al respecto, en el
Organismo Legislativo se encuentra en discusión un proyecto de Ley para
Prevenir, Controlar y Erradicar las Pandillas Juveniles, Agrupaciones Ilícitas
y Delincuencia Organizada, presentado por el Partido Patriota cuya dirigencia
está conformada por militares en retiro, como es el caso del General Otto Pérez
Molina quien fue director de Inteligencia Militar y Jefe del Estado Mayor
Presidencial en años pasados y ocupó el cargo de comisionado de seguridad
durante los primeros meses del actual gobierno.
En general, la opinión pública está mayoritariamente a favor de ese
tipo de medidas porque repudia a las maras desde hace mucho tiempo, incluso
desde antes que el problema de la inseguridad de las mujeres cobrara la
notoriedad que hoy tiene.
Otro interés que podría estar detrás de culpabilizar únicamente a las
maras, es el encubrimiento de la responsabilidad de sectores de poder en estos
hechos; por ejemplo, se ha puesto muy poca atención a la participación de
miembros de los cuerpos de seguridad en asesinatos de mujeres y se desconoce si
agentes de seguridad privada se han visto involucrados en crímenes de este
tipo.
Una posibilidad que no se ha mencionado es que las maras podrían estar
siendo instrumentalizadas para mantener un clima de terror en zonas donde vive
la población más pobre de las áreas urbanas, con el fin de prevenir la reacción
popular frente al agravamiento de la situación económica y social. De esta
forma, los organismos de seguridad no se desgastan en garantizar la protección
en estas zonas, por el contrario el sistema fomenta y permite mecanismos de
autoeliminación de la población a la cual considera desechable y potencial
gestora de reacciones o movimientos sociales de protesta. Esto resulta evidente
en aquellas zonas donde la policía se niega a entrar argumentando que no se lo
permiten las maras. Por el contrario, se movilizan cientos de policías y
soldados para reprimir protestas sociales, como ocurrió recientemente en la
finca Nueva Linda y en Los Encuentros, Sololá. Aunque esas medidas son de
carácter represivo, muestran la voluntad del régimen de actuar en función de
proteger únicamente intereses empresariales. Sin embargo, esta reflexión carece
también de un argumento vinculante que explique directamente los crímenes de
mujeres, porque el fenómeno criminal no se ha dirigido contra mujeres
organizadas o con liderazgo en su comunidad.
Las maras pueden ser el “comodín” idóneo para que un fenómeno de
violencia política parezca como parte de la criminalidad común. También, las
maras pueden ser el “comodín” perfecto para ejecutar diversidad de hechos
delictivos y violaciones de derechos humanos, por su vinculación a aparatos
clandestinos de seguridad, al narcotráfico y otras expresiones del crimen
organizado. De esa forma, los responsables intelectuales, que directamente promueven
y se benefician de estos hechos, quedan absolutamente ocultos y, por lo tanto,
en total impunidad. En este sentido, no debe olvidarse que las maras no son
grupos con estructura horizontal, sino que están constituidos a partir de
jerarquías de poder dentro de su compleja organización; los integrantes de los
niveles más altos generalmente son desconocidos por los jóvenes “de base”
(clicas), no se involucran en acciones operativas, ejercen un control férreo de
los integrantes de las maras y las actividades que les asignan, y son quienes
manejan las relaciones con cártels y poderes paralelos, muchas veces desde
fuera del país. Estos cabecillas gozan de un nivel de protección de la cual no
disfrutan los jóvenes mareros.
8.2. Crímenes pasionales
Con mucha recurrencia, la PNC ha dicho que una gran cantidad de
muertes violentas de mujeres son crímenes pasionales, derivados supuestamente
de infidelidades, celos, abandonos y rupturas de relaciones afectivas; incluso
de “amores platónicos” que sufren jóvenes, especialmente mareros.
Según la relatora de la CIDH, Susana Villarán, esta calificación no
está basada en una debida investigación e indica un patrón discriminatorio, una
falta de respeto para la dignidad de las víctimas o sus familiares, que tiene
el efecto de revictimizarlas.
La violencia contra la mujer en los noviazgos, matrimonios o cualquier
otro tipo de relación afectiva con un hombre, es un patrón de conducta que
históricamente se ha manifestado en nuestra sociedad, es expresión del modelo
de autoritarismo patriarcal que se califica como un crimen de poder por la
asimetría que existe a favor de los hombres en este tipo de relaciones. Pero
generalmente en esta clase de hechos no se ha empleado el modus operandi
(planificación, formas de ejecución, recursos utilizados) ni la saña que se
ejerce actualmente en los crímenes contra mujeres. También se diferencian en
que los autores de crímenes contra sus parejas o ex parejas, por lo general
actúan solos y de ninguna manera pretenden adquirir notoriedad porque se
presume que el hecho persigue únicamente la eliminación de una persona
determinada y no pretende enviar mensajes de terror a la sociedad.
Clasificar estos crímenes como pasionales puede conducir a
justificarlos, ya que supondría una inducción de la víctima hacia el victimario
al provocarle celos, al no hacerle caso a sus intenciones y no querer pasar a
ser de su “propiedad”. Desde esa perspectiva, las mujeres no pueden rehusarse a
aceptar a un hombre y a ceder a sus deseos porque son mujeres, deben
satisfacerles, porque el hombre “tiene instintos” que no pude reprimir lo cual
debe de ser comprendido y aceptado por las mujeres.
En todo caso, esto supone que la víctima ha sido objeto de acoso
sexual, conducta que no ha sido tipificada como delito pese a que es una
demanda que desde hace varios años han planteado las organizaciones que luchan
contra la violencia a las mujeres.
8.3. Eliminación de
testigos
En cuanto al interés del crimen organizado y el narcotráfico en matar
mujeres, esto se ha vinculado al objetivo de eliminar testigos directos o
indirectos. Pero habría que dilucidar si, en los pocos casos de denuncias y
procesos judiciales sobre acciones delictivas de estos grupos, las mujeres han
tenido un protagonismo tal en la acusación que sea necesario eliminarlas
sistemáticamente. La falta de investigación sobre estos hechos, incluido el
perfil de las víctimas, no permite saber en qué medida ellas estaban
relacionadas a este tipo de grupos.
8.4. Instrumentos de
venganza
En el marco de las hipótesis la mayoría de estos casos atribuidos al
narcotráfico, crimen organizado, maras o grupos delictivos, se maneja también
la posibilidad de que las mujeres están siendo utilizadas como instrumento de
venganza o ajuste de cuentas. Así, a través de la vida y los cuerpos de las
mujeres (novias, hermanas, hijas, parejas) se estaría dirimiendo problemas de
rivalidad, tráfico o distribución de droga u otros problemas ilícitos, a partir
de atacar en puntos sensibles de la afectividad. Para algunos, estos crímenes
tienen parecido a las venganzas de la mafia italiana de los años 30’, en las
cuales no se mataban entre jefes y/o sicarios, sino a sus novias, esposas y/o
familiares.
8.5. Promoción de la
ingobernabilidad, debilitamiento del estado de Derecho
También se dice que con los asesinatos de mujeres se buscaría
propiciar un clima de ingobernabilidad, aunque en esta hipótesis faltaría
explicar más directamente por qué a través de la muerte de mujeres se pretende
conseguir ese objetivo.
Una consideración en este sentido es que los crímenes contra mujeres
impactan más que los de hombres y, por lo tanto, dejan ver más claramente la
incapacidad del gobierno de turno para atender la principal demanda ciudadana
que es la seguridad. El seguimiento de esta hipótesis implicaría reconocer que
ese interés no tiene como objetivo único al gobierno actual, ya que el
incremento de las muertes de mujeres data de años antes que tomara posesión.
Más bien, podría sugerir la existencia de uno o más sectores de poder
interesados en evitar el funcionamiento de un estado de derecho y en mantener
un ambiente de terror e impunidad. Pareciera ser que el caos de la
institucionalidad del Estado, el desorden que provoca su infuncionalidad,
corresponden a un “orden” que se beneficia del desorden (la corrupción, el
enriquecimiento ilícito, la impunidad para todo tipo de abuso y delito, etc.).
En este sentido una de las recomendaciones que formuló la PDH en el estudio que
hemos mencionado, es la creación de la Comisión Internacional de Investigación
de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS); pero en
el último tiempo esa demanda no ha sido reiterada por la PDH cuando se refiere
a esta problemática. El modus operandi demuestra experiencia, dominio de
métodos que reproducen el patrón utilizado por el ejército en las acciones de
violencia contra las mujeres durante el conflicto armado, como se explicó en
las secciones “Historia inmediata de violencia contra las mujeres” y
“Características particulares” de esta investigación. Como se sabe, los CIACS
constituyen el punto de partida estructural y operativo del crimen organizado,
se considera que tienen algún tipo de control y relación con maras, y se les ha
identificado en la infiltración del aparato de seguridad y justicia, por lo
cual se le conoce como el “Estado paralelo”.
Una explicación poco mencionada y que podría aportar comprensión en
este sentido, es la que se refiere a que estos crímenes servirían para
justificar la continuidad de la militarización de la seguridad pública.
8.6. Limpieza social
La hipótesis sobre limpieza social aún no está desarrollada con
suficiente argumentación, ya que la mayoría de mujeres no pertenecían a maras
ni se ha registrado que tuvieran antecedentes penales. Según las cifras de la
PNC, solo un 2% de las asesinadas eran mujeres en condición de prostitución, un
sector objetivo de las políticas de limpieza social. Además, los argumentos al
respecto del PDH, parecen corresponder más a explicar un interés de
encubrimiento eliminando testigos por parte de los mismos grupos involucrados
en hechos criminales, no al interés de eliminar criminales.
8.7. Reacción violenta
del patriarcado
Desde las organizaciones de mujeres y de las relatoras internacionales
de derechos humanos que han atendido esta problemática, estos crímenes son la
expresión más grave de la violencia que el patriarcado ejerce contra las
mujeres en diferentes ámbitos (privados o públicos) y formas (física,
psicológica, sexual, económica), es decir de la violencia de género.
Pueden ser crímenes de odio que reflejan la exacerbación de la
misoginia con matices de violencia que se transmite en medios masivos de
comunicación a través de películas, programas ”talk show”, novelas, programas
“cómicos” y, entre otros, de anuncios publicitarios. Por ejemplo, una valla que
promueve esta forma de publicidad, ubicada en un sitio de mucha circulación de
la capital, dice “Aquí estarás en la mira de todos”, e ilustra la frase
con la foto de una mujer mostrando las piernas; otro anuncio, publicado a toda
página en un periódico con motivo del “hallowen”, incita a matar mujeres con la
sugestiva leyenda “¿A cuántas te vas a descabechar hoy?”, ilustrada por
una guillotina que tiene un envase de cerveza Dorada Draft listo para cortar la
corcholata, a la cual le sigue una fila de botellas esperando su turno. En las
emisoras populares, de alta audiencia, se transmite canciones que inducen
directamente a la violencia de género, como es el caso de “Asesino de
mujeres” del cantautor mexicano Alejandro Fernández (el potrillo),
quien aconseja a los hombres enamorados acribillarlas, rafaguearlas y matarlas
“de amor”. La publicación de este tipo de mensajes tan directos en un ambiente
social de violencia, machismo e impunidad podría considerarse una promoción
“creativa” del feminicidio.
Se ha analizado que ésta puede ser una reacción violenta del
patriarcado frente a los cambios que han ido presentándose en la dinámica
económica y social, así como la ocupación de espacios tradicionalmente asignados
a hombres. Se ubica aquí el fenómeno de la mayor incorporación de mujeres al
trabajo fuera del hogar, generador de ingresos, que ha sido alentada por la
misma necesidad de aportar a la economía familiar, ya sea complementando
ingresos o constituyéndose en la proveedora principal del grupo doméstico. El
manejo de recursos económicos, por escasos que sean, permiten a las mujeres
adquirir cierto grado de autonomía, mientras que su jornada laboral fuera de la
casa implica que dé una menor atención a roles tradicionalmente asignados,
especialmente el cuidado de los hijos. Esta situación le es constantemente
recriminada tanto en espacios públicos como privados, acusándola de propiciar
la delincuencia juvenil y la desintegración familiar porque ya no atienden a
tiempo completo al esposo, y va modificando patrones de conducta que alteran su
condición subordinada y su situación de enclaustramiento en el hogar y negación
de sí misma, con lo cual los hombres ven amenazado su poder.
De allí que surja la hipótesis de que estos crímenes persiguen el
objetivo de enviar un mensaje de terror e intimidación a las mujeres para que
abandonen el espacio público que han ganado y que se recluyan nuevamente en el
mundo privado.
Hay que agregar que no sólo las mujeres adultas y/o con pareja e
hijos, son quienes están “transgrediendo” los patrones de conducta. De diversas
formas, la noción de autonomía ha ido internalizándose en la conciencia de
miles de mujeres, especialmente las muy jóvenes, la cual hace crisis con el
modelo dominante de familia autoritaria. Contrario a lo que se piensa de que el
hogar es el sitio más seguro para las mujeres, muchas de ellas, en especial
niñas y jóvenes, abandonan el espacio familiar, total o parcialmente, con la
intención de huir de las agresiones de que son víctimas en este ámbito, como la
violencia física y psicológica, el incesto y el autoritarismo que controla sus
vidas en todo momento y circunstancia. Sin
embargo, la indiferencia del Estado para garantizar la protección de
adolescentes en condición de riesgo, las expone a otro tipo de amenazas por la
situación de vulnerabilidad que implica su “integración” a espacios de extrema
marginalidad urbana, como lo constituye la calle y/o la mara.
XVI.
Respuesta institucional del Estado
Una de las conclusiones
de la CEH es que los órganos de justicia durante el conflicto armado se
plegaron a los requerimientos impuestos por el modelo de seguridad nacional,
toleraron o participaron directamente en la impunidad que daba cobertura
material a las violaciones más elementales de derechos humanos, se volvieron
inoperantes y permitieron que la impunidad se convirtiera en uno de los más
importantes mecanismos para generar y mantener el clima de terror. “El sistema judicial del país, por su
ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley,
tolerando y hasta propiciando la violencia (...) La impunidad caló hasta el
punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en
un medio como en un fin.”
Múltiples
esfuerzos de la sociedad civil guatemalteca y la cooperación internacional se
han desarrollado para mejorar el sistema normativo, el aparato de seguridad y
la administración de justicia. Sin embargo, la principal demanda de la
población sigue siendo la protección de su vida, su integridad y sus bienes,
debido a que el Estado de Guatemala no ha cumplido su obligación constitucional
y sus compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz de reformar y fortalecer el
sistema de seguridad y justicia que carecen de toda credibilidad social.
En noviembre del
2004, las organizaciones integrantes de la Red de la No Violencia contra las
Mujeres y la Coordinadora 25 de Noviembre manifestaron su indignación por la
inoperancia sistemática en la persecución y castigo de los culpables de las
muertes de mujeres en Guatemala.
Por su parte, la
Relatora de la CIDH hizo énfasis en que la falla para investigar, procesar y
castigar a los responsables de esta violencia ha contribuido profundamente a un
ambiente de impunidad que perpetúa la violencia contra las mujeres
guatemaltecas.
La falta de
registros impide establecer con exactitud el índice de cumplimiento de las
instituciones de seguridad y justicia en sus funciones para prevenir,
esclarecer y sancionar los crímenes contra mujeres. Sin embargo, algunos datos
publicados aisladamente permiten tener alguna idea de la débil labor de
investigación de estos hechos; por ejemplo, el informe de la PDH del 2003
indica que en el 82% de los casos no existe nadie identificado como responsable
o sospechoso del crimen.
1. Impunidad y
revictimización
La impunidad, un
fenómeno generalizado en Guatemala, constituye el corolario de los delitos
contra la vida de las mujeres y es parte del ciclo de violencia que estimula la
comisión de este tipo de hechos. Es aquí donde la responsabilidad del Estado de
Guatemala adquiere dimensiones graves, donde los delitos violentos contra las
mujeres asumen un carácter político, pues la falta de acceso y/o la denegación
de justicia implican la abdicación de las funciones que las instituciones deben
cumplir para dar seguridad y garantizar el derecho a la justicia de la
población.
El Estado de
Guatemala somete a un proceso de revictimización a las personas afectadas por
el feminicidio, quienes además del dolor por la muerte violenta de una mujer,
deben atravesar la ruta de indiferencia, trato cruel, estigmatización y falta
de respuesta en las instituciones que tienen el deber de resolver estos casos.
La mayoría opta por no emprender acciones ante los órganos de seguridad y
justicia, para evitarse estos problemas y/o la represalia de los ejecutores,
pues saben que serán ineficaces y únicamente pueden traerles otras
complicaciones emocionales o de seguridad.
No existen
estadísticas que permitan afirmar con precisión la cantidad de asesinatos y
asesinatos de mujeres que no han sido investigados, que carecen de expediente
abierto, que han sido archivados, clausurados o sobreseídos; en el caso del MP,
éste no se han ocupado de diferenciar los asesinatos por sexo ni por el móvil
del crimen. Más del 70% de los casos, según informes de la PDH, no han sido
investigados y se desconocen los móviles. Es decir, las instituciones de
justicia carecen de registros que permitan establecer las estadísticas de la
impunidad en estos casos. La relatora Villarán, pudo constatar “la
invisibilización de violencia contra la mujer en la ausencia de estudios o
estadísticas” sobre estos hechos.
La PDH señala la
falta de capacidad investigativa de las estructuras estatales, conjugada al
escaso o casi nulo interés por su esclarecimiento y comprensión, e indica que
“lamentablemente, por la herencia de la política contrainsurgente y su propia
debilidad, el Estado se convierte en el que viola los elementales derechos de
la población y, asimismo, sirve de manto de impunidad para quienes cometen
actos contra la vida, la integridad personal y la convivencia pacífica y
armónica de la sociedad.”
La institución
del PDH sostiene que el Estado no ha cumplido con la creación de un plan
nacional de seguridad democrática y derechos humanos, cuya agenda básica está
contenida en el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del
Ejército en una Sociedad Democrática. Las instituciones directamente
involucradas con la seguridad ciudadana y la prevención de la muerte violenta
de mujeres, no cuentan con un plan integrado y coordinado, que permita prevenir
y evitar estas muertes, y castigar como corresponde según la ley a quienes las
cometen.
La ineficacia del
sistema de seguridad y justicia, se evidencia en que, de los 152 casos a cargo
de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, el 28% de las víctimas
habían sido agredidas sexualmente y un 31% habían sido previamente amenazadas,
según los reportes entregados a la Relatora de la CIDH.
Denunciar y solicitar
la protección del Estado no ha servido de nada en estos casos, las medidas de
seguridad que la ley otorga a las mujeres sujetas a violencia en su entorno
personal o familiar, no son eficaces para impedir que el agresor se acerque a
su víctima ya que tras la emisión de la orden, la Policía llega a la casa una
vez y nunca más regresa, según lo estableció la relatora Villarán. Como
ejemplo, expuso que dos de las mujeres asesinadas llevaban una orden de
protección consigo. Otro dato elocuente es que de los casos llevados por
la Fiscalía de la Mujer, solo uno ha llegado a la fase de debate.
2.
Situación institucional
Por medio de las entrevistas realizadas a profesionales que
trabajan por el mejoramiento del sector de seguridad y justicia, se ha podido delinear
un panorama general de la situación que prevalece en las instituciones
respectivas, el cual evidencia múltiples debilidades, falencias y problemas,
estructurales y coyunturales, cuya resolución ha sido obstaculizada en gran
medida por falta de voluntad política de las diferentes administraciones
gubernamentales.
2.1.
Policía Nacional Civil
La PNC es la institución del Estado encargada de velar por la
seguridad ciudadana y ser el ente auxiliar de la investigación del delito
dirigida por el MP, así como dar cumplimiento a órdenes de captura, de
protección y otras medidas cautelares ordenadas desde los órganos
jurisdiccionales. En síntesis, su trabajo es de prevención, protección de la
población y ejecución de medidas judiciales (ver Constitución y Ley PNC).
La creación de la PNC, en sustitución de la anterior Policía
Nacional, de trayectoria represiva y corrupta, data de 1997 y surgió en el
marco del proceso de paz, específicamente del Acuerdo sobre Fortalecimiento del
Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Sin embargo, la
PNC nació debilitada por el reciclaje de agentes de formación militar, como los
de la Guardia de Hacienda, que fueron incorporados desde sus inicios.
A pesar de esto, hasta 1999, en la Academia de la PNC se
habían graduado varias promociones de agentes que lograron recuperar alguna
credibilidad en la institución, cuyo funcionamiento ha dependido de la
cooperación internacional, como ocurre con la mayor parte de acciones
correspondientes a los Acuerdos de Paz. Pero el divorcio entre la teoría y la
práctica se fue haciendo cada vez mayor. Durante el gobierno anterior,
volvieron a posiciones estratégicas comisarios de la época del Coronel Germán
Chupina Barahona (gobierno militar de Lucas García 1978-1983) y muchos agentes
que ni siquiera habían pasado por el llamado proceso de “reciclaje”; incluso se
nombró en la dirección de la PNC a personas que no llenaban los requisitos de
la Ley Orgánica de la institución. Actualmente, el trabajo de la academia se ha
demeritado y no funciona como un mecanismo de selección y preparación de
agentes; incluso, estas entidades de la sociedad civil que trabajan en el campo
de la seguridad pública, han advertido que los jefes de comisarías advierten a
los agentes recién egresados que deben olvidar lo aprendido, sobre todo en
materia de respeto a los derechos humanos y al debido proceso judicial. Esto
implica dos graves problemas: por un lado, la violación de derechos humanos y
la comisión constante de abusos policiales, y, por otro, que los órganos
jurisdiccionales deben deméritar pruebas obtenidas en forma irregular o dejar
libres a personas capturadas en detenciones ilegales.
En febrero de 2005, trascendió el despido de la mayoría de
catedráticos/as de la academia de la PNC, quienes, según algunas fuentes de
grupos pro-justicia, serían sustituidos por militares, cuya formación y
práctica carece de fundamentos basados en los derechos humanos, el debido
proceso, la prevención del delito y la perspectiva de diálogo con la comunidad,
elementos primordiales para promover un sistema de seguridad democrática.
Los grupos pro justicia señalan que en Guatemala no existe
voluntad para fortalecer el poder civil, por el contrario se reitera la
tendencia a mantener la autoridad y los procedimientos de los estamentos
militares en la seguridad pública. En la PNC se ha institucionalizado la
corrupción, y durante los últimos años hubo una intención sistemática por
debilitar a la institución; en el gobierno del FRG se nombró a cinco ministros
de Gobernación y ocho directores de la PNC, de los cuales algunos desconocían
completamente sus funciones.
Las mafias o el crimen organizado han copado las diferentes
estructuras de la PNC considerándose de parte de estos grupos que por lo menos
la mitad de comisarios, oficiales y agentes estarían vinculados a la
criminalidad.
Según su criterio, la depuración que las autoridades han
publicitado en el último año, constituye sólo una separación de agentes que
probablemente están vinculados a la corrupción, pero no se investigan sus
actuaciones y son muy pocos los casos que llegan a procesos judiciales. Los
agentes “depurados” salen con el expediente limpio, y van a engrosar las filas
de las agencias de seguridad privada que están saturadas de personas vinculadas
a delitos; en dos o tres años estos agentes pueden volver a la PNC porque no
hay antecedentes que se lo impidan. No se está aplicando el Reglamento
Disciplinario de la PNC, reformado en el 2003 en acuerdo con los grupos
pro-justicia de la sociedad civil. Si
bien es cierto se ha agilizado la investigación de denuncias a la Oficina de
Responsabilidad Profesional, en ésta no se investigan los casos más graves.
Asimismo, los grupos pro justicia señalan que el Servicio de
Investigación Criminal (SIC) no realiza acciones eficaces que aporten pruebas
suficientes para actuar contra los responsables de hechos delictivos; se
considera que también está copado por la corrupción, incluso a nivel de
dirección, además sus integrantes carecen de capacitación profesional. El SIC
trabaja sin hipótesis de criminalidad por sectores que podrían servir para
acciones de prevención del crimen y protección a la comunidad, pese a que el
registro de datos en los informes de la PNC aporta insumos sobre los sectores
de mayor riesgo. Es bastante reiterada la práctica en el SIC de desestimular al
denunciante, con frases como “no se puede hacer mucho”, “es demás tratar de
averiguar”, “no va a lograr nada”, aunque se tenga información básica para
encaminar la investigación.
A mediados del año pasado, el ministerio de Gobernación
informó que había sido constituido un “grupo élite” para atender los casos de
violencia contra las mujeres; sin embargo, a principios del 2005, se informó
que esta Sección de Asesinatos contra Mujeres fue debilitada con la salida de
17 de sus 22 investigadores, quedando sólo tres en el trabajo de investigación
de 257 crímenes, ya que uno de los agentes asignados está de vacaciones y otro
en capacitación. Para el director de la PNC, Erwin Sperisen, la medida responde
a la necesidad de dotar de más investigadores a la Sección de Asesinatos, ya
que la relación de crímenes de hombres y hombres “es de tres a uno”. Para este
alto funcionario, la decisión no traerá mayores problemas porque la sección
fortalecida investiga “sin importar el género” de las víctimas. Es en estos casos donde un criterio
errado sobre la igualdad implica una inequidad, porque representa la
desatención a condiciones específicas, relación de hechos y pautas que permitan
trabajar en hipótesis que aborden el fenómeno criminal en su conjunto y la
especialización para investigar los casos específicos. Representa, otra vez,
invisibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres y abordarla de
acuerdo a sus propias características.
Otra de las debilidades es que no existe cruce de información
entre las diferentes secciones de la PNC, lo cual genera dispersión y
duplicidad de trabajo que debilita la documentación de los casos y el
seguimiento de pistas.
Estos problemas son agravados por la pugna entre la PNC y el
Ministerio Público, que lejos de coordinar sus funciones de investigación y
persecución del delito, hacen de la escena del crimen un objeto de disputa
permanente. En estos casos se da tanto la duplicidad de funciones como la renuencia
de los agentes policíacos a seguir las instrucciones de los fiscales “porque
son civiles”. Este argumento de los policías refleja la concepción militarista
que tienen de su trabajo, que no se reconocen a sí mismos como parte de una
institución civil de seguridad y, mucho menos, que son auxiliares del MP en la
investigación.
Otra debilidad que favorece la impunidad que prevalece en las
muertes violentas de mujeres, la constituye la falta de unificación del trabajo
forense, como parte de la descoordinación que existe en la investigación
criminal de las instituciones responsables de este trabajo. La PNC y el MP
cuentan con laboratorios forenses que están subutilizados por falta de
preparación y de voluntad para constituirlos en proveedores de evidencias científicas
necesarias en un proceso que vaya más allá de la prueba testimonial para ser
más eficiente y exacto. En general, la escena del crimen carece de protección,
es objeto de saqueo y de contaminación intencional o involuntaria, ya sea de
parte de los propios agentes del Estado, los bomberos, la prensa o de la
población estimulada por el morbo y el sensacionalismo de los medios, que son
los primeros en llegar al lugar.
El trabajo forense no es realizado por personas capacitadas
para estas labores y en general carecen de vocación de servicio y sensibilidad
que resulta en atropellos constantes a la población que requiere de sus
servicios (por ejemplo, mujeres violadas). La dispersión aumenta por la
intervención del servicio forense del IGSS, a donde son llevadas las personas
afiliadas. Por lo general, no existe unificación de los dictámenes de la PNC,
el MP y el IGSS, en su caso, por lo que pueden aparecer puntos discordantes que
entorpecen el rumbo de la investigación y pueden implicar depurar o desechar
evidencias a valorar en una hipótesis del crimen. De acuerdo a la PDH los
informes forenses son muy pobres y no hay coordinación con la unidad de
desaparecidos y la de investigación de crímenes, lo cual deriva en que no haya
una cifra exacta.
Pero la responsabilidad de la PNC en cuanto a los crímenes
contra mujeres no se limita a su falta de acciones efectivas para prevenirlos e
investigarlos, es decir, no se limita a la omisión. Según diversos reportes,
existe al interior de la institución un patrón de abusos contra mujeres, que
vincula a miembros de la PNC en el feminicidio. Por ejemplo, el Procurador de
Derechos Humanos, Sergio Morales, declaró que no había ninguna acción en contra
de 23 agentes policíacos a quienes denunció ante la dirección de la PNC por
estar implicados en diez crímenes contra mujeres.
Un monitoreo de prensa sobre abusos policíacos contra
mujeres, realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
(ICPG), da cuenta que funcionarios de diferentes niveles de la institución,
desde comisarios hasta agentes, han sido acusados de responsabilidad y
participación en 19 ejecuciones extrajudiciales de mujeres ocurridas en el
primer semestre del 2004.
Este reporte incluye conductas delictivas de jefes y agentes de la policía, que
además de ejecuciones extrajudiciales, han cometido otras acciones contra
mujeres, como detenciones y registros ilegales, robos, agresiones sexuales,
agresiones en general, actos de corrupción, amenazas, torturas, allanamientos
ilegales, violación de presunción de inocencia (a través de la presentación a
los medios de comunicación), secuestro, extorsión e incumplimiento de deberes.
El monitoreo del ICPG da cuenta que de enero a junio de 2004, se publicaron
noticias de nueve violaciones sexuales y nueve detenciones ilegales cometidas
por policías.
Se desconoce si estas personas han sido depuradas de la
institución, si en su expediente están anotados estos hechos, si se ha seguido
proceso judicial por estos hechos o, si los capturados han sido condenados o
absueltos.
En el siguiente cuadro, se anotan algunos casos en que se ha
señalado la participación de jefes y agentes policíacos.
HECHOS DELICTIVOS CON
PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA PNC
(Publicados en periódicos)
·
El
SIC de Puerto Barrios detuvo a la agente Alba Estela Hernández, por investigar
el robo de furgones en Izabal. (PL 9/Oct/2003, p. 12, y EP p. 6).
·
Agentes
denunciados por asaltar a mujeres en Jalapa. (PL 22/11/2003, p. 32).
·
Jefe
de Sub-estación policial de zona 18 acusado de abusos sexuales a ex reclusa.
(ND 12/02/2003 p. 5, y EP p. 8).
·
Denuncian
asaltos y abusos sexuales en retenes. (EP 26/08/2003 p. 2).
·
Agente
María Ovando Dionisio denuncia acoso sexual a mujeres detenidas por parte del
Sub inspector Oliverio Santos de la Sub-estación de Villa Nueva (EP 8/09/2003
p. 8).
·
Denuncian
agresiones contra mujeres en desalojos, protestas y en redadas de prostitutas
(ND11/05/2003 p. 5, ND 7/08/2003 p. 4, y ND3/10/2003 p. 6).
·
Denuncian
registros vaginales en cárcel de Escuintla y en el Aeropuerto.
(AD 26/10/2003 p. 2).
Agentes detenidos por haber
ejecutado a mujer, Gladis de León Vásquez (PL 20/02/2004).
·
Dos
agentes de la PNC participaron en el secuestro de Felisa Oneyda Orellana Del
Cid (44), en la zona 2 de Mixco; su cadáver apareció en El Campanero, Mixco. (P L 8/04/2004, p. 2).
·
Agente
de PNC Bartolomé Tení Cuc involucrado en el secuestro de Oliberta Elizabeth
Gómez, quien fue asesinada con arma blanca. Posteriormente fue detenido a raíz
de protestas de miles de estudiantes de Quiché. (PL 20/05/2004 y PL
11/06/2004).
·
Banda
de delincuentes (plagios, violaciones, robos, asesinatos, atracos a viviendas),
integrada por 5 agentes de los cuales 3 pertenecían al Servicio de Información
de la Policía; se les acusa del asesinato de una mujer en Amatitlán. (PL
25/06/2004, EP 25/06/2004).
·
Un
agente de la PNC violó y asesinó a una adolescente en Panzós, A. Ver. (EP
21/05/2004).
·
Agente
Oscar Telón Divisas, integraba la banda que secuestró a Silvia Martínez y
Lilian Zedán Zimeri. (ND 09/02/2004).
·
Banda
PNC (secuestros, narco) en la que se involucró al sub comisario Rudy Arnulfo
Girón Lima, vinculado al secuestro de los sobrinos del presidente del Banguat,
Lizardo Sosa. (ND 06/04/2004).
·
Banda
“El grupo de los 12”, dirigida por el oficial 3º. Rafael Ixcal Pérez de la PNC
de Villa Nueva o Villa Canales. 5 agentes reconocidos. (ND 26/06/2004 y S XXI
16/03/2004).
·
Agente
PNC Marco Tulio García López, de la comisaría de San José Pinula, mató a
disparos a su conviviente de nacionalidad nicaragüense (S XXI 16/03/2004).
·
Oficial
3º. Teófilo Pérez, denunciado a la ORP por recibir dinero de narcos, de
comerciantes de carros y de centros nocturnos de Amatitlán, Villa Nueva y San
Miguel Petapa (S XXI 12/04/2004).
·
Agentes
de la comisaría 12 denunciados por abusos contra detenidas, registros ilegales,
abusos a la dignidad, seguridad e integridad física. (LH 22/05/2004).
·
Tres
agentes PNC capturados: asaltaban en la ruta de carretera a El Salvador,
acusados además de violación, amenazas, detenciones ilegales, abusos a la
autoridad. (AD 18/02/2004 p. 4).
Estos casos concretos evidencian que ha sido una
constante práctica en la PNC la comisión de abusos, que se convierten en
delitos contra mujeres. Estos hechos delictivos se cuentan asesinatos y
violaciones cometidas por abuso de autoridad o por pertenecer directamente a
bandas de delincuentes. Todos estos hechos involucran a miembros de las
diferentes jerarquías de la institución: desde agentes de menor rango hasta
comisarios.
2.2.
Ministerio
Público
El Ministerio Público (MP) es una institución con
funciones autónomas, que debe promover la persecución penal, dirigir la
investigación de los delitos de acción pública y velar por el estricto
cumplimiento de las leyes del país.
El MP es una institución relativamente nueva, cuyas
funciones fueron reformadas en el Código Procesal Penal que entró en vigencia
en 1994, el cual cambió la estructura del proceso del modelo acusatorio al
modelo probatorio, y del modelo escrito al modelo oral.
A criterio de especialistas, el MP nació debilitado con una
fuerte influencia de la Dirección de Inteligencia del Ejercito (G2) y del
Estado Mayor Presidencial, ambas estructuras militares que han concentrado la
investigación sobre seguridad a partir de las atribuciones que el modelo contrainsurgente
del Estado usurpó a los organismos civiles de justicia y seguridad. Es
públicamente conocido que en el MP han funcionado estructuras paralelas de
carácter militar que han impedido el desarrollo de la institución y el
cumplimiento de sus funciones a fin de mantener la cooptación de las
estructuras civiles encargadas de enfrentar la impunidad.
La falta de atención sensible y profesional a las personas
denunciantes de delitos, la intención de trabajar lo menos posible, la
debilidad de la investigación, la carencia de capacitación para recolección,
protección y manejo de las evidencias, así como la poca preparación de las
acusaciones que permitan la apertura a juicio, la débil participación en los
debates para lograr la condena de los responsables de delitos, han sido
deficiencias permanentes del MP que han constituido a la institución en un
baluarte de la impunidad.
En lugar de facilitar el acceso a la justicia, inicialmente
en la recepción de denuncias, en el MP existe una práctica que desestímulo la
demanda de las víctimas para que se realicen acciones judiciales en casos en
que han sido afectadas. En el proceso de reingeniería que se lleva actualmente
a cabo en la institución, esta tendencia parece ser fortalecida, según la
opinión de la Dra. Rebeca González ex directora de la Oficina de Atención a la
Víctima (OAV) del MP. Entre los cambios implementados en la gestión del actual
Fiscal General, Juan Luis Florido, se ubica la reducción de las funciones de la
OAV, que anteriormente implementaba un modelo de atención integral con abordaje
jurídico, psicológico, médico y social. La reingeniería, que según la Dra.
González obedece a una visión neoliberal y por lo tanto inhumana, cercenó la
atención legal que la OAV daba a cualquier persona, pues sus puertas estaban
abiertas a quien necesitara plantear su situación para recibir orientaciones
sobre las acciones a realizar, incluso en los casos en que los hechos no eran
constitutivos de delito, sino correspondían a ramos no penales de la justicia.
Sin embargo, actualmente la OAV sólo atiende a víctimas de delito de alto
impacto, que se encuentren en estado de crisis psicológica y que hayan sido
referidas desde la Oficina de Atención Permanente (OAP), en la cual no se
ofrece orientación legal. La ex funcionaria afirma que esto es un grave
obstáculo al acceso a la justicia, pues la mayoría de personas llegaban a la
OAV a solicitar atención jurídica, debido a que en Guatemala la población
carece de información legal básica. La OAV trataba de empoderar a las víctimas,
en lo legal y psicológico, para que iniciaran las acciones legales y
continuaran impulsando el proceso, contribuyendo así a la aplicación de la
justicia. Sin embargo, este empoderamiento era considerado por muchos fiscales
como una injerencia, ya que implicaba más trabajo, pues si la persona conoce
sus derechos no es fácil que “le tomen el pelo”, pero “aquí todo el mundo
prefiere que la gente sea ignorante, que no reclame nada, porque es más fácil
para ellos hacer las cosas a su manera”, afirma la Dra. González.
La OAV recibía un promedio de 500 personas al mes, pero con
la reducción de sus funciones, la reingeniería ha logrado que sólo atienda a
menos de 100, como ocurrió en el mes de diciembre de 2004. Esto tiene mucha
relación con que, en la actualidad, la OAV ya no atiende a víctimas de
violencia intrafamiliar, que eran la mayor parte de sus usuarias (un promedio
del 70%, en su mayoría mujeres y niñas); como se sabe, la violencia
intrafamiliar no está tipificada como delito y por lo tanto ya no es atendida
en esta entidad. Otra razón por la cual la OAV ha reducido su trabajo, es
porque se le asignan únicamente atender a víctimas de delitos de “alto
impacto”, que son definidos según los criterios de los receptores de denuncias
de la OAP. La Dra. González afirma: “Sólo una persona que lo está viviendo
puede saber qué tan importante es, qué consecuencias puede traerle a su vida;
pero usan el criterio de bagatelas, asuntos de menor cuantía, lo minimizan de
tal forma que lo desechan, lo engavetan, lo clausuran y la pobre gente se queda
esperando que la citen algún día”.
Esta ineficiencia e ineficacia se refleja en las memorias de
labores del Ministerio Público, pero especialmente en el alto grado de
impunidad que las instituciones del sector justicia fomentan en Guatemala.
Por ejemplo, en la Memoria de Labores 2003 del MP da una idea
de la ineficiencia e ineficacia de una institución tan importante para
garantizar el Estado de Derecho: de 229,572 denuncias de hechos delictivos
recibidas sólo en el 1.29% de casos se presentó acusación y únicamente se
realizaron 968 debates, es decir sólo el 0.42 % de casos llegaron a esa etapa
judicial.
|
TRABAJO DEL MP
|
2001
|
2002
|
2003
|
|
Total
denuncias y querellas recibidas
|
222,436
|
-100%
|
238,936
|
-100%
|
229,572
|
-100%
|
|
Desestimados
|
35,527
|
15.97%
|
36,625
|
15.32%
|
26,356
|
11.48%
|
|
Desjudicializados
|
8,002
|
3.60%
|
7,233
|
3.02%
|
5,233
|
2.27%
|
|
Acusaciones
formuladas
|
2,140
|
0.96%
|
2,013
|
0.84%
|
2,969
|
1.29%
|
|
Procedimientos
abreviados
|
255
|
0.11%
|
242
|
0.10%
|
406
|
0.12%
|
|
Debates
realizados
|
675
|
0.30%
|
630
|
0.26%
|
968
|
0.42%
|
|
Clausura
provisional
|
5,299
|
2.38%
|
4,912
|
2.05%
|
4,767
|
2.07%
|
|
Sobreseimiento
|
7,976
|
3.59%
|
8,557
|
3.58%
|
7,144
|
3.11%
|
|
Archivo
|
72,016
|
32.38%
|
79,706
|
33.36%
|
76,320
|
33.24%
|
|
Traslados
por no ser su competencia
|
21,166
|
9.52%
|
21,554
|
9.02%
|
15,894
|
6.92%
|
|
En
investigación
|
70,310
|
31.61%
|
78,336
|
32.79%
|
90,889
|
39.59%
|
Dado que sus estadísticas no contienen disgregaciones por
tipo de delito, ni mucho menos están desagregadas por sexo de las víctimas, ha
sido imposible sacar de ellas datos que permitan precisar la situación en los
casos de feminicidio.
Sin embargo, algunas cifras conocidas evidencian que las
denuncias interpuestas por mujeres ante el MP no han derivado en acciones
efectivas de protección y justicia para la victimas. La relatora de la CIDH,
Susana Villarán, conoció que, de 152 casos de muertes de mujeres a cargo de la
Fiscalía de la Mujer del MP, el 31% había sido precedido de amenazas. Esto no
extraña a Marlene Blanco, encargada de la oficina de Atención a la Víctima de
la PNC, donde mensualmente se recibe un promedio de 800 denuncias de mujeres.
"La mayoría de las mujeres que han asesinado es porque denuncian sus casos
en el Ministerio Público", afirma la sub comisaria. La fiscal de delitos
contra mujeres del MP, Sandra Sayas, reconoce deficiencias para dar protección
a las mujeres denunciantes, porque, por ejemplo en los casos de violencia
intrafamiliar, las medidas de seguridad “no siempre se dan de inmediato; sólo
sirven para decirle al victimario que no se acerque a su pareja y resultan
efectivas únicamente si la mujer tiene el documento a mano y hay un policía a
tiempo, para evitar una nueva agresión".
La Fiscalía de Delitos contra la Mujer, se encargó de
investigar los asesinatos de mujeres hasta agosto del 2004, recibiendo
múltiples críticas por su falta de resultados; por ejemplo la relatora de la
CIDH, Susana Villarán, llamó la atención que de los casos de este tipo
tramitados por esta fiscalía, solo uno había llegado a la etapa de debate en
septiembre del 2004. Según Sayas, uno de los principales obstáculos mientras
estaba a cargo de estas investigaciones era la escasez de recursos, ya que ella
era la única encargada de las verificaciones y solo contaba con ocho
auxiliares, quienes trabajaban un promedio de 15 casos, al mismo tiempo que investigaban
sustracción y trata de menores, violencia intrafamiliar y otro tipo de delitos
domésticos. Sólo contaban con un vehículo que debían turnárselo una vez a la
semana, al igual que los teléfonos celulares. Sin embargo, esta limitación
parece desvanecerse con la creación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, a
finales de septiembre del 2004. Esta dependencia se compone ahora de 10
agencias, con cuatro fiscales auxiliares, dos oficiales y uno titular, lo que
suma un total de 70 agentes. Sin embargo, su director, Renato Durán Menéndez,
explica que el personal y equipo no son exclusivos para los casos de asesinatos
de mujeres, sino deben investigar todo tipo de asesinatos cometidos contra
adultos en el departamento de Guatemala, exceptuando los municipios de Villa
Nueva, Mixco, San Juan y Amatitlán.
La Dra. González critica la medida de trasladar los casos de
asesinatos de mujeres a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, porque “se
diluyen, las mujeres pasan a ser parte del montón de asesinatos que suceden sin
que haya un ente especializado en este tipo de crímenes”.
Al parecer es una tendencia de las instituciones encargadas
de la investigación de delitos a anular la atención especializada de las
muertes violentas contra mujeres, pues, como se apuntó en el apartado sobre la
PNC, ambas los han mezclado con los asesinatos de hombres. Por un lado, esto
tiene repercusiones en la disposición de recursos para investigar y perseguir
estos delitos contra las mujeres, y por otro, principalmente, implican obviar
las características específicas que los diferencian de las muertes violentas de
hombres, por ejemplo que en muchos casos las mujeres han sido violadas,
torturadas y mutiladas, un patrón criminal que no se repite en las personas
del sexo masculino. “Se abordan los casos de manera igual, la gente que trabaja
en estos lugares no está capacitada ni preparada para el abordaje de los
crímenes contra mujeres”, indica la Dra. González.
En cuanto a la recopilación, manejo y resguardo de evidencias
la Dra. González dice que la situación es catastrófica y se contaminan o
pierden en la gran mayoría de fiscalías, porque las dejan en cualquier lado,
desaparecen y las manipulan, incluso algunas las ponen en uso como ha sucedido
con computadoras y vehículos incautados para servir de prueba.
Otra debilidad importante en el MP es la conceptualización de
las mujeres víctimas que parte de la noción de que ellas tienen cierto grado de
responsabilidad en el hecho delictivo cometido en su contra. En esta concepción
yacen y se reproducen los estereotipos patriarcales según los cuales “a las
mujeres les gusta que les peguen”, que los hombres tienen derecho a corregir y
controlar las conductas femeninas o que las mujeres no deben compartir espacio
con los hombres ni salir del ámbito privado para no correr peligro.
El Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público
trabaja en base a una tipología de víctimas que las clasifica de acuerdo a su
“grado de responsabilidad”. Sus parámetros definen los siguientes tipos de
víctimas: inocentes (no hacen nada ni se ponen en riesgo, pero de todos
modos le pasa algo); imprudentes (hacen cosas indebidas como caminar en
zonas peligrosas, se divierten fuera de sus casas, se relacionan afectivamente
con algún delincuente y no atienden consejos); provocadoras (quienes
retan sin motivo); voluntarias (permiten su victimización continuada); simuladoras
(fingen ser víctimas). Esta tipología fue publicada con el titulo de “El perfil
de la víctima” en un artículo periodístico basado en estudios del psiquiatra
Juan Jacobo Muñoz, quien trabaja en la dependencia mencionada.
Esta es una corriente victimológica obsoleta que implica
reducir y/o minimizar la culpabilidad del hecho y por consiguiente la
penalización de éste.
2.3. Organismo Judicial
Para tratar de establecer en qué medida y de qué manera el
Organismo Judicial (OJ) está aplicando la justicia en los casos de feminicidio,
se trató de consultar registros en el Centro Nacional de Documentación del OJ
(CENADOJ) y en el Centro de Gestión Penal ubicado en la Torre de Tribunales. La
búsqueda fue infructuosa debido a la carencia de registros que aporten datos
sobre el trabajo de los Juzgados, Tribunales de Sentencia, Salas de Apelación,
etc. También se consultó la Memoria de Labores de este organismo que tampoco
informa sobre el quehacer judicial.
Evidentemente, las debilidades y falencias de las
instituciones encargadas de la investigación de delitos (PNC y MP) representan
un grave obstáculo para la aplicación correcta de la justicia como se explicó
anteriormente. Pero, de acuerdo con estudiosos de la problemática del sistema
de justicia, este organismo también adolece de problemas similares que impiden
el cumplimiento de sus funciones.
Una de las preocupaciones la constituye las actitudes y comportamientos
de los operadores de justicia frente a los casos de violencia contra la mujer.
Según Jueza de Paz, la violencia contra la mujer se ha incrementado porque se
ha visto que no hay persecución ni sanción penal efectiva contra los
criminales. “Una mala investigación preliminar no permite desarrollar un buen
procedimiento, pero en los juzgados tampoco existen medios, capacidad ni
voluntad para resolver estos casos en justicia”. Según la jueza, prevalece la
actitud burocrática en algunos operadores que consideran innecesario emitir
condenas porque “a fin de mes de todos maneras reciben el mismo salario” hayan
o no condenado, o hayan o no impulsado un proceso. Los jueces y operadores de
justicia en general no quieren perder su status de poder, mientras los
organismos de supervisión son inefectivos. La jueza comentó casos de abandonó
de juzgados en horas laborales o de turno para lo cual los jueces incluso dejan
firmadas ordenes de libertad en blanco (sin nombre), cuya emisión queda a cargo
de un oficial.
También existe mucho temor a las represalias a que pueden dar
lugar fallos condenatorios. Por el contrario, según jueza es mayor en interés
en “sacarle raja a los casos” que alimentan la imperante corriente de
corrupción en este medio.
Por ejemplo, en San Antonio Ilotenango, Quiché, la Defensoría
Indígena Wajxaqib’ Noj documentó el caso del robo de una pensión alimenticia
(Q400) por los oficiales del Juzgado de Paz local.
2.4. Acciones de la PDH
La PDH ha sido una de las instituciones que mayor preocupación ha
mostrado en relación al feminicidio, dándole seguimiento y manteniendo presión
constante ante las autoridades gubernamentales para que atienda la problemática
con la debida seriedad que demanda.
Entre las acciones que la PDH ha impulsado se pueden enumerar:
·
Realización de una investigación sobre el problema, en el
año 2003 y 2004?
·
Apertura de expedientes de investigación en los casos que
ha sido posible establecer relación con los cuerpos de seguridad (PNC) y
presentación de las denuncias respectivas.
·
Investigación de casos por el Departamento de Procuración
Jurídica.
·
Seguimiento a los casos que se enmarcan en los conceptos
de limpieza social.
·
Apertura de un albergue para víctimas.
·
Realización de acciones de promoción, protección e
investigación por la Defensoría de la Mujer
XVII. Demandas y
propuestas
PDH:
- Crear
la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos
Clandestinos de Seguridad (CICIACS).
- Fortalecer
la capacidad de las instituciones competentes en materia de investigación y
juzgamiento, a fin de lograr la persecución penal y condena de los autores
de los crímenes.
- Emprender
un proceso de depuración de los cuerpos de seguridad con el fin de
garantizar la idoneidad y profesionalidad de quienes los conforman.
- Implementar
una política de seguridad ciudadana con medidas de prevención y represión
del delito, en el marco del Estado de Derecho y el respeto a los DDHH.
- Diseñar
programas educativos y laborales orientados a la prevención y reinserción
de las y los jóvenes vinculados a grupos delincuenciales.
- Promover
las reformas legislativas necesarias para adecuar la legislación nacional
a los convenios y tratados internacionales que el Estado de Guatemala ha
suscrito y ratificado en materia de protección de la mujer.
- Diseñar
programas de sensibilización, prevención y conciencia relacionados con los
derechos de las mujeres y contra la violencia intrafamiliar.
Organizaciones
de mujeres:
- Aprobar
un nuevo dictamen que contemple lo estipulado en la Iniciativa de Ley
2630, de fecha 12 de marzo del 2002, que dispone reformar el Código Penal
(Decreto 17-73 del Congreso de la República), en cuanto a los delitos que
se cometen contra las mujeres. Debía hacerse a la brevedad posible a fin
de que se aprobara como Ley de Urgencia Nacional el 25 de noviembre de ese
año, en ocasión del Día Internacional de la No Violencia contra las
Mujeres.
- Otorgar
asignación de presupuesto para el funcionamiento de la Coordinadora
Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las
Mujeres (CONAPREVI) y para Ejecución del Plan Nacional de Prevención y
Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (PLANOVI)
2004-2014.
- Rechazan
cualquier iniciativa de ley que desvirtúe el contenido de la mencionada
Iniciativa 2630, o que no sea congruente con el acceso a la justicia y el
respeto a los derechos humanos de las mujeres y que no penalice la
impunidad de los delitos que se cometen en su contra.
XVIII.
Conclusiones
- Conclusiones
sobre los crímenes contra mujeres
Ø
El incremento de las muertes violentas de mujeres se da en
el marco de un ascenso de los índices criminales en Guatemala, en los cuales
cada vez más se registran hechos que violan el derecho a la vida de personas
jóvenes y de sexo femenino. Entre el año 2000 y el 2004 la cifra oficial
evidenció el aumento en un 112.25% en los crímenes de mujeres para un total de
1,501 casos.
Ø
Las muertes violentas de mujeres también han crecido en
crueldad durante los últimos años, diferenciándose los patrones de ejecución
por la saña y la vejación sexual que se aplica cuando las víctimas son de sexo
femenino, además por la intencionalidad de los autores en provocar un impacto
social por medio de los propios cuerpos de las mujeres asesinadas.
Ø
En estos crímenes se destacan la planificación del hecho,
la capacidad operativa y dominio territorial de sus autores, no sólo para
eliminar a la víctima sino también para dejar mensajes intimidatorios de
repercusión social por el interés en mostrar el crimen y la crueldad con que es
ejecutado, lo cual otorga a estos hechos delictivos una connotación política
que los diferencia de los crímenes comunes.
Ø
Esta característica en los patrones de ejecución tiene
similitud a las formas de violencia física y sexual que se aplicó en las
operaciones contrainsurgentes contra mujeres. La Comisión para el
Esclarecimiento Histórico afirmó que la violación sexual de miles de mujeres,
en el transcurso de su tortura o antes de ser asesinadas, fue una práctica
común de los agentes del Estado dirigida a destruir la dignidad de la persona
en uno de sus aspectos más íntimos y vulnerables. Al igual que ahora, existía
una diferenciación con los procedimientos utilizados contra mujeres que estaban
determinados por su condición de género.
Ø
Los crímenes de mujeres reflejan los extremos peligrosos a
que han llegado en Guatemala las relaciones asimétricas de poder entre los
géneros, constituyendo un problema social y de seguridad prioritario que el
Estado no ha enfrentado con voluntad política, estimulando su reproducción.
Ø
Constituyen también crímenes de odio contra las mujeres
que pueden caracterizarse como feminicidio porque en ellos concurren una serie
de factores originados en las condiciones históricas de subordinación y
discriminación de la población femenina. Esas condiciones generan prácticas
sociales que le desvalorizan y permiten atentados contra su integridad, su vida
y derechos en general, los cuales se dan en un ambiente ideológico machista que
se normaliza por la impunidad y la ausencia de políticas de Estado para brindar
seguridad y dignificar a las mujeres.
Ø
De conformidad con las estadísticas oficiales de las
muertes de mujeres en el 2004, este fenómeno criminal se ha dirigido
principalmente contra mujeres pobres, en su mayoría mestizas, cuyos asesinatos
han ocurrido mayoritariamente en áreas urbanas, concentrándose casi la mitad de
los casos en el departamento de Guatemala (46%) y la capital del país (26%). El
34% de los hechos registrados en la capital han ocurrido en zonas populares
(zonas 18, 12, 6, 7 y 3).
Ø
La debilidad e insuficiencia de las investigaciones
oficiales impide establecer con mayor precisión el perfil de las víctimas y las
condiciones de su ejecución, por lo tanto también de sus causas. Esta debilidad
implica que no existan registros que permitan afirmar, como normalmente se
dice, que las mujeres asesinadas tuvieran vinculación o fueran integrantes de
los grupos denominados maras.
Ø
De especial preocupación son los casos de ejecuciones
extrajudiciales de mujeres cometidas por agentes del Estado que según reportes
de prensa (primer semestre del 2004) ascenderían a 19 casos cometidos por
miembros de la PNC de diversos niveles jerárquicos. Al respecto el Procurador
de Derechos Humanos ha afirmado que “grupos clandestinos vinculados directa o
indirectamente al Estado han cometido varias ejecuciones extrajudiciales” de
mujeres.
Ø
Los escasos resultados de las investigaciones impiden la
formulación de hipótesis científicas y sólidas, dando lugar a que prevalezcan
aquellas especulaciones originadas en la tendencia a culpar a las víctimas y
justificar sus crímenes, así como a reducir la responsabilidad de los
culpables. Son especulaciones basadas en la ideología machista y la mentalidad
autoritaria que propician y fundamentan estos crímenes. Repercuten
especialmente en invisibilizar el carácter de crímenes de poder cometidos
contra mujeres por su condición de género y por la posición subordinada que
ocupa en todas las estructuras sociales.
Ø
Existen dos tendencias en las hipótesis más difundidas: 1)
las que atribuyen estos hechos a la delincuencia común; y 2) aquellas que los
explican por la vinculación y/o participación de mujeres en las maras y/o en
hechos delictivos vinculados al crimen organizado. Desde esta perspectiva, las
muertes de mujeres son el resultado de una conducta transgresora por la cual
obtiene un castigo, ya sea de origen “pasional”, por venganza, limpieza social
o eliminación de testigos. En estas hipótesis no se toma en cuenta el factor de
género como estimulante de la acción criminal.
Ø
Otras hipótesis menos difundidas son aquellas que tienen
en su fundamento un análisis sociológico y político de este fenómeno, en las
cuales cobran relevancia los poderes paralelos, patrones y modus operandi
heredados del conflicto armado interno, así como el carácter violento del
sistema patriarcal, factores que se combinarían en una dualidad de intereses:
mantener la ingobernabilidad y por lo tanto la inoperancia del Estado de
derecho, por un lado, y, por otro, frenar de manera represiva la participación
de las mujeres fuera de los espacios y funciones que tradicionalmente se le
han asignado, para perpetuar así su condición discriminada y el control sobre
su cuerpo, su mente y su vida.
2.
Conclusiones sobre el contexto del feminicidio
Ø
Guatemala está identificado a nivel internacional como uno
de los países más violentos de América Latina donde la violencia política se ha
constituido históricamente en una herramienta recurrente del poder para
mantener el control de la población y enfrentar de manera represiva las crisis
derivadas de un orden social injusto, autoritario y discriminador.
Ø
Las prácticas violentas del Estado durante el conflicto
armado, que violaron sistemáticamente el orden jurídico nacional e
internacional, han tenido una profunda incidencia en la mentalidad y la
conducta social, que reproduciendo el ejemplo de sus órganos de poder, tiende a
justificar y emular el comportamiento violento contra quienes tienen mayor
vulnerabilidad ante cualquier situación conflictiva por mínima que ésta sea.
Ø
El patrón de violencia dirige sus agresiones a los
sectores y personas más débiles en las relaciones jerárquicas de poder que
abarcan ámbitos económicos, sociales, políticos, públicos y privados, en todos
los cuales las mujeres ocupan posiciones subordinadas por la ideología
patriarcal y machista que las desconoce como personas con dignidad y derechos.
Las mujeres son consideradas como propiedad de un hombre, sea el padre, esposo,
suegro, hermano, novio, autoridad o cualquiera a quien se haya delegado el
“tutelaje” sobre su conducta, quienes de hecho de derecho están legitimados
para imponerles su voluntad incluso por medios violentos.
Ø
La mentalidad agresiva arraigada en las instituciones del
Estado y en la sociedad, lleva a la normalización de las agresiones contra las
mujeres lo cual impide visualizar y abordar esta problemática porque
constituye la base ideológica de su reproducción e impunidad.
Ø
La desvalorización de la vida y la ausencia de valores de
respeto a la dignidad humana constituyen fenómenos generalizados y estimulados
en un sistema económico y político construido con base en prácticas perversas
de explotación, concentración de la riqueza, opresión, discriminación,
exclusión y represión, que mantienen al país y a su población en condiciones
límites de frustración y de sobrevivencia vital, sin oportunidades para optar
a un futuro mejor.
Ø
Estas condiciones adquieren mayor gravedad y representan
mayores riesgos para la población, en el marco del incremento de la miseria y
la marginalidad propiciado por la aplicación de medidas económicas neoliberales
contrarias al bien común. Generan un ambiente de desesperanza en la juventud
pobre del país que, ante la falta de oportunidades y perspectivas de
desarrollo, es sometida con facilidad a la servidumbre de los grupos criminales
que la utilizan para sus fines y la involucran en dinámicas de violenta
criminalidad constituidas ya en un modus vivendi de amplios
conglomerados juveniles.
3. Conclusiones sobre la respuesta del estado a
la violencia y al feminicidio
Ø
El incumplimiento de los Acuerdos de Paz, en especial el
de Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad
Democrática, ha favorecido el desborde de la problemática de seguridad por la
negativa a aplicar las medidas acordadas para favorecer un ambiente de libertad
y democracia para la realización plena de la población. De particular
incidencia en el repunte de la criminalidad y la violencia, fue la negativa a
investigar y desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de
seguridad por una comisión especifica (CICIACS) surgidos durante el conflicto
armado interno al amparo y aquiescencia del Estado y cuya vinculación con las
actuales organizaciones del crimen ha sido señalada reiteradamente por entidades
nacionales e internacionales. De mucha importancia en esta problemática es
también la negativa a cumplir con el traslado al Ministerio de Gobernación del
control de armas y municiones que sigue en manos del ejército, cuya falta de
transparencia es un caldo de cultivo para el tráfico, portación y uso
indiscriminado de armas de fuego. El Estado se ha negado también a crear y
fortalecer los mecanismos civiles de investigación e inteligencia que continúan
militarizados y entorpecen, debilitan y neutralizan la actuación de las
instituciones de seguridad y justicia.
Ø
De esta forma, el Estado guatemalteco incumple
sistemáticamente con los preceptos constitucionales que le dan origen en
función de garantizar la vida, seguridad, integridad de sus habitantes, condiciones
indispensables para el desarrollo y el bienestar común. El Estado ha mostrado
falta de voluntad política para superar las condiciones en que quedaron los
organismos de seguridad y justicia a consecuencia de la militarización que
fomentó su ineficacia, permitió, toleró y estimuló la violencia, siendo el
abuso de poder y la impunidad una característica de estas estructuras.
Ø
Pese a los múltiples y millonarios esfuerzos de la
sociedad civil guatemalteca y la comunidad internacional para fortalecer el
funcionamiento del Estado de derecho y profesionalizar a sus agentes, las
instituciones permanecen sujetas a concepciones y prácticas más próximas a la
doctrina de seguridad nacional y a los intereses de poderes fácticos, que a los
fundamentos y procedimientos basados en las garantías y derechos reconocidos
por el actual orden constitucional.
Ø
El imperio de la impunidad, como modelo del sistema, ha
debilitado e impedido el funcionamiento de la institucionalidad por lo cual los
organismos encargados de la seguridad, investigación, persecución del delito y
administración de justicia son en general inoperantes y estimulan el ambiente
de inseguridad y violencia.
Ø
La responsabilidad del Estado de Guatemala en el
feminicidio adquiere graves dimensiones ante la ausencia de políticas de
prevención, la falta de acceso a la justicia, la inoperancia de las
instituciones de investigación y el bajo índice de sanción contra los autores
materiales e intelectuales de estos hechos, todo lo cual estimula el delito y
provoca la revictimización de las personas afectadas directa o indirectamente.
Ø
De particular importancia es la insensibilidad que en
general evidencian las autoridades y agentes del Estado responsables de la
seguridad y la justicia, ya que se tiende a minimizar la gravedad de estos
hechos, culpabilizar a las víctimas y mancillar su dignidad, por lo cual se
resta interés a la investigación, esclarecimiento y sanción de los crímenes de
mujeres.
Ø
En el último año medidas adoptadas en la Policía Nacional
Civil y el Ministerio Público han afectado los servicios de dependencias que de
manera especial han sido un referente de mujeres víctimas de violencia, como
son la Unidad de Género y la Sección de Asesinatos de Mujeres de la PNC y la
Oficina de Atención a la Víctima del MP, en las cuales se encontraba el
personal más sensibilizado y capacitado para abordar esa problemática. De esa
manera se fomenta la invisibilización del carácter de género que existe en
estos asesinatos para darles, si bien les va, un tratamiento generalizado. Esta
circunstancia constituye un retroceso en las medidas que el Estado se ha
comprometido nacional e internacionalmente para garantizar la seguridad y la
vida de las mujeres en Guatemala.
Ø
La debilidad secular en la investigación criminal no es un
hecho casuístico ni producto exclusivo de la falta profesionalización, sino un
factor estructural del sistema de impunidad que prevalece en las instituciones,
pese a la capacitación constante en debido proceso, protección de la escena del
crimen, recopilación y resguardo de la evidencia científica, formulación de
hipótesis, fundamentación de las acusaciones, protección a testigos,
realización del debate, sustentación jurídica de la sentencia e impulso en
general del proceso para esclarecer los hechos y lograr la identificación y la
consecuente sanción penal de los responsables intelectuales y materiales.
Ø
En esas condiciones, la falta de credibilidad social en
las instituciones de justicia pareciera ser motivado deliberadamente en función
de crear un estado de ingobernabilidad en que se justifiquen y prevalezcan las
reacciones violentas, el uso de la seguridad privada y la proliferación de
armas en manos de particulares.
Ø
El Estado ha sido tolerante de las prácticas de abuso de
poder y violaciones de derechos humanos de mujeres cometidas por sus propios
agentes, lo cual lo coloca en una posición de encubrimiento y grave compromiso
en estos hechos.
Ø
Además, este creciente fenómeno criminal rebasa en mucho
la tipificación de homicidio y asesinato que contiene el Código Penal y demanda
un nuevo concepto criminal que tome en cuenta sus particularidades y el
contexto en que se producen por tratarse de delitos con carácter de género. Si
la normativa del Estado no corresponde a la realidad y a las necesidades de su
población, sus instrumentos legales pueden servir para fomentar la violación de
derechos humanos, como ocurre en Guatemala.
Ø
Pese a las propuestas y exigencias del movimiento femenino
para que se modifique el Código Penal en relación a los casos de violencia
contra las mujeres, el Estado guatemalteco se ha negado a realizar las reformas
respectivas, con lo cual mantiene tipos delictivos impregnados de concepciones
fundamentadas en la superioridad del hombre y el menosprecio de la condición
humana de las mujeres, todo lo cual deriva en la impunidad, tolerancia y
estímulo de los crímenes en su contra.
Ø
Ante ésta situación, es pertinente afirmar que el Estado
guatemalteco tiene responsabilidad en el feminicidio por acción y
omisión.
IX.
recomendaciones
1. Recomendaciones
respecto de los cuerpos de seguridad
a)
Desmilitarizar los cuerpos de seguridad, en todas sus
estructuras y doctrinas, cumpliendo con el Acuerdo para el Fortalecimiento del
Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.
b)
Investigar y erradicar las estructuras incrustadas en el
Estado vinculadas con el crimen organizado, las mafias y los aparatos
clandestinos de seguridad.
c)
Destituir de las instituciones de seguridad y promover el
procesamiento legal de todo aquel funcionario o agente de seguridad responsable
o vinculado a violaciones de derechos humanos, en el pasado y/o en la
actualidad.
d)
Regular y controlar eficientemente las funciones, armas,
recursos y agentes de las empresas privadas de seguridad, así como investigar
los antecedentes de sus propietarios, en materia de derechos humanos y
delincuencia, el origen de sus arsenales y municiones, y actuar en
correspondencia.
e)
Cumplir los Acuerdos de Paz en el sentido de trasladar el
control de armas al Ministerio de Gobernación y de crear la Dirección General
de Inteligencia Civil.
f)
Ejercer una acción firme y ejemplar contra los miembros de
todo nivel de la PNC y del Ejército involucrados en asesinatos de mujeres y en
cualquier tipo de abuso cometido en su contra.
g)
Crear mecanismos efectivos frente a hechos delictivos de
cualquier tipo cometidos por agentes de seguridad, sancionando y estableciendo
un antecedente dentro de las instituciones contra la impunidad, propiciando su
persecución, enjuiciamiento y castigo de acuerdo al ordenamiento penal.
h)
Revisar los mecanismos de convocatoria y selección en los
cuerpos de seguridad públicos y privados, con la finalidad de realizar una
incorporación calificada y responsable de todas aquellas personas que son parte
o aspiran a ser parte de la institución.
i)
Implementar un sistema de control interno de la PNC
adecuado a la legislación nacional y a la realidad histórico-social del país.
j)
Establecer mecanismos, seguros y eficientes, que estimulen
a los ciudadanos a denunciar los abusos de los que tengan conocimiento o de los
que hayan sido víctimas, ya sea de parte de autoridades o particulares.
k)
Establecer en la PNC mecanismos institucionales que
prevengan y garanticen la investigación de los crímenes contra mujeres, así
como el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con estos hechos.
l)
Crear un mecanismo de supervisión que garantice la
atención eficiente de las solicitudes de medidas de protección a las mujeres
solicitadas desde las instituciones de justicia, derechos humanos,
organizaciones de la sociedad civil, familiares y/o las propias personas que se
encuentren en riesgo. Esto debe incluir atención sensibilizada en la que
prevalezca el respeto a la dignidad de las mujeres. Asimismo, dar seguimiento a
las medidas de protección para prevenir hechos criminales a través de acciones
ejemplares.
m)
Superar la competencia y descoordinación entre la PNC y el
MP para cumplir las funciones de investigación de manera efectiva, creando
mecanismos de comunicación y operatividad que fortalezcan la investigación
criminal para aportar pruebas científicas que den solidez a las acusaciones.
n)
Fortalecer el Servicio de Investigación Criminal, con
recursos humanos suficientes, profesionales, respetuosos de los derechos
humanos y del ordenamiento jurídico, con sensibilidad de género, que dispongan
de recursos materiales idóneos en cantidad y calidad para realizar con
eficiencia las labores respectivas, de acuerdo al índice y tipo de criminalidad
existente.
o)
Hacer énfasis en los programas de estudio y en
capacitaciones de actualización de los miembros de la PNC, en las áreas de
género, derechos humanos y garantías constitucionales, en el marco de una
doctrina criminalística acorde a la seguridad democrática.
2. Recomendaciones
respecto al Organismo Ejecutivo
a)
Crear la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales
y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) y los instrumentos necesarios
para su desarticulación.
b)
Viabilizar las acciones y políticas públicas que
favorezcan y erradiquen la violencia en contra de las mujeres.
3. Recomendaciones
respecto al Organismo Legislativo
a)
Crear, con soporte internacional una Comisión específica
parlamentaria que fiscalice y legisle las acciones institucionales para
erradicar la violencia en contra de las mujeres y promocione la erradicación de
cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad enquistados en el Estado.
b)
Fiscalizar las acciones tomadas por la PNC y el MP en
relación a las denuncias sobre la participación de funcionarios y agentes policíacos
en crímenes de mujeres
c)
Fiscalizar el control que debe ejercer el Organismos
Ejecutivo en cuanto a las agencias de seguridad y proliferación de armas y
legislar en consecuencia.
d)
Revisar el perfil de los funcionarios encargados de la
dirección de los organismos de seguridad, desde el nivel ministerial hasta los
mandos operativos, para que sea acorde al cumplimiento de los objetivos de un
Estado democrático de derecho, capaz de proveer un ambiente de seguridad que
garantice la realización libre de las personas y el desarrollo de la sociedad
en su conjunto.
e)
Fiscalizar la ejecución del presupuesto destinado a la
seguridad ciudadana.
f)
Dar preeminencia presupuestaria a programas sociales para
prevenir el delito, crear condiciones de seguridad para la población en su
conjunto y proteger el respeto a los derechos humanos.
g)
Promover la iniciativa de ley para la formación del
Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que garantice la
profesionalización en esta área.
h)
Pedir cuentas a la PNC y al MP en relación a las medidas
que han debilitado los servicios de atención a la victima y las estructuras
encargadas de la investigación de asesinatos de mujeres, para determinar las
consecuencias de estas disposiciones en materia de seguridad de la población
femenina.
i)
Fiscalizar las acciones que la PNC implementa para atender
las solicitudes de protección a mujeres victimas de violencia, amenazadas,
perseguidas o cuya vida esté corriendo riesgo.
j)
Fiscalizar los resultados de las investigaciones de los
feminicidios.
k)
Promover la iniciativa de una Ley de Protección de los
derechos de la Víctima, equiparando los derechos de esta última con los del
imputado, con la intención de que la victima pueda actuar como querellante
investigando e impulsando el proceso junto al MP.
l)
Tipificar la violencia intrafamiliar y el acoso sexual
como delitos, agravándose las penas cuando la víctima sea mujer indígena y/o
menor de edad.
m)
Reformar la legislación penal referente a los delitos de
persecución pública y privada, con la finalidad de hacer de los delitos de
carácter sexual hechos delictivos perseguibles de oficio.
n)
Crear iniciativas para fortalecer el poder civil en los
organismos de seguridad y justicia.
4. Recomendaciones
respecto al Ministerio Público
a)
Revisión de las funciones de la Oficina de Atención a la
Victima actual del MP.
b)
Evaluación constante, con base en resultados, del personal
que atiende las dependencias del MP encargadas de recibir denuncias e impulsar
procesos.
c)
Solicitar al MP un informe sobre los casos de feminicidios
existentes a la fecha: cual ha sido el resultado.
d)
Revisarse las corrientes criminalísticas y la metodología
con la que están trabajando las diferentes unidades del Ministerio Público, ya
que es de vital importancia la actualización de las mismas.
e)
Evaluar el desempeño del MP frente a los derechos y la
dignificación de la victima, en la búsqueda de una pronta y real justicia.
5. Recomendaciones respecto del Organismo Judicial
a)
Aplicar firme y sistemáticamente la legislación vigente
nacional e internacional ratificada por Guatemala, que protege la vida,
seguridad y derechos de las mujeres.
b)
Revisar los mecanismos de control sobre la legalidad de
las actuaciones policiales para proteger los derechos de la ciudadanía.
c)
Tomar medidas ejemplares contra funcionarios judiciales
corruptos.
d)
Atender las denuncias de organizaciones de mujeres sobre
las actuaciones de funcionarios judiciales que hayan puesto en mayor peligro la
vida de mujeres y/o hayan favorecido la impunidad en casos de feminicidio.
e)
Realizar los esfuerzos necesarios para que la población
ejerza su derecho a la justicia y que ni una sola muerte más de mujeres y de
hombres, de cualquier edad y condición social, quede en la impunidad.
6.
Recomendaciones
respecto de la PDH
a)
Atender las recomendaciones de la PDH y tomar las medidas
correspondientes de acuerdo a sus resoluciones.
b)
Dotar a la PDH de recursos suficientes para la
investigación y procuración jurídica de los casos, protección de mujeres en
riesgo, atención a las víctimas y programas de sensibilización y educación para
prevenir este tipo de crímenes.
c)
Dar seguimiento a las resoluciones de la PDH para
establecer el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las
instituciones respectivas.
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