La Dilación de Justicia y el Caso
Acteal
Hace más de 7 años que
ocurrieron los dramáticos hechos del 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de
Acteal del Municipio de Chenalhó. Aquella masacre en que 45 indígenas tsotsiles, mas 4
niños aún no nacidos, pertenecientes a la Organización Civil “Las Abejas”,
perdieron la vida a manos de un grupo paramilitar mientras oraban en la ermita
de ese lugar.
Esta brutal matanza se
inscribió en un contexto de guerra, en el que las acciones paramilitares fueron
parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el Gobierno
Mexicano. La población civil, al ser la más vulnerable, resultó seriamente
afectada por esta Guerra de Baja Intensidad caracterizada por el terror, la
violencia y la sistemática violación a los derechos humanos.
Las amenazas, robos,
homicidios, desapariciones, despojos, secuestros, intimidaciones, entre otros,
provocaron el desplazamiento forzado de miles de familias que huyeron de dichas
agresiones. Acteal se convirtió en un campamento de desplazados: la mayoría de
las 45 personas asesinadas aquel 22 de diciembre de 1997, habían salido de sus
comunidades de origen para refugiarse de la violencia cometida por priístas
armados, sin imaginar que ahí encontrarían la muerte.
A partir de aquel 22 de
diciembre, las víctimas y ofendidos de la matanza iniciaron un largo
peregrinaje en búsqueda de Justicia dentro del sistema de procuración,
administración e impartición de justicia del Estado Mexicano, que a la fecha no
ha concluido.
Múltiples violaciones a
los derechos humanos de las víctimas y ofendidos han sido cometidas por el
Estado Mexicano; la dilación en la impartición de la Justicia y la Denegación
de la misma, es evidente.
Las Fiscalías y Unidades Especializadas
La Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República en su artículo 123 segundo párrafo, señala como una de
sus funciones la creación de Fiscalías Especiales para el conocimiento,
atención y persecución de delitos específicos, así como la creación de Unidades
para la investigación y persecución de diversos géneros de delitos.
Después de ocurrida la
masacre, el Presidente de la República ordenó a la Procuraduría General de la
República (en adelante PGR) ejercer su facultad de atracción para la
investigación de la Masacre en Acteal y de hechos anteriores relacionados con
la misma, por lo que el 1º de abril de 1998, el entonces Procurador General de
la República Jorge Madrazo Cuéllar, instituyó mediante Acuerdo A/23/97 la
Fiscalía Especial para la atención de los Delitos cometidos en el Municipio de
Chenalhó, teniendo como fundamento jurídico la Ley Orgánica en mención.
La Fiscalía Especial
atrajo 34 Averiguaciones Previas del fuero común relativas a diversos delitos
cometidos por habitantes de Chenalhó para continuar con las investigaciones,
sin embargo dicha Fiscalía no cumplió su encargo, ya que consideró concluida su
labor al consignar a 86 personas a los Juzgados Federales, sujetándolas a
proceso, y al obtener 17 sentencias condenatorias en primera instancia sin
haberse determinado su firmeza judicial.
Es decir, no hubo un
esclarecimiento real de las muertes de los 45 indígenas tsotsiles y 4 aún no
nacidos, si atendemos a que el esclarecimiento de los hechos dentro de la
indagatoria, no implicaba únicamente la consignación ante un órgano
jurisdiccional de los autores materiales del ilícito, limitando la
participación de los autores intelectuales al presidente Municipal de Chenalhó.
Sino por el contrario, una
investigación con justicia y verdad, obligaba a la PGR a incluir a los
funcionarios estatales y federales, incluyendo al Ejército Mexicano y a
miembros del Partido Revolucionario Institucional que planearon la Masacre,
entrenaron y financiaron a los grupos priístas paramilitares.
Después de desaparecida la
Fiscalía Especial en el año 2000, el seguimiento de los procedimientos penales
y cumplimiento de los mandatos judiciales de la masacre de Acteal, quedó a
cargo del Ministerio Público Federal titular del Área del Caso Acteal, área
perteneciente a la Subdelegación de Procedimientos “A” Zona Centro y Norte, de
la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de
Chiapas. Hasta principios del año 2003 el Agente del Ministerio Público Federal
encargado del Caso Acteal era el Licenciado José Luis Jiménez Quevedo, quien
participó desde un inicio como agente investigador del caso. Sin embargo, dada
la falta de pago por su trabajo por parte de la PGR, según comentó el propio
Lic. Jiménez Quevedo a miembros de este Centro, dicho Ministerio Público dejó
su cargo como responsable del asunto.
Actualmente no hay un
Ministerio Público titular del área encargado específicamente para el Caso
Acteal, sino que la responsabilidad en el seguimiento de las causas penales aún
abiertas en el Juzgado Segundo de Distrito, está a cargo del Ministerio Público
Federal adscrito a dicho Juzgado Federal. Es decir, dicho Ministerio Público no
sólo es responsable del Caso Acteal, sino que tiene bajo su responsabilidad
cualquier cantidad de casos en su calidad de MP adscrito al Juzgado.
La desaparición de la
Fiscalía, la disminución de sus funciones, de recursos humanos y económicos,
así como la encomienda del seguimiento del caso a la Subdelegación de
procedimientos “A” de la PGR, minimiza la atención de la Masacre por el Estado
Mexicano, convalidando con ello la hipótesis de la Procuraduría en el sentido
de confinar la Masacre de Acteal a un conflicto intercomunitario, denegando
evidentemente el derecho a la justicia, es decir, el conocimiento de la verdad,
un juicio justo, reparación del daño y garantías de no repetición.
La Unidad especializada
para la atención de delitos cometidos por probables grupos civiles armados se
creó el 17 de abril de 2000 mediante acuerdo número A/010/00 emitido también
por el Procurador General de la República, como consecuencia de las diversas
denuncias presentadas ante el representante ministerial de la federación a
cargo de la Fiscalía Especial para la atención de los delitos cometidos en el
estado de Chiapas. Las funciones de dicha Unidad consistieron en investigar,
perseguir y consignar los delitos derivados de la existencia de probables
grupos civiles armados, así como encontrar la procedencia y posesión de las
armas con las que se cometieron dichos ilícitos, circunscribiendo su
jurisdicción a la esfera estatal.
Sin embargo el 26 de
Diciembre del 2002, el Procurador Rafael Macedo de la Concha ordenó sustituir
por un nuevo órgano ministerial a la Unidad Especializada creando la
Subdelegación del Ministerio Público Federal en San Cristóbal de las Casas,
dependiente de la Delegación Estatal.
Desde su creación y
vigencia no se conocen resultados públicos de sus investigaciones, en las que
se establezcan responsabilidades a los grupos paramilitares que aún siguen
armados en las comunidades pese a las denuncias que ha realizado la sociedad
civil, dentro de ellas la organización social indígena “Las Abejas” y
organismos de derechos humanos.
La Subdelegación del
Ministerio Público Federal ha delegado funciones a la organización de “Las
Abejas” respecto a realizar notificaciones de los denunciantes de hechos que se
relacionan con disparos de armas de fuego, amenazas u otros, utilizando en
forma reiterada el argumento que esta instancia no debe contribuir a generar
conflictos en las comunidades.
El titular de dicha
subdelegación que inició con las investigaciones y continúa en el encargo es el
Lic. Armando Pérez Narváez, quien cuenta actualmente con 2 Agentes del
Ministerio Público encargados de estas funciones y como responsable de las
denuncias realizadas en la plaza.
La desaparición de la
Unidad Especializada y la sustitución de ésta por una Subdelegación del
Ministerio Público Federal en San Cristóbal de Las Casas, dependiente de la
Delegación Estatal, minimizó la atención y persecución de las denuncias realizadas
por las comunidades sobre la existencia de grupos paramilitares, así como de
armas de grueso calibre de uso exclusivo del Ejército, negando el derecho a
conocer la verdad y a la justicia.
El Derecho a la Justicia
La Convención Americana
sobre Derechos Humanos firmada y ratificada por el Estado Mexicano, establece
el derecho que tiene toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter; así
como el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido ante los jueces
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales.
Este derecho a la
Justicia, entonces, no implica solamente la prontitud con que debe resolverse
un juicio, sino el que éste sea eficaz, y a partir de él pueda obtenerse una
sentencia justa que, entre otras cosas repare integralmente el daño causado. El
cumplimiento de estos principios y de otros derechos elementales como el
conocimiento de la verdad y el establecimiento de medidas que garanticen la no
repetición de actos que violen los derechos humanos, es condición sin la cual
no puede hablarse de la existencia de una verdadera Justicia.
Las víctimas de la
masacre, lo mismo que los desplazados de la guerra, aún esperan el cabal
cumplimiento de la Justicia conforme a los principios referidos:
El derecho a la verdad ha
sido violado por el Estado Mexicano; las causas y los verdaderos responsables
de este crimen de lesa humanidad, no han sido reconocidos por las autoridades,
pues a pesar del procesamiento de los autores materiales de la masacre y de
algunos funcionarios públicos, la investigación de la Fiscalía Especial para la
atención de los delitos cometidos en el Municipio de Chenalhó en cuanto a la
autoría intelectual, sólo se limitó al nivel local, evitando reconocer la
existencia de grupos paramilitares, pues ello implicaría asumir la
responsabilidad directa de los Gobiernos Estatal y Federal que fungían en ese
período.
La Procuraduría General de
la República tampoco investigó las muertes de los 4 niños no nacidos ocurridas
en la Masacre, dado que dentro de las 45 personas ejecutadas el día 22 de
diciembre de 1997, se encontraban 4 mujeres con hasta 36 semanas de embarazo.
La Procuraduría General de la República ignoró el derecho a la vida violado a
los no nacidos, ya que nunca consignó averiguación alguna por el delito de
aborto que claramente se tipificaba.
A las mujeres embarazadas
se les privó de su derecho a la vida y con ello, de su derecho a la maternidad;
el daño causado al nuevo ser en formación, lesionó también el derecho a la
paternidad y a la descendencia, situaciones igualmente soslayadas por la
autoridad. La violencia con que los autores materiales cometieron la Masacre,
particularmente en contra de las mujeres, se hace evidente en las necropsias
realizadas a los 45 cadáveres.
De estos 45 cuerpos, 20
presentaron lesiones producidas por armas blancas corto contundentes, punzo
cortantes, contuso cortantes, cortantes y contusas; 15 de los 20 correspondían
al sexo femenino y 5 al masculino. 12 de estas muertes fueron a consecuencia de
dichas lesiones, incluyendo en algunos casos machacamiento de cráneo, y uno de
los cuatro cadáveres de las mujeres embarazadas, presentaba como causa de
muerte la exposición de víscera abdominal al medio ambiente a través de herida
corto contundente penetrante a cavidad abdominal.
A pesar de esta clara
prueba, la Procuraduría General de la República aseguró en su informe “Libro
Blanco sobre Acteal, Chiapas”, que ninguno de los cuatro cadáveres femeninos
que presentaron embarazo tenían lesiones cortantes de origen traumático en la
región del abdomen ni en los genitales; y
las penas fijadas a los paramilitares por los jueces, a pesar del ensañamiento
con que cometieron este crimen, fueron mínimas.
La dilación de justicia es
clara, pues por absurdo que parezca, a más de seis años de ocurridos los
hechos, aún existen causas penales abiertas seguidas en contra de los
paramilitares involucrados en la matanza; los juicios se han extendido excesivamente
y sin causa justificada, implicando con ello el desgaste de los sobrevivientes
y testigos que al día de hoy, continúan acudiendo a los Juzgados Federales a
rendir nuevas declaraciones o a carearse con sus agresores. Incluso los gastos
de traslado para la realización de dichas diligencias corren a cargo de los
propios sobrevivientes.
La ineficacia en los
juicios y la denegación de Justicia quedan evidenciadas ante el hecho de que en
ninguna de las sentencias que han quedado firmes, se ha condenado al pago de la
reparación del daño, a pesar de ser éste un derecho fundamental de las
víctimas. Los jueces y en algunos casos los Magistrados, consideraron que no
había lugar a dicha condena por no haber acreditado el agente del Ministerio
Público el daño y los montos a reparar, a pesar de que la Jurisprudencia del
máximo Tribunal Internacional del hemisferio señala que: la obligación de
reparar que se regula en La Convención, en todos los aspectos (alcance,
naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho
internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado,
invocando para ello disposiciones de derecho interno.
La reparación, además de
ser un medio para corregir y/o resarcir en la medida de lo posible los daños
causados en el pasado, debe entenderse también como una medida que prevenga la
comisión de violaciones a los derechos humanos. Por tal motivo, además de la
indemnización monetaria que se debe otorgar a las víctimas de los sucesos
ocurridos en Acteal, deben contemplarse otros medios que comprendan la
reparación en un sentido amplio e integral, a saber, la restitución, la
disculpa, el juzgamiento de los agentes gubernamentales responsables, la toma
de medidas para que la violación cese y para evitar que el acto ilícito se
repita en el futuro, entre otros medios a considerar.
A la fecha aún quedan
pendientes de ejecutar 29 órdenes de aprehensión: 27 de ellas giradas en contra
de civiles que participaron en la Masacre y que fueron señalados por los sobrevivientes,
y 2 más en contra de ex funcionarios públicos.
A este respecto, el Lic.
José Luis Jiménez Quevedo, quien fuera agente del Ministerio Público encargado
del Área del Caso Acteal, ha manifestado a miembros de este Centro que la
Policía Judicial no pretende entrar a las comunidades para ejecutar dichas
órdenes, ya que considera que hacerlo, es crear más tensión y conflictos. Pide
que sea la gente de “Las Abejas”, quienes informen a la PGR cuando dichos
agresores salgan de sus comunidades para poder detenerlos.
Con ello pretende que sean
las víctimas quienes realicen el trabajo que a la propia Procuraduría compete,
y demuestra la falta de voluntad del Poder Ejecutivo para cumplir con su
obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos.
Por las denuncias
recibidas en este Centro constatamos que a la fecha los grupos paramilitares no
han sido desarmados, la existencia de armas en las comunidades continúa siendo
un grave riesgo para la población y una amenaza constante de la posible
reactivación de dichos grupos.
La nula intención del
Gobierno para resolver esta situación, constituye una violación a su deber de
garantizar la salvaguarda de los derechos humanos, y de prevenir cualquier
posible violación a los mismos.
A finales de 2001, más de
tres mil familias desplazadas pertenecientes a la Organización Civil “Las
Abejas”, retornaron a sus comunidades. Sin embargo dichos retornos fueron
forzados dado que en los campamentos donde se encontraban hacinados, las
condiciones de vida se volvían insostenibles: no había tierra para trabajar, la
leña se acababa y el agua no alcanzaba para todos; aunado a esto la Cruz Roja
Internacional redujo el apoyo humanitario hasta abandonarlos.
Ante esta situación los
desplazados se vieron obligados a correr el riesgo de retornar a sus tierras,
aún sabiendo que sus agresores se encontraban en las comunidades.
El nuevo Gobierno de
Chiapas en su pasado informe se vanaglorió de que dichos retornos fueron
posibles gracias a sus gestiones, a pesar que se dieron en total contravención
a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, que entre
otras cosas, establecen el derecho de los desplazados a ser protegidos contra
el retorno forzado hacia cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad o
salud corran riesgo.
Las autoridades federales
y estatales no cumplieron con su obligación de encontrar soluciones duraderas
para los desplazados que establecieran condiciones de seguridad y dignidad para
el regreso: ¿qué seguridad ofrece el Estado Mexicano si los paramilitares que
provocaron los desplazamientos y perpetraron la masacre continúan armados y en
las comunidades?, ¿qué tipo de reintegración busca el gobierno para la gente si
estos crímenes continúan impunes? ¿cuál es la concepción de reconciliación del
Estado Mexicano si no propicia condiciones de Justicia?
No puede haber
reconciliación entre las comunidades mientras exista impunidad, y no habrá
soluciones duraderas, ni Justicia, si no se atienden las causas estructurales
de fondo que originaron el conflicto armado.
Los procesos penales y su estado actual
Por la masacre de Acteal y
por hechos previos a ella, fueron iniciadas 13 Averiguaciones Previas, en las
que se investigaría la responsabilidad tanto de autores materiales, como de
funcionarios públicos de bajo nivel que no evitaron la consumación de los
hechos y que toleraron el equipamiento y formación de grupos paramilitares en
la región. Esas 13 Averiguaciones dieron lugar a 11 Causas Penales (pues
algunos procesos se acumularon) que serían conocidas por los Juzgados Federales
en su mayoría, y un par de ellas por el Juzgado del Fuero Común en San
Cristóbal de Las Casas.
En 5 de estas causas
fueron procesados 15 ex servidores públicos de bajo nivel:
• 3 de ellos pertenecientes a la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal, acusados de homicidio y lesiones por omisión, por no
cumplir con su deber de salvaguardar la integridad de las personas el día de
los hechos. Su condena fue de 8 años de prisión. Ellos son Julio César Santiago
Díaz (Jefe de Asesores de la Coordinación General de la Policía del Estado),
Roberto García Rivas (Primer Oficial de Seguridad Pública Estatal) y Roberto
Martín Méndez
Gómez (encargado de la base de operaciones de
Seguridad Pública en Majomut el día de los hechos).
• Otros 11 funcionarios estatales más, fueron
acusados penalmente de haber permitido que civiles portaran armas en días
previos a la masacre. Básicamente se trata de miembros de la Secretaría de
Seguridad Pública de nivel bajo, y sus condenas oscilaron entre los tres y los
siete años, teniendo derecho al beneficio de la condena condicional y
sustitución de la pena.
• A nivel Municipal, Jacinto Arias Cruz, Presidente
Municipal de Chenalhó al momento de perpetrarse la masacre, fue condenado a 36
años y 3 meses de prisión, cuya sentencia fue confirmada en segunda instancia.
• En la actualidad se encuentran prófugos de la
justicia Jorge Gamboa Solís (Ex Coordinador de la Policía Estatal) y José Luis
Rodríguez Orozco (Director de la Policía de Seguridad Pública Estatal). En 7
de las mencionadas causas penales (incluyendo aquella en donde fue procesado el
ex Presidente Municipal de Chenalhó) fueron procesados 87 civiles indígenas,
aunque 1 de ellos falleció:
• 6 de ellos fueron absueltos en noviembre de 2001
por considerar el Juez que no existían elementos que acreditaran su
responsabilidad, a pesar de que dichas personas fueron reconocidas por
sobrevivientes a través de fotografías y por testigos de cargo respecto a
hechos previos relacionados con la masacre.
• 6 de ellos han agotado todos los recursos legales
e incluso el Juicio de Amparo Directo, y se encuentran compurgando penas de
entre 35, 36 y 40 años de prisión.
• 21 más están sentenciados a 36 años y 3 meses de
prisión, con penas confirmadas en segunda instancia; aún no han hecho uso del
Juicio de Amparo Directo.
• 53 más aún están siendo procesados, pues las
causas penales correspondientes se encuentran en reposición de procedimiento en
etapa de desahogo de pruebas.
Los delitos por los que se
siguió proceso a los detenidos fueron: homicidio calificado, lesiones
calificadas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, sin embargo es
de llamar la atención que pese a que el Ministerio Público consignó también por
asociación delictuosa, un juez federal desacreditó este delito, lo cual diluyó la investigación hacia la
comprobación de la existencia de grupos paramilitares “…a pesar de que con las
constancias procesales que indican que el día 21 de diciembre en la comunidad
de Canolal y Quextic se reunieron varias personas (todas ellas con identidad
política, el PRI y Cardenistas - eran aliados -) de diversas comunidades (todas
del Municipio de Chenalhó) y en ella acordaron el modo en que se realizaría la
agresión (por los resultados, se vestirían con los uniformes que compraban a la
policía, llevarían las armas que los jefes proveerían y las propias). El objeto
de la organización (tenían jefes y cierta estructura) era matar a los
Zapatistas, robar casas y café (delitos en género), dominar políticamente la
comunidad (eran del PRI y pretendían que no existiese opción política)”.
Lo anterior refleja la
falta de independencia e imparcialidad de los Tribunales Federales, a pesar de
que este derecho se encuentra reconocido en el artículo 17 de la Constitución.
Asimismo muestra que las instancias de Procuración de Justicia no están al
servicio del Estado de Derecho, sino de intereses militares, políticos y
particulares, al grado de tolerar y proteger a grupos claramente transgresores
de la ley y en el caso de la masacre de Acteal de auténticos
criminales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la
Contraloría General del Estado de Chiapas
Cabe señalar que la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación número
1/98 referente a los hechos de Acteal. En ella recomendó al gobierno de
Chiapas, entre otras cosas, iniciar procesos administrativos en contra un buen
número de funcionarios públicos. En cumplimiento a dicha recomendación, la
Contraloría General del Gobierno de Chiapas inició los procedimientos 04/98 y
011/98 acumulados, quedando de la
siguiente manera:
Ex – funcionario y cargo Sanción administrativa
• Uriel Jarquín Gálvez (Subsecretario general del
Gobierno)
• Julio César Santiago Díaz (Jefe de Asesores de la
Coordinación General de la Policía del Estado).
• Homero Tovilla Cristiani (Secretario General de
Gobierno)
• Marco Antonio Besares Escobar (Procurador General
de Justicia del Estado).
Fue declarada prescrita la acción para sancionar en
las correspondientes resoluciones de los Juicios de Nulidad interpuestos por
los funcionarios, con lo que se dejó sin efecto la sanción impuesta en un
inicio por la Contraloría General, la cual consistía en inhabilitación por 8
años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público
estatal.
Dichos Juicios de Nulidad fueron resueltos entre
agosto de 1999 y marzo de 2001.
• Gral. Jorge Gamboa Solís (Coordinador General de
la Policía del Estado).
Inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público estatal.
• Lic. Jorge Enrique Hernández
Aguilar (Secretario
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública).
• Lic. David Gómez Hernández (Subprocurador de
Justicia Indígena).
• Militar retirado José Luis Rodríguez Orozco
(Director General de Seguridad
Pública del Estado).
• Comandante Roberto García Rivas (Policía de
Seguridad Pública Estatal).
• Comandante Roberto Martín Méndez Gómez (Policía
de Seguridad Pública Estatal).
Inhabilitación por 8 años para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público estatal.
• Iturbide Rincón Luna (2º. Oficial responsable de
la base de operación de
Seguridad Pública en Chimix).
Inhabilitación por 6 años para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público estatal.
• Antonio Pérez Hernández (Secretario para la
atención de los Pueblos Indígenas).
• Ramiro Sánchez Vega (Subprocurador general de
Averiguaciones Previas).
• Ricardo Federico Alvarado Gutiérrez (comandante
adscrito a la Procuraduría de Justicia de Chenalhó)
• Marco Antonio Jiménez Espinosa (Agente del
Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Justicia Indígena).
La Contraloría General los absolvió de toda
responsabilidad administrativa el 11 de diciembre de 1998.
No obstante la falta de
sanción administrativa para los funcionarios, el 28 de noviembre de 2003, la
CNDH consideró cumplidos los 9 puntos dirigidos al Gobernador Constitucional
del Estado de Chiapas en la Recomendación arriba citada. De igual forma, el 28
de abril de 1999, dicho Organismo Nacional tuvo por cumplido el único punto
recomendado a la Procuraduría General de la República en el que le instaba a
ampliar sus líneas de investigación para determinar la responsabilidad penal
por acción, omisión o comisión por omisión de todos y cada uno de los
servidores públicos de Chiapas; ello a pesar de que sólo fueron condenados
penalmente algunos funcionarios de la Policía de Seguridad Pública, dejando
intactos a los funcionarios ubicados en los niveles más altos.
Tener por cumplida en su
totalidad la Recomendación 1/98, fue una incongruencia por parte de la CNDH,
pues en la propia Recomendación, dicha Comisión había ya concluido la
responsabilidad penal y/o administrativa que les resultaba a los funcionarios
públicos del estado.
La Defensa de los paramilitares presos en “El
Amate”
A mediados del año 2003,
la defensa de los paramilitares presos actualmente en el penal “El Amate”, del
Municipio de Cintalapa, inició una intensa campaña a favor de dichos civiles.
Ellos argumentan que la masacre de Acteal se dio por conflictos religiosos y
que los señalamientos realizados por Las Abejas sobrevivientes en contra de los
hoy presos, se trataban de un caso de intolerancia religiosa, ya que los
acusados pertenecían a la religión presbiteriana y no a la católica, que es a
la que pertenecen la mayoría de miembros de Las Abejas.
Esta argumentación resulta
absurda y muy conveniente al Estado Mexicano, ya que con ella se minimiza la
masacre y su contexto a un asunto interreligioso, en el que el Estado resulta
no tener ninguna responsabilidad por la implementación de la estrategia
contrainsurgente y la creación de paramilitares.
Igualmente, como parte de
su estrategia, la defensa ha venido responsabilizando a la Diócesis de San
Cristóbal de Las Casas y a este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas, “de no haber realizado las acciones suficientes para impedir la
masacre, porque ellos tenían conocimiento de que ésta sucedería.”
Siendo que la obligación
de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, así como de
prevenir toda violación a los mismos a través de las medidas necesarias para
ello, corresponde al Estado Mexicano, y no a instituciones como la Iglesia u
organizaciones civiles, quienes además tiempo anterior a la masacre estuvimos
denunciando pública y judicialmente diferentes acciones de grupos paramilitares
en diversas regiones del Estado de Chiapas, y a lo cual los gobiernos Federal y
Estatal, hicieron caso omiso.
Otra muestra de la forma
en que dicha defensa ha venido interpretando la información correspondiente al
tema, es su exigencia para la reapertura de los casos, a fin de tener
oportunidad de demostrar la inocencia de los presos. Sin embargo como ya hemos
dicho, los procesos judiciales siguen abiertos para la mayoría de los civiles,
aún no han agotado todos sus recursos y son contados aquellos en que hay
sentencias firmes confirmadas en Juicios de Amparo Directo.
Su estratagema por tanto,
ha sido política y no jurídica, pues a pesar de que a la fecha continúa
habiendo diligencias en los Juzgados Federales en cumplimiento a las
reposiciones de procedimiento ordenadas, los abogados particulares de los
acusados no se presentan a dichas diligencias, sino que su trabajo se ha centrado
en presentar públicamente a sus defendidos como chivos expiatorios, y a las
víctimas de la masacre como victimarios de los propios paramilitares.
El 23 de diciembre de
2003, a petición de la feligresía evangélica, la Secretaría de Gobernación
integró un grupo de trabajo técnico interinstitucional para “analizar la
situación de la defensa jurídica de las personas presas con motivo de la
masacre de Acteal”. Dicho grupo de trabajo es coordinado por la Unidad para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y
pretende realizar una revisión jurídica de las causas penales seguidas
actualmente en contra de los acusados.
La exigencia de justicia
de la Organización Civil Las Abejas y de la sociedad nacional e internacional
en general, ha sido permanente, y sin embargo no se han visto resultados
concretos. Es por ello que resulta sumamente preocupante que la Secretaría de
Gobernación se convierta en cómplice de la impunidad que ha prevalecido en el
caso Acteal; la invitación que la defensa de los acusados ha hecho a Las Abejas
para participar en dicha mesa, resulta inconcebible e insultante, dado que la
Justicia no se negocia.
Actualmente los
sobrevivientes de Acteal temen que incluso la autoría material de este crimen,
quede en total impunidad, ya que existe la posibilidad de la liberación de los
paramilitares del Penal de “El Amate”; existe el temor de que el Poder Judicial
no actúe con independencia. Los miembros de la sociedad Civil de Las Abejas
tienen fundado miedo por la liberación de los responsables materiales de la
Masacre, pues no se ha desarmado y desarticulado a estos grupos; y en este
marco los rumores continuos sobre la salida de dichos paramilitares provocan
incertidumbre entre la gente.
A la fecha, el hostigamiento
en contra de los sobrevivientes de la Masacre es una constante; miembros de Las
Abejas que continúan acudiendo a los Juzgados para reafirmar sus acusaciones en
contra de sus victimarios, siguen siendo amenazados por familiares de los
presos. Incluso este Centro documentó recientemente las intimidaciones de que fueron objeto la niña
sobreviviente Zenaida Pérez Luna y sus hermanas Ernestina y Rosalía, por parte
de Ignacio Guzmán Luna, quien participara como autor material en la Masacre y
que recientemente fue liberado por haber cumplido su pena en la Unidad
encargada para la Prevención y Tratamiento de Menores del Estado.
Conclusiones
La matanza de 45 indígenas
tsotsiles y 4 niños no nacidos en la comunidad de Acteal, representa el clímax
de un sinnúmero de violaciones a los Derechos Humanos cometidos en contra de
los pueblos indígenas, que venían ocurriendo en el Estado de Chiapas desde la
implementación de la Guerra Irregular por parte del Gobierno Mexicano.
A través de su estrategia
contrainsurgente y al crear grupos paramilitares, el Estado Mexicano provocó el
desplazamiento de miles de personas que se vieron obligadas a vivir bajo
condiciones inhumanas; les fue violado su derecho a la propiedad y posesión de
la tierra y junto con éste, otros derechos que derivaban del cumplimiento de
aquél, tales como el derecho a una vida digna, el derecho a la vivienda, el
derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el
derecho a la educación entre otros. Junto con estos desplazamientos también se
dieron violaciones al derecho a la vida, a la integridad y seguridad
personales, ya que las ejecuciones y desapariciones acontecidas en el estado de
1994 a 1999, no han sido esclarecidas.
Igualmente la masacre de
Acteal constituyó un acto en el que fueron violados de manera brutal los
derechos a la vida y a la integridad física; asimismo los derechos de la mujer,
de los niños, de protección a la familia tales como la maternidad y la
paternidad, entre otros.
El derecho a la justicia,
después de ocurrida la masacre ha sido también violado: el conocimiento de la
verdad sigue pendiente; los autores intelectuales no han sido investigados; los
juicios no se han realizado con prontitud y eficiencia; el derecho a la
reparación del daño ha sido negado y el Estado Mexicano no ha dado garantías
para que hechos como la Masacre de Acteal no vuelvan a suceder. Asimismo, la
discriminación hacia los 4 niños no nacidos es clara al no haberse iniciado una
investigación por el delito de aborto.
La desaparición de la
Fiscalía Especial para la atención de los delitos cometidos en el estado de
Chiapas, así como de la Unidad Especializada para la atención de delitos
cometidos por probables grupos civiles armados, demuestran la intención de la
autoridad de minimizar los hechos y la poca importancia que a la fecha dan al
asunto.
La impunidad y la
injusticia no sólo permanecen para las víctimas de Acteal, sino también para
las cientos de familias desplazadas que aún hoy viven en condiciones
infrahumanas; los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno de la
Organización de las Naciones Unidas, así como las recomendaciones emitidas al
Estado Mexicano por parte del Representante del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre los desplazados internos, aún no han sido cumplidos ni
siquiera en el caso de las familias retornadas, dado que los riesgos de
violencia en las comunidades y de reactivación de los grupos paramilitares,
siguen vigentes.
Recomendaciones
Este Centro de Derechos
Humanos hace a las autoridades competentes de los diferentes niveles de
gobierno, las siguientes recomendaciones:
- A las autoridades encargadas de procurar e
impartir justicia, exigimos se apeguen a los principios fundamentales del
derecho a la verdad, juicio justo, reparación de daño y garantías de no
repetición de violaciones de derechos humanos. El no facilitar que la justicia
sea una realidad en nuestro país, los hace cómplices de crímenes de lesa
humanidad, que la historia que construyen los pueblos no olvidará.
- A los Gobiernos Federal y Estatal recomendamos se
investigue y finque responsabilidad a los autores intelectuales de la Masacre
en los niveles Local y Federal, hasta llegar al esclarecimiento de la verdad.
- Al Gobierno Federal y Estatal urgimos el desarme
y desarticulación de los grupos paramilitares en Chiapas, para que hechos como
los ocurridos el 22 de diciembre de 1997 no se repitan.
- A la Procuraduría General de la República,
exigimos se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de civiles
y funcionarios públicos implicados en la Masacre en Acteal.
Mientras no se garantice
una efectiva protección a los derechos elementales de la población más
vulnerable en nuestro país y ésta continúe siendo el blanco de las estrategias
contrainsurgentes y de acciones de militarización, la verdad y la Justicia
seguirán siendo una utopía.
Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Anexo 1
Llamado
urgente para la reparación de los derechos vulnerados
El Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas manifiesta su preocupación ante la persistente dilación
en la impartición de justicia del gobierno mexicano ante la Masacre de Acteal,
perpetrada el 22 de diciembre de 1997, en donde 45 tsotsiles: 15 niños, 21
mujeres, cuatro de ellas embarazadas entre diez semanas a cinco meses, y 9
hombres, fueron masacrados, además de 25 heridos, sin que los Policías de
Seguridad Pública acuartelados a escasos 200 mts, intervinieran en su ayuda.
Los gobiernos estatales y federales se
han negado a reconocer las evidencias que señalan el origen de la masacre en
acciones que se generan en un contexto de guerra, esto ha permitido que la
defensa de los inculpados quiera confundir a la opinión pública sobre los
verdaderos motivos de la masacre, señalando que se trata de un problema
religioso recurriendo para ello a lagunas legales como parte de su estrategia
de protección a los culpables, ya que mientras no existan reformas que integren
un tipo penal especifico sobre grupos paramilitares, se seguirá utilizando términos
como el de grupos civiles armados, consiguiendo con ello minimizar el carácter
contrainsurgente de éstas organizaciones.
Asimismo consideramos que la
consignación por separado de los acusados debilita la concatenación de hechos
como son los crímenes anteriores a la Masacre, las diversas reuniones que los
agresores tenían para presionar a la gente con el objeto de exigirles
aportaciones para adquirir armas, la protección a civiles por parte de agentes
de la policía, como consta en declaraciones ministeriales, donde el suboficial
Felipe Vázquez Espinosa implica a su jefe el primer oficial Absalón Gordillo
diciendo que él les ordenaba proteger a los paramilitares.
El órgano judicial se ha negado a
cumplir los principios básicos de justicia: derecho a la verdad, juicio justo,
reparación del daño (ninguna de las sentencias que han quedado firmes, condenan
al pago de reparación del daño), y tampoco se han dado garantías de no
repetición del acto.
En su momento se iniciaron 13
averiguaciones previas que dieron lugar a sus respectivas causas penales,
únicamente algunas se acumularon para quedar tan sólo 11 causas, cuando el
deber del órgano judicial era integrar todas aquellas que están directamente
relacionadas con la Masacre en una sola, puesto que todas las acciones
delictivas se llevaron a cabo en un sólo acto.
A todo esto debemos agregar que al
revocarse los autos de formal prisión por el probable delito de asociación
delictuosa, se logra la fragmentación de los hechos y circunstancias.
Solamente se han procesado 15
funcionarios de bajo nivel, dejando en la más completa impunidad la
coparticipación y responsabilidad de Ernesto Zedillo Ponce de León quien fungía
como Presidente de la República, Emilio Chuayffet como secretario de
gobernación, Julio César Ruiz Ferro gobernador del Estado (que fue informado
oportunamente de la situación y no actuó para evitar la Masacre), entre otros;
a pesar que los delitos de coalición de funcionarios, ejercicio indebido de
servicio público y delitos cometidos en la administración de justicia están
claramente relacionados con las obligaciones que a sus cargos competen.
Así mismo los testimonios acreditan que
funcionarios estatales consentían que civiles portaran armas de uso exclusivo
de las fuerzas armadas, además de utilizar vehículos y bienes públicos para
transportar a civiles armados.
El Estado propició la disolución de la
Fiscalía Especial creada el 1º de abril de 1998, minimizando y dilatando el
proceso de administración de justicia, reduciendo dicha instancia en una simple
área que depende de la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, de la
Delegación de la Procuraduría General de la República en Chiapas, quedando como
responsable del área el MP adscrito al Juzgado Segundo de Distrito, donde
actualmente se encuentran abiertas 2 Causas Penales Segundas contra civiles.
Este Centro hace un llamado urgente a
las autoridades federales y estatales para que todas estas irregularidades que
ha entorpecido el proceso judicial, sean atendidas con prontitud, apego a la verdad
y a la justicia, ya que de lo contrario el argumento de la defensa de los
inculpados, con respecto a la filiación religiosa como motivo de la Masacre,
seguirá confundiendo a la opinión pública y en el peor de los casos se
convertirá en una presión política que desvirtúe aún más el proceso judicial.
También le convocamos para que se
manifieste en contra de la impunidad y la denegación de justicia que convierte
a la sociedad mexicana en otra víctima de la Masacre de Acteal enviando cartas
que exijan a las autoridades federales y estatales para que se apeguen a los
principios fundamentales de la justicia: derecho de las víctimas y la sociedad
a conocer la verdad, reparación integral de los derechos vulnerados y garantías
de que no se repitan jamás hechos como la Masacre de Acteal.
Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Anexo 2
Contra
el Olvido, la Memoria
A siete Años de
la Masacre de Acteal, no son investigados ni sancionados los delitos de lesa
humanidad contra la población civil en Chiapas.
El 22 de diciembre de 1997, hace siete años, en la
población de Acteal, cercana a San Pedro Chenalhó, Chiapas, fueron masacrados
49 indígenas tsotsiles que se encontraban en una ermita, después de tres días
de ayuno y oración por la paz: 19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños y 4 más
que aún no nacían y que junto con sus madres fueron brutalmente asesinados,
además de 25 heridos, por un grupo de hombres con armas de alto calibre y balas
expansivas de uso exclusivo del Ejército Mexicano sin que los Policías de
Seguridad Pública acuartelados a escasos 200 mts, y el Ejército ubicado a menos
de 1 Km., intervinieran en su ayuda, ni a pesar de que este Centro de Derechos
Humanos notificó a la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas sobre lo que
ocurría esa mañana del 22 de diciembre. El ataque se prolongó por más de 7 hrs.
Esta brutal masacre se inscribió en un contexto de
guerra irregular preparada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ideada por
el General de División Miguel Ángel Godínez Bravo, ordenada por el entonces
presidente Zedillo en febrero de 1995, y ejecutada por el General de División
Mario Renán Castillo, en el que las acciones paramilitares fueron la clave en
el plan de campaña del Ejército en Chiapas. La impunidad en el caso Acteal no
es un agravio únicamente para las víctimas, sino para todos los mexicanos, ya
que es imposible hablar de un estado de derecho efectivo cuando ni siquiera se
respetan las reglas mínimas del derecho internacional humanitario.
Ante esta realidad los gobiernos estatales y
federales se han negado a reconocer las evidencias que señalan el origen de la
masacre, ya que la procuración de justicia con sus acciones ha pretendido
confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos, señalando que se
trata de un problema religioso, intracomunitario e incluso de usos y
costumbres, recurriendo para ello a lagunas legales como parte de su estrategia
de ocultar la verdad.
Mientras no existan marcos legales que contemplen
los conflictos armados internos, delitos de guerra y de lesa humanidad, así
como controles civiles efectivos, basados en el respeto a los derechos
fundamentales de los ciudadanos, cuando de las actividades del ejército se
trata, seguiremos siendo testigos y víctimas de este tipo de actos ilegítimos,
y estos seguirán siendo tratados como delitos comunes.
Los orígenes de la masacre que los gobiernos de los
distintos niveles y de las diversas administraciones han negado, nos dan
muestra clara y contundente que forma parte de una estrategia de ataque a la
población civil, donde un grupo de paramilitares ligados con las autoridades
municipales, estatales y federales incluyendo al Ejército mexicano, han sido el
instrumento con el cual se intenta acabar con lo que el propio Ejército denomina
“organización de masas”.
La violencia en Chenalhó se documentó por este
Centro de Derechos Humanos desde febrero de 1994. El saldo de las acciones
paramilitares en Chenalhó al 22 de diciembre de 1997 fue de: 6.332 personas
desplazadas, que incluye la pérdida de bienes y la quema de sus casas; 62
muertos de manera violenta y 42 heridos. Todo esto generado en un clima de
tensión, hostigamientos y amenazas del grupo identificado con el PRI y
promovido por la presidencia municipal de San Pedro Chenalhó, que actuaba con
armamento de uso exclusivo del Ejército, uniformes y con el amparo de la
Policía y de los militares.
La gravedad de la situación fue mostrada por
Ricardo Rocha unos días antes de la Masacre. Los hechos descritos, aunados a
los acontecimientos ocurridos en la zona norte del estado entre 1995 y el año
2000, son claras consecuencias de la implementación de una política deliberada
de Estado encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos en contra
de la población civil y con conocimiento de dichos ataques, consistentes en
Asesinatos, Traslado forzoso de población (en la zona altos y norte se
desplazaron aproximadamente 10,000 personas de un total de 12, 000 en el estado
de Chiapas), Privación grave de la libertad física, Tortura, Persecución de una
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos (opositores al
PRI), étnicos (todas las víctimas son indígenas), y religiosos (miembros
activos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas), además de Desaparición
forzada de personas, por medio de la creación, financiación, adiestramiento y
encubrimiento de grupos paramilitares. Todos estos delitos son reconocidos como
de Lesa Humanidad, en términos del Estatuto de Nüremberg y que implican una
negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en las Cartas de
la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas.
El Estado mexicano ha violado el derecho a la vida,
a la integridad personal, a la libertad personal, a la honra y dignidad, los
derechos de la niñez, a la propiedad, a la circulación y de residencia.
Se ha violado también el derecho a la justicia que
corresponde a las víctimas, justicia que no se limita a la prontitud con que
debe resolverse un juicio, cosa que tampoco se ha cumplido, si no también a ser
eficaz, para que a partir de ahí se pueda obtener una sentencia justa que entre
otras cosas, repare integralmente el daño causado.
El derecho a la verdad, que es parte fundamental en
la integración de la justicia, también fue violado por el Gobierno Mexicano, ya
que las causas y los verdaderos responsables de este crimen de lesa humanidad,
no han sido reconocidos. A pesar del procesamiento de algunos de los autores
materiales de la masacre y de algunos funcionarios públicos, la investigación
de la entonces Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en
Chenalhó en cuanto a la autoría intelectual, sólo se limitó al nivel local,
evitando en todo momento reconocer la existencia de grupos paramilitares y la
responsabilidad del Ejército en los hechos.
Se cumple un año más en la denegación de la
justicia, impunidad ratificada en el franco desinterés de autoridades, mutismo
jurídico de los gobiernos, en un contexto en el que el municipio de Chenalhó
con doce campamentos, tiene la mayor presencia militar por población en el país
después del Distrito Federal, y el tráfico de armas y municiones, las amenazas
y hostigamientos continúan.
La desaparición en la administración Fox, de la
Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Estado de
Chiapas, así como de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos
Cometidos por Presuntos Grupos Civiles Armados, ambas de la PGR, demuestran la
intención de las autoridades de minimizar los hechos y la poca importancia que
le dan a las víctimas de un conflicto armado no resuelto.
Aún con la miopía en la procuración de justicia
quedan pendientes de ejecutar 29 órdenes de aprehensión, 27 de ellas giradas
contra civiles que participaron en la ejecución, y 2 más en contra de ex
funcionarios públicos.
A la fecha las autoridades no han informado sobre
la situación de los prófugos de la justicia a quienes se les giró orden de
aprehensión como son Jorge Gamboa Solís (Ex Coordinador de la Policía Estatal)
y José Luis Rodríguez Orozco (Director de la Policía de Seguridad Pública
Estatal). Cincuenta y tres de los señalados como culpables por las víctimas aún
están siendo procesados, pues las causas penales correspondientes se encuentran
en reposición de procedimientos en etapa de desahogo de pruebas.
Aunado a esta grave situación de dilación y
denegación a la justicia, a mediados del año 2003, la defensa de los
paramilitares presos actualmente en el penal “El Amate”, del municipio de
Cintalapa, inició una campaña en la que argumentan que los motivos de la
masacre de Acteal son de carácter religioso.
Mientras los grupos paramilitares no sean
desarmados, su presencia en las comunidades continua siendo un grave riesgo
para la población y una amenaza constante de reactivación.
Ante esta situación el Centro de Derechos Humanos
exige:
1.
- Que se cumpla el derecho a la Verdad de las víctimas y de la sociedad en su
conjunto:
A.-
Haciendo público un informe de actividades y resultados de la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Cometidos por Presuntos Grupos Civiles Armados de
la Procuraduría General de la República desaparecida en el año 2001.
B.-
Realizando una investigación seria considerando las líneas que apuntan a la
responsabilidad del Estado por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el
estado de Chiapas, a través de la creación de una Fiscalía Especial Autónoma
con capacidad de llamar a cuentas al Ejército mexicano y de deslindar
responsabilidades de Estado.
2.-
Que se garantice el derecho a la Justicia sancionando a los responsables
materiales e intelectuales de los delitos de lesa humanidad dirigidos en contra
de la población civil, de acuerdo al Estatuto del Tribunal de Nüremberg.
3.-
Que se haga efectiva la Reparación del Daño de las víctimas de desplazamiento
forzado, asesinatos, desapariciones y tortura.
4.-
Que se garanticen medidas de No Repetición:
A.
- El desarme y la desarticulación de grupos paramilitares.
B.
- La desmilitarización del territorio indígena de Chiapas.
C.
- La inclusión de los tipos sobre delitos de lesa humanidad en el marco del
derecho positivo mexicano.
D.
- La desaparición del fuero militar en tiempos de paz y particularmente cuando
se trata de violaciones de Derechos Humanos.
E.
- La ratificación del Protocolo II sobre Conflictos No Internacionales, de los
Convenios de Ginebra.
F.
- La ratificación por parte del Senado del Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Anexo 3
¡Nunca más otro Acteal! ¡No más masacres ni asesinatos!
Tierra
Sagrada de Los Mártires de ActealChenalhó, Chiapas
22 de diciembre de 2004
A los Defensores de Derechos Humanos.
A las Organizaciones Sociales y Políticas de México.
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional.
A la Opinión Pública.
Hermanos y hermanas:
Hoy se cumplen siete años de la masacre
de Acteal. Ya son siete años de impunidad. Siete años han pasado y no ha
llegado la justicia para nuestros 45 hermanos más cuatro que aún no nacían que
fueron asesinados por un grupo de paramilitares en Chenalhó el 22 de diciembre
de 1997.
1) Situación Jurídica del Caso Acteal a 7 Años de los Acontecimientos
A 7 años de distancia, éste es el estado en que se encuentra el
Caso Acteal:
1) De los 87 civiles detenidos a raíz de la masacre:
* En 75 casos, o sea la inmensa mayoría, todavía sigue abierto el
expediente, sea porque ni siquiera se ha dictado sentencia en primera instancia
(53) o porque están en espera de la resolución del Juicio de Amparo (22).
* De los 12 restantes, cuyo caso ya se cerró, 6 fueron absueltos a
pesar de la evidencia aportada por los testigos, evidencia que el juez
simplemente desestimó. Entre éstos estaban algunos de los principales
organizadores de los paramilitares en Chenalhó. ¿Será casualidad que fue
precisamente en estos casos que los jueces no consideraron suficiente la
evidencia que sí lo fue en los demás casos?
* Sólo a 6 se les ha dictado sentencia definitiva por homicidio y
lesiones calificadas, habiéndose agotado ya los recursos judiciales.
* Aquellos cuyos casos se siguen revisando, no es porque en las
apelaciones se haya encontrado algo que acredite su inocencia, sino por
diversas irregularidades en el proceso imputables a los jueces (como
olvidarse de firmar las actas o no proporcionar traductores) que han llevado a
que el juez de apelación ordene la reposición del procedimiento.
* Esto ha obligado a los testigos a repetir sus declaraciones una
y otra vez, con todo lo que esto implica de desgaste económico y psicológico al
tener que carearse con los asesinos de sus familiares. Esto es aparentemente
una mera decisión judicial relativa al proceso, pero también aquí nos
preguntamos si será simple casualidad ¿No será una estrategia de desgaste con
la idea de que quizá se cansen los testigos y puedan quedar libres los
asesinos? De todos modos aquí vale muy bien la frase de que justicia
retardada es justicia denegada.
* En ninguna de las sentencias consideraron los jueces la
obligación de los culpables a la reparación del daño, a pesar de que
éste es un principio universal del derecho y de que el daño en este caso era
grave y evidente. Y esto vale tanto para la misma masacre como para todas las
agresiones que la precedieron: robos, quema de casas y amenazas, delitos cuyas
averiguaciones se quedaron en el papel y por los que nunca hubo consignaciones.
2) En cuanto a los miembros del gabinete de Seguridad pública y de
Procuración de Justicia del gobernador Ruiz Ferro a quienes la CNDH dijo que se
les tenía que fincar responsabilidad penal y/o administrativa:
* La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Recomendación
1/98 afirmó:
“Les resulta responsabilidad penal y/o administrativa” a los
funcionarios que ocupaban los siguientes cargos:
Secretario de Gobierno
Procurador General de Justicia del Estado
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública
Secretario para la Atención de los Pueblos Indígenas
Subsecretario General de Gobierno
Subprocurador de Averiguaciones Previas
Subprocurador de Justicia Indígena
Coordinador General de la Policía del Estado
Director General de Seguridad Pública del Estado
Jefe de Asesores de la Coordinación General de la Policía del
Estado
Oficiales de la Policía de Seguridad Pública del Estado:
Comandante
de la Base de Operaciones de SP en Majomut
Comandante
de la Base de Operaciones de SP en Chimix
Comandante
de la Región de San Cristóbal de las Casas
Comandante de la Policía Judicial del Estado con destacamento en
Chenalhó
Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la
Subprocuraduría de Justicia Indígena.
* Al ver esta lista nos damos cuenta de que está prácticamente
todo el gabinete de: Gobierno, Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Y
nos preguntamos, viendo esto ¿puede alguien dudar de que el Gobierno apoyó y
aprobó la Masacre de Acteal? Sin embargo, los únicos cargos que se hicieron a
(algunos de) estos de estos funcionarios fueron por omisión. La
verdad es que es más difícil creer que todos estos funcionarios fueron
simultáneamente negligentes que pensar que había un acuerdo de proteger a los
paramilitares.
* De los 16 funcionarios que se mencionaron en la Recomendación
1/98 de la CNDH, sólo a 5 se les fincó responsabilidad penal. De éstos, 3 están
presos (y están a punto de salir por cumplirse el tiempo de su sentencia) y dos
más están prófugos de la justicia. Sin embargo, la CNDH en un escrito
dirigido hace unas semanas al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas A.C. afirmó que consideraba “cumplidos en su totalidad los diez puntos
de la Recomendación 1/98, sobre el caso de Acteal, Chiapas”.
3) En cuanto a los funcionarios de alto nivel que son
responsables, por lo menos, de no haber evitado una masacre que se denunciaba y
anunciaba por la CONAI, las ONG’s de Derechos Humanos y hasta los medios de
comunicación nacionales, violando el compromiso del Estado Mexicano de
garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales, compromiso que se
establece (entre otros) en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada
y ratificada por México:
* Ninguno ha sido investigado y mucho menos castigado: Emilio
Chuayfett, el entonces Secretario de Gobernación que nunca se enteró de lo que
estaba pasando en Chenalhó, a pesar de que hasta en TV salió, después de un
breve tiempo a la sombra, está coordinando tranquilamente la bancada de
diputados priístas. Julio César Ruiz Ferro, que era Gobernador de Chiapas
cuando ocurrió la Masacre de Acteal fue premiado por Zedillo con un
cargo en la embajada de México en Washington, acaso por haber elegido unos
colaboradores de gobierno tan hábiles para sincronizar su omisión.
El mismo Ernesto Zedillo titular del Ejecutivo y Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas, reparte su tiempo entre los Consejos de Administración de las
transnacionales a las que les privatizó las riquezas nacionales (como los
ferrocarriles) y los consejos a la ONU de cómo desmantelar la economía de los
países en desarrollo. En cuanto a los altos mandos militares responsables de la
estrategia de contrainsurgencia (denunciada por el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas ante la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de la ONU y nunca desmentida por el gobierno mexicano)
como de costumbre en México, siguen en la total impunidad, protegidos por una sombra
de silencio y desinformación.
4) En cuanto a las instancias especiales de procuración de
justicia creadas por el gobierno de Ernesto Zedillo a raíz de la presión de la
sociedad civil nacional e internacional para investigar la masacre de Acteal:
* Tanto la Fiscalía Especial para el Caso Acteal como la Unidad
Especializada de la PGR para la Atención de Delitos cometidos por probables
grupos civiles armados fueron desaparecidas por el gobierno del cambio
de Vicente Fox y su procurador general Macedo de la Concha. Hasta el agente del
Ministerio Público Federal que participaba desde el principio en la
investigación del caso Acteal fue prácticamente despedido al suspendérsele de
facto el pago de su salario.
5) En cuanto al grupo paramilitar que es responsable de la masacre
de Acteal y de múltiples delitos cometidos antes y después de ella:
* Aparentemente inactivos, en realidad ahí siguen agazapados. No
fueron desmantelados, ni desarmados, ni se expusieron a la luz pública sus
verdaderos motivos y sus cómplices. A pesar de todas las evidencias, los jueces
negaron que hubiera asociación delictuosa, con lo que prácticamente se
concedió patente de impunidad a los paramilitares organizados.
* Hay 27 órdenes de aprehensión sin ejecutar y siguen sucediendo
incidentes de hostigamiento y amenazas como lo que pasó hace apenas unos días
(el jueves 16) en la comunidad de la Esperanza donde se le encontró un arma de
fuego a un paramilitar, el agente municipal lo puso a disposición del juez
municipal y éste lo dejó libre.
* La última vez que hubo un intento de ejecutar las órdenes de
aprehensión pendientes fue hacia el final de los gobiernos de Zedillo y
Albores. La Unidad Especializada de la PGR realizó un operativo en los
Chorros, Chenalhó. Pero los paramilitares, debidamente alertados por el
gobierno de Albores, atacaron al personal de la PGR con armas blancas y armas
de fuego, ante las mismas narices del Ejército Mexicano estacionado en Majomut
y aunque el Ejército en aquellos días detenía en sus retenes a cualquier civil
inocente, con el pretexto de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, en esa ocasión dejó que las armas le tronaran literalmente en
las orejas y rechazó la petición de auxilio de la PGR con el argumento de que no
tenían órdenes de actuar.
6) Campaña de desinformación.
* Finalmente, a 7 años de la masacre de Acteal, en lugar de que se
vayan aclarando los hechos, se van confundiendo más, o por lo menos eso
intentan algunos. La última mentira difundida con respecto al caso Acteal es que
se trata de un conflicto religioso y que los presos están en la cárcel por ser
evangélicos, no por ser paramilitares y asesinos. Pero los que están en la
cárcel son de todas las religiones y ni en la historia de los conflictos
previos en Chenalhó, ni en los expedientes del caso Acteal hay ninguna
indicación de que existiera un conflicto interreligioso. Por el contrario, en
Chenalhó existía una buena relación entre católicos y otras iglesias cristianas
como lo demuestra la colaboración entre católicos y presbiterianos para
traducir la Biblia al tzotzil y la existencia del coro de Acteal que también se
debe agradecer a una colaboración con los presbiterianos. Más bien son las
campañas malintencionadas que se han difundido a este respecto las que estarían
instigando a crear un conflicto que no existe.
2)
En México no hay justicia y el pueblo ya se cansó
Hace unos días la violencia volvió a
entristecer al país con lo que sucedió en Tláhuac. A raíz de esta tragedia el
presidente Fox destituyó al ex secretario de Seguridad Pública del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, que está siendo investigado por la PGR por no
haber intervenido para evitar el linchamiento de dos policías.
Nos preguntamos ¿esto significa que ya
se nos va a hacer justicia? Si en este caso se investiga a los funcionarios
porque no intervinieron durante dos horas de violencia para evitar dos muertos.
¿Qué se podrá decir de la masacre de Acteal, donde la balacera duró siete
horas y murieron 45 personas, sacaron del vientre de su mamá a 4 niños y
los asesinaron y quedaron 26 lesionados? La policía de Seguridad Pública
del Estado estaba a 200 metros; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas se comunicó a través del Padre Gonzalo Ituarte con el Secretario de
Gobierno Homero Tovilla Cristiani. Ya se había denunciado públicamente semanas
antes de una posible masacre. El mismo obispo de San Cristóbal, Don Felipe
Arizmendi quien, en aquel tiempo era obispo de Tapachula, acaba de declarar a
la prensa que él personalmente alertó al gobernador Ruiz Ferro de que en
Chenalhó era inminente un hecho sangriento.
Si, como parece por su manera de actuar
en el caso Tláhuac, Fox y la PGR piensan que la omisión es un delito
grave, y que una vez advertidos de que hay peligro inminente de violencia, las
autoridades responsables de la seguridad pública no pueden evadir
su obligación de impedirla, entonces seguramente van a ordenar la investigación
y consignación de Ruiz Ferro, Homero Tovilla, Uriel Jarquín, Emilio Chuayfett y
hasta del mismo Zedillo. El Gral. Macedo de la Concha se va a acordar de que
antes que ser militar tiene la responsabilidad de ser abogado de la nación
y seguramente va a abrir una averiguación contra los militares que apoyaron el
entrenamiento y el armamento de los paramilitares.
O ¿es que a estas personas la
Constitución Política les hace una excepción? O ¿Cuáles son las razones?
Si se aplicaran en Acteal los mismos criterios jurídicos que se están aplicando
en Tláhuac todas esas personas deberían ser castigadas por su negligencia
(por lo menos). Pero nuestros corazones nos dicen que esto no va a suceder y
sabemos que la ley en México no se aplica parejo. No es la misma ley para
todos, sino una para los ricos y los amigos del gobierno y otra para los pobres
y los que critican al gobierno. Nos hemos dado cuenta junto con millones de
mexicanos que los pobres no podemos esperar justicia de nuestro sistema de
procuración de justicia. La tragedia que sucedió en Tláhuac es una herida
infectada que muestra esta descomposición del tejido social que no es por
usos y costumbres, como quieren hacer creer en este caso y como quiso
hacerlo creer la PGR en el caso de Acteal, sino porque las autoridades que
deberían aplicar la justicia no lo hacen. Los que gobiernan a mi pueblo no le
hacen justicia, en sus manos sólo hay corrupción y tienen la mano derecha llena
de sobornos (Salmo 26, 10). Cuando la autoridad no cumple esta función
cabalmente, toda la sociedad se resiente.
3)
Nuestra propuesta. Derechos indígenas y Nueva Sociedad
Esta es la realidad de la masacre de
Acteal. No lo que ha dicho el gobierno y los defensores de los paramilitares de
que es un conflicto ínter comunitario o interreligioso. Las Abejas hemos sido
una organización ecuménica desde nuestra fundación hasta la fecha.
Seguimos demandando justicia en el caso
de Acteal, pero no es nada más por nosotros Las Abejas. Es por todos los
mexicanos. Si Acteal queda en la impunidad tarde o temprano puede suceder otra
masacre en otra comunidad o en una ciudad. Es por eso que todos debemos
unir nuestra voz para exigir castigo para los funcionarios responsables, para
que no vuelvan a cometer sus crímenes.
Ante estos obstáculos, queremos
compartirles que hemos decidido mantenernos firmes en nuestra lucha por la
justicia y por la paz verdadera en nuestros pueblos. Aunque el plan del
gobierno era meternos miedo con las represiones, sin embargo nos organizamos
más. Nuestra organización está dando frutos con la cooperativa de Café Maya
Vinic, con el Coro de Acteal, con los promotores de salud, con las mujeres
artesanas Maya Antsetik, con los promotores de Derechos Humanos, y otros. La
comunicación con otras organizaciones indígenas y ONG’s nacionales e
internacionales nos ha hecho más fuertes y apoyados por nuestra lucha. Hemos compartido
nuestra experiencia con desplazados de otros países. Nos hemos unido a las
luchas contra el ALCA y las mega hidroeléctricas. Vemos que organizados aunque
con dificultades podemos construir nuestras alternativas al neoliberalismo.
Con estas cosas realizadas sabemos que
no bastan, aún hay muchas tareas: Una de ellas es luchar por los derechos
indígenas. Al luchar por los derechos indígenas y por nuestras formas de
impartir justicia estamos luchando por reconstruir desde abajo nuestra
sociedad, que ya no cree en la justicia del gobierno porque nunca llega a los
pobres. Que las comunidades asuman la justicia y la resolución de conflictos,
no con violencia, sino de acuerdo a la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas.
Nos solidarizamos y nos unimos a que se
nos haga justicia junto con nuestros hermanos que también han sufrido masacres
y asesinatos a los defensores de derechos humanos, así como a los hermanos de
Aguas Blancas, de Guerrero, de Oaxaca, hermanos de la Zona Norte de Chiapas,
Digna Ochoa y Plácido. Nos solidarizamos con todos los que sufren como hemos
sufrido nosotros: con los familiares de los policías linchados en Tláhuac y con
los pueblos de Irak y Palestina; con los hermanos y hermanas de Colombia que
también sufren por los paramilitares. Les decimos que aunque los poderosos
quieren destruirnos, Dios no nos abandona, sino que al contrario conmueve
corazones de otras personas del mundo para solidarizarse por nosotros. Así
estamos viviendo nosotros los sobrevivientes de Acteal, perdimos a nuestros
familiares pero tuvimos oportunidades de recibir solidaridad de gentes de todas
partes del mundo, animándonos que nuestra lucha es justa y que debemos de
seguir adelante porque no estamos solos. Igual así les decimos a todos ustedes,
no están solos, estaremos todos unidos.
Hermanos y hermanas; que hoy nos
acompañan y a los que no pudieron venir, pero nos mandaron cartas y están
orando o manifestándose en sus países, reciban nuestros agradecimientos con
todo nuestro corazón por su solidaridad y por su acompañamiento.
Juntos podemos hacer que otro mundo sea
posible.
¡Nunca más otro Acteal! ¡No más
masacres ni asesinatos!
Atentamente
La Mesa Directiva de Las Abejas
José Pérez Vázquez, Victorio Pérez Pérez, José A. Jiménez
Pérez, Pablo Hernández Arias, Fernando Gómez Hernández, Mariano Pérez
Guzmán.
San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 22 de diciembre de 2004
Anexo 4
Una
carta abierta
A Vicente Fox Quezada Presidente
de México
A la Suprema Corte de Justicia de
la Nación
A la Procuraduría General de la
República
Al Congreso de la Unión
Al Gobernador del Estado de
Chiapas,
Al Procurador General
De Justicia del Estado
Al Juez Primero de
Distrito del Vigésimo Circuito Judicial, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Al Juez Segundo de
Distrito del Vigésimo Circuito Judicial, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Al Juez de lo Penal en
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
¡NO
A LA IMPUNIDAD!
El 22 de diciembre de 1997 en la población de
Acteal, cercana a San Pedro Chenalhó, Chiapas, México, fueron masacrados 45 indígenas
tsotsiles que se encontraban en una ermita, después de tres días de ayuno y
oración por la paz: 15 niños, 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas entre
diez semanas a cinco meses, y 9 hombres, además de 25 heridos, por un grupo de
hombres con armas de alto calibre y balas expansivas de uso exclusivo del
Ejército Federal Mexicano sin que los Policías de Seguridad Pública
acuartelados a escasos 200 mts, intervinieran en su ayuda, a pesar que el
ataque se prolongó por más de 7 horas. Los grupos paramilitares existentes en
la región desplazaron, asesinaron, amenazaron y hostigaron constantemente a las
comunidades que se les oponían, meses antes de que la masacre ocurriera, por
esto se había pactado un acuerdo de no agresión, que era el motivo de la vigilia
que terminaba el 22 de diciembre.
Las víctimas de la masacre se encontraban
desplazados de sus comunidades a raíz de la violencia generalizada en la zona,
producto de la estrategia de guerra de baja intensidad, o de guerra irregular
como la nombra el Ejército Mexicano que se puso en marcha por parte del
gobierno de México después del levantamiento del EZLN en 1994.
A través de su estrategia contrainsurgente y al
crear grupos paramilitares, el Estado Mexicano provocó el desplazamiento de
miles de personas que se vieron obligadas a vivir bajo condiciones inhumanas;
les fue violado su derecho a la propiedad y posesión de la tierra y junto con
éste, otros derechos que derivaban del cumplimiento de aquél, tales como el
derecho a una vida digna, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el
derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación
entre otros. Junto con estos desplazamientos también se dieron violaciones al
derecho a la vida, a la integridad y seguridad personales, ya que las
ejecuciones y desapariciones acontecidas en el estado de 1994 a 1999, no han
sido esclarecidas.
Los gobiernos estatales y federales se han negado a
reconocer las evidencias que señalan el origen de la masacre en acciones que se
generan en un contexto de guerra de baja intensidad, esto ha permitido que la
defensa de los inculpados quiera confundir a la opinión pública sobre los
verdaderos motivos de la masacre, señalando que se trata de un problema
religioso, recurriendo para ello a lagunas legales como parte de su estrategia
de protección a los culpables, ya que mientras no existan reformas legales que
integren un tipo penal especifico sobre grupos paramilitares, se seguirá
utilizando términos como el de “grupos civiles armados”, consiguiendo con ello
minimizar el carácter contrainsurgente de éstas organizaciones.
A partir de aquel 22 de diciembre se inició un
largo peregrinaje en búsqueda de la Justicia por parte de las víctimas y
ofendidos de la masacre, dentro del sistema de procuración y administración de
justicia mexicano, que a la fecha no ha concluido. Múltiples violaciones a los
derechos humanos de las víctimas y ofendidos han sido cometidas por el Estado
Mexicano; la dilación en la impartición de la Justicia y la Denegación de la
misma, es evidente.
La masacre de Acteal constituyó un acto en el que
fueron violados de manera brutal los derechos a la vida y a la integridad
física; asimismo los derechos de la mujer, de los niños, de protección a la
familia tales como la maternidad y la paternidad, entre otros.
El derecho a la justicia, después de ocurrida la
masacre ha sido también violado: el conocimiento de la verdad sigue pendiente;
los autores intelectuales no han sido investigados; los juicios no se han
realizado con prontitud y eficiencia; el derecho a la reparación del daño ha
sido negado y el Estado Mexicano no ha dado garantías para que hechos como la
Masacre de Acteal no vuelvan a suceder.
La desaparición de la Fiscalía Especial para la
atención de los delitos cometidos en el estado de Chiapas, así como de la
Unidad Especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos
civiles armados, demuestran la intención de la autoridad de minimizar los
hechos y la poca importancia que a la fecha dan al asunto.
El municipio de Chenalhó tiene la mayor presencia
militar por población en el país después del Distrito Federal y a pesar de
esto, el tráfico de armas y municiones, las amenazas y hostigamientos
continúan, así como la presencia de paramilitares.
La impunidad y la injusticia no sólo permanecen
para las víctimas de Acteal, sino también para las miles de personas
desplazadas que aún hoy viven en condiciones infrahumanas; los Principios
Rectores sobre el Desplazamiento Interno de la Organización de las Naciones
Unidas, así como las recomendaciones emitidas al Estado Mexicano por parte del
Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los
desplazados internos, aún no han sido cumplidos ni siquiera en el caso de las
familias retornadas, dado que los riesgos de violencia en las comunidades y de
reactivación de los grupos paramilitares, siguen vigentes.
El Estado mexicano ha firmado y
ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principal
instrumento del Sistema Interamericano, y como parte de este tratado tiene la
obligación de garantizar que se respeten entre otros, el derecho a la vida, el
derecho a la justicia y el derecho a la verdad de todos sus habitantes. En este
sentido, la protección del derecho a la vida de las personas exige por parte de
los órganos estatales una investigación seria, completa, eficiente e imparcial
de este crimen de lesa humanidad como fue la masacre de Acteal, para de esta
manera garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus
familiares.
El curso que tomó la investigación de
este crimen de lesa humanidad, así como sus consecuencias, deberían servir como
un llamado de atención a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
México, ya que ponen en evidencia deficiencias estructurales del aparato
estatal que afectan de manera directa el fortalecimiento del Estado de derecho
y la democracia. En este sentido, vale recordar lo dicho reiteradamente por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias con respecto a que
una situación de impunidad "propicia la repetición crónica de violaciones
de los derechos humanos."
Mientras no se garantice una efectiva protección a
los derechos elementales de la población más vulnerable, la verdad y la
Justicia seguirán siendo una utopía.
El Estado mexicano debería admitir
responsabilidades por las serias irregularidades cometidas durante los meses
que antecedieron a la masacre de Acteal, durante la investigación así como en
el procedimiento judicial, por esto solicitamos implementar medidas que garanticen
reformas institucionales tendientes a terminar con años de impunidad tanto en
éste como en muchos otros casos.
A los Gobiernos Federal y Estatal exigimos realizar una investigación que cumpla con los estándares
internacionales reconocidos en el sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, y que evite asimismo la impunidad de semejante hechos
y finque responsabilidad a los autores intelectuales de la Masacre en los
niveles Local y Federal, hasta llegar al esclarecimiento de la verdad.
Esto implica investigar penalmente a quienes se
desempeñaban en 1997 como funcionarios de alto nivel y a los autores
intelectuales de este crimen de lesa humanidad: Secretario de Gobernación, Lic.
Emilio Chuayffet, Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar;
Lic. Julio César Ruiz Ferro Gobernador del estado de Chiapas, Doctor Marco
Antonio Besares Escobar, Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas;
Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, Lic. Homero Tovilla Crisitiani y el
Subsecretario de Gobierno del estado de Chiapas, Lic. Uriel Jarquín, y al
Ejército Federal Mexicano por la formación y tolerancia de los grupos
paramilitares.
Exigimos a las autoridades encargadas de procurar e
impartir justicia, se apeguen a los principios fundamentales del derecho a la
verdad y juicio justo. Así mismo contemplar la reparación integral del daño a
las víctimas de la masacre, viudas, huérfanos y sobrevivientes, y las
garantías de no repetición de este tipo de hechos.
A la Procuraduría General de la República, exigimos
se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de civiles y
funcionarios públicos implicados en la Masacre en Acteal.
Al Gobierno Federal y Estatal urgimos el desarme y
desarticulación de los grupos paramilitares en Chiapas, para que hechos como
los ocurridos el 22 de diciembre de 1997 no se repitan.
Al Congreso de la Unión solicitamos se tipifiquen
en el Código Penal Federal los delitos de masacre y paramilitarización para
evitar que estos permanezcan en la impunidad.
Envíar sus comunicaciones a:
Presidente Vicente Fox
Quesada,
Residencia Oficial de Los Pinos,
Colonia San Miguel Chapultepec, Ciudad de México
Fax: ( 01.55) 55 22 94 13
E-mail : radio@presidencia.gob.mx
webadmon@presidencia.gob.mx
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
Ministro Presidente Mariano Azuela Güitrón
Conmutador: (01) 51301100 Ext1. 1303 / 1304 / Ext2. 6050 / 6021
Pino Suárez No. 2 Col. Centro
México, 06065, D.F.
México
Procuraduría General de la
República:
Gral. Rafael Macedo de la Concha,
Reforma Norte esquina Violeta 75. Colonia
Guerrero CP. 06300. México DF.
Tel: ( 01.55) 53 46 20 03 y 53 46 20 03 Fax:
(525) 3 46 09 06
Lic. Diego Fernández
de Cevallos
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República
Xicoténcatl 9, mezanine, Col. Centro
06018, México, D.F.
Tel: 5345 3000 ext. 3035/3432/9432/3038 Fax: 5345 3000 ext. 3527
e-mail: dfernandez@pan.senado.gob.mx
dfernandez@senado.gob.mx
Lic. Manlio Fabio
Beltrones
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Av. Congreso de la Unión s/n
Palacio Legislativo de San Lázaro
Edificio "A", Planta principal. Col El Parque,
15690, México, D.F.
Tel: 56.28.14.64, 56.28.13.39, 56.28.13.00 ext. 3000
Fax: 55.22.80.12, 55.22.81.11, 55.42.74.31 55.23.83.03, 55.22.24.86
e-mail: manlio.beltrones@congreso.gob.mx
Lic. Pablo Salazar
Mendiguchía
Gobernador Constitucional de Chiapas
Palacio de gobierno, 1er Piso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Conmutador 61 2-90-47, 61 2-90-48,61 2-10-93, 61 2-33-52 y 61 2-05-28
Correo electrónico: secpart@prodigy.net.mx
Lic. Mariano Herrán
Salvatti
Procurador General De Justicia
Libramiento Norte Oriente s/n, 3er. Nivel
Infonavit "El Rosario" Tuxtla Gutiérrez, Chiapas CP
30064
Conmutador 61 6-53-59, 61 6-53-65, 61 6-53-74, 61 6-53-73 Ext 300 – 303.
Lic. Iván Benigno Larios
Velásquez
Juez
Primero de Distrito del Vigésimo Circuito Judicial
Bulevar Angel Albino Corzo 2641
Colonia Las Palmas Edificio A Planta Baja.
Palacio de Justicia
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Teléfono: (961) 6043617 (Pedir tono de fax)
Lic. Benjamín Soto
Sánchez Juez Segundo de Distrito
del Vigésimo Circuito Judicial
Bulevar Angel Albino Corzo 2641
Colonia Las Palmas Edificio A Planta Baja.
Palacio de Justicia
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Teléfono: (961) 6043617 (Pedir tono de fax)
Lic. Isabel Álvarez
Ramos
Juez de
lo Penal San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Carretera San Cristóbal – Ocosingo Km.
20 Junto al Cereso No.5
Fax (967) 6743022
Teléfono: (967) 674321
San Cristóbal de Las Casas Chiapas
Por favor envíe copias de sus cartas a:
Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas
Brasil 14 Barrio de Mexicanos, CP 29240,
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Teléfonos: (967) 6787395 – 6787396
– 6783548 Fax (967) 678 3551
E-mail:
noalaimpunidad@frayba.org.mx
medios@frayba.org.mx
www.frayba.org.mx
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