Coca Cola y su filial en Colombia, Panamerican Beverages-Panamco S.A. participan en la guerra sucia contra el movimiento sindical que se está desarrollando en Colombia, país que se ha constituido en modelo de uso extremo de la violencia para imponer la mundialización neoliberal y donde toda forma de organización social que resiste está siendo exterminada. En este sentido, la transnacional Coca-Cola es uno de los peores ejemplos de la globalización neoliberal: mientras sus ganancias ascienden cada día, las situaciones de sus trabajadores es cada vez más precaria.

 

“Estamos enfrentando el verdadero genocidio laboral, social y cultural que la transnacional y sus embotelladoras hacen en contra de los trabajadores, nuestros hijos y nuestras esposas” denuncia el sindicato colombiano SINALTRAINAL que representa los trabajadores de las industrias de alimentos y desde muchos años lucha contra las políticas discriminatorias de la mayor transnacional de gaseosas y la Panamco, su más importante impresa embotelladora en América Latina.

 

En los últimos años han sido despedidos en Colombia más de 10.000 trabajadores de Coca-Cola y han sido remplazados por mano de obra temporal. Por medio de los contratos temporales, outsorcing y la contratación de servicios, la transnacional evita los costos que significan la estabilidad laboral y la seguridad social para los trabajadores. Por otra parte, la transnacional y las empresas que funcionan bajo su franquicia, han progresivamente desmontado las garantías conquistadas por los trabajadores y consagradas en las convenciones colectivas de trabajo. En el año 1995 la Coca Cola ha llegado a quitar el servicio médico a los familiares de los trabajadores negándolos el derecho fundamental a la salud.

 

Frente a esta situación, los trabajadores de las plantas de Coca Cola se han organizado y movilizado para defender sus derechos pero la respuesta de la transnacional ha sido la sistematización del terror y la represión. En los últimos 12 años, en Colombia, han sido asesinado 8 trabajadores de Coca Cola, 4 de ellos en plena negociación de pliego de peticiones. Por las continuas violencias de los grupos paramilitares, 48 son los trabajadores que han sido desplazados y 2 se han exiliado en el exterior. “Entre de esta situación – denuncia el secretario general de SINALTRAINAL Javier Correa - hay 67 compañeros amenazados de muerte. También se han presentado numerosas detenciones injustas de dirigentes; las movilizaciones y protestas obreras han sido militarizadas y en muchos casos los escoltas personales de los gerentes y los cuerpos de seguridad de Coca Cola han sido utilizado para agredir la organización sindical”.

 

Los gerentes de la impresa encuentran públicamente los paramilitares y en realidad parece que la contratación de grupos armados para reprimir la actividad sindical ha sido uno de los instrumentos más utilizados por los dirigentes de las instalaciones de embotellamiento de Coca Cola en Colombia. Las amenazas de los grupos paramilitares al interior de las plantas y en los municipios donde funcionan, son un elemento permanente y causan el terror entre los trabajadores y las comunidades. Hay casos donde los grupos armados de extrema derecha han ingresado en las embotelladoras para reunir los trabajadores y obligarlos a renunciar al sindicato. La paramilitarización de las plantas de Coca Cola está garantizada además por la infiltración de agentes encubiertos entre los “obreros” para ejercer directamente la presión sobre los trabajadores a través amenazas y anunciando situación de riesgo contra de ellos y sus familias.

 

El permanente accionar de grupos paramilitares, en complicidad con las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado, ha servido a la multinacional y a su filial, para presionar ilegalmente a los dirigentes sindicales, obligar a los trabajadores a renunciar a sus contratos de trabajo e imponer bajos salarios a los nuevos contratados [1].

 

“Cuando no han asesinado los trabajadores, se le ha perseguido hasta llevarlos a la cárcel y a procesarlos simplemente por el delito de ser dirigente sindical” comenta Leonardo García, abogado y asesor del sindicato. “Antes, SINALTRAINAL era una organización bastante grande y hoy se encuentra fuertemente debilitada. En pocos años el número de afiliados ha pasado de 5.400 a 2.300. Después de cada contratación colectiva vienen la represión y los programas de la impresa que incentivan el despido de los trabajadores” [2].

 

La corajosa de los trabajadores colombianos

La sistemática violación de los derechos humanos y laborales en las plantas de Coca Cola es hoy un hecho conocido a nivel internacional, gracias a la corajosa campaña de movilización de las organizaciones sindicales y ONGs colombianas, que han logrado reunir en el 2002 durante tres diferentes audiencias populares sobre los crimines de Coca Cola, activistas y miembros de importantes entidades europeas e americanas. Atlanta el 22 de julio, Bruselas el 10 de octubre y Bogotá el 5 de diciembre  han estado las etapas de esto proceso de construcción de un grande movimiento social de solidaridad y lucha internacional.

 

“En las audiencias populares de Atlanta, Bruselas y Bogotá, hemos denunciado la Coca Cola por crimines, abusos y atropellos contra los obreros colombianos” explica Javier Correa, secretario de SINALTRAINAL. “Hemos evidenciado como Coca Cola se ha reunido con unos grupos paramilitares y las dificultades que ha causado al medio ambiente en todos los procesos de producción de las embotelladoras. Hemos denunciado el desplazamiento de varias juntas directivas de SINALTRAINAL y la quema de sedes sindicales para borrar todas las pruebas de los atropellos de las impresas embotelladoras e impedir de demandarlas judicialmente. En las audiencias hubo testimonios de familiares de trabajadores que han sido asesinados, de trabajadores que han sido encarcelados, que han sufrido en carne propia la persecución y el terror que ha producido la política de Coca Cola”.

 

“En Colombia – continua el representante de SINALTRAINAL - ahora intentan de agredir nuestras familias, han intentado secuestrar hijos pequeños de nuestros compañeros. Han llegado al sindicato por escrito amenazas de muerte, para que los compañeros abandonen las ciudades de las embotelladoras. Cuando la unión sindical desarrolla protestas y mitin, las plantas son militarizadas por la fuerza pública bajo el presupuesto que allí hay insurgentes y terroristas. Se ha llegado al punto extremo que cuando un trabajador se sindicaliza la presión que tiene que aguantar las familias por visitas de los gerentes y funcionarios de Coca Cola es terrible. Quien no acepta, recibe inmediatamente una carta de despedida”. Los trabajadores despedidos son remplazados por trabajadores que tienen que trabajar en las plantas hasta 14-16 horas diarias con retribución mensual de 309.000 pesos (casi 100 dólares) y que no prevé la cobertura de las contribuciones sociales.

 

No faltan los casos donde los trabajadores han escogido de abandonar ‘voluntariamente’ sus empleo después de recibir graves presiones. En Pasto, en el 1998, un empleado de la embotelladora de Coca Cola Embonar, Guillelmo Gómez Maigual, se ha suicidado porque sicológicamente afectado por la grave crisis económica debida a la decisión de la transnacional de no renovar el contrato de franquicia con la embotelladora local. Por eso, 150 trabajadores fueron despedidos porque habían luchado para obtener un nuevo acuerdo con Coca Cola. A la viuda de este trabajador no se ha reconocido la pensión y Panamco Colombia S.A. ha reabierto la planta empleando otros trabajadores, con sueldos muchos más bajos y sin el reconocimiento de los derechos contractuales colectivos.

 

El sistema de seguridad montado en las plantas es fuertemente represivo; hay el control constante de los empleados por videocámaras.  “Las embotelladoras de Coca Cola se parecen a una cárcel, a un campo de concentración” denuncian unos afiliados a SINALTRAINAL . “Cuando los compañeros van a hacer sus necesidades fisiológicas son seguidos por personales armados. Si Coca Cola quiere deshacerse de grupos de trabajadores, los someten a secuestro encerrándolos en una oficina y los obliga a firmar la carta de renuncia. Eso cuando muchos de nuestros compañeros han sido encarcelados y procesados con la acusación de secuestro por el simple hecho de ingresar en la oficina de gerencia y reclamar los derechos de los trabajadores”.

 

La política de producción y explotación de los recursos naturales de Coca Cola contribuye a empobrecer los colombianos y atacar la misma soberanía nacional. “Mientras en Colombia los más pobres se debaten para conseguir el agua, el Estado colombiano favorece la transnacional con precios por debajo de los que pagan los sectores más pobre” argumenta Javier Correa. Hay la paradoja que en esos últimos días Coca Cola ha comprado 16.000 toneladas de azúcar en Brasil para importarlo a Colombia y producir sus gaseosas, eso cuando los pequeños cultivadores colombianos son afectados por la caída internacional del precio de azúcar y la competencia de otros productores mundiales.

 

Pero el caso más emblemático de las  contradicciones creadas por el sistema Coca Cola es representado en Colombia propio con la producción de uno de los ingredientes característicos de la bebida, la hoja de coca. Por una parte, los indígenas y los campesinos que cultivan por cultura y por tradición la coca vienen haciendo fuertemente reprimido por el Plan Colombia y los programas militares que hace el Gobierno de los Estados Unidos. Y mientras esto ocurre, un articulo excepcional en la Convención Internacional sobre Estupefacientes de 1961 y en el Protocolo de modificación de 1972 ratificados por los Estados miembros de Naciones Unidas, autoriza a la transnacional a comprar anualmente hasta 1.000 toneladas de hojas de coca de Perú y Bolivia y la libre circulación de su estrato saborizante y “descocainizado”.

 

Las audiencias públicas populares contra la impunidad de Coca Cola

Más de 650 organizaciones del mundo se han reunido en los encuentros de Atlanta, Bruselas y Bogotá para apoyar la lucha de los trabajadores colombianos contra la devastadora política de Coca Cola, para exigir el derecho a la verdad de lo ocurrido, a la justicia frente a los responsables de las atrocidades y a la reparación integral para las víctimas.

 

“Exigimos que cesen las violentas actuaciones de Coca Cola y que sean castigadas” se lee en la declaración final aprobada por los participantes a el último encuentro de Bogotá [3].  Igualmente se tomó la decisión de presentar a Coca Cola unas propuestas de reparación no solamente en solicitud económica sino en como recuperar el tejido social y como no dejar perder la memoria colectiva de que ocurrió en estos años en Colombia.

 

“Pedimos que la transnacional financie la adquisición y funcionamiento de la ‘Galería de la memoria histórica y la reconstrucción de la cultura’”, declaran los participantes al Foro de Bogotá. “En cuanto a lo de la reconstrucción del tejido social es además fundamental que Coca Cola financie la publicación y difusión de millones de volantes con la memoria historia de las victimas. La transnacional debe colocar un display en cada una de sus botellas con las fotografías de sus trabajadores asesinados y cancelar las pensiones mensuales vitalicias a sus esposas e hijos. La impresa dotará de los recursos necesarios para la protección de los dirigentes sindicales amenazados e implementará medidas concretas de reparación de los daños causados a la ecología y a la biodiversidad de los colombianos (tratamiento de agua, reforestación, recuperación de cuencas hidrográficas, etc.)” [4]. Declarando el 22 de julio “día internacional de protesta y movilización contra la violencia de las transnacionales”, los participantes al Foro de Bogotá se han comprometido a desarrollar acciones de masas en todas las ciudades donde Coca Cola tiene instalaciones y a realizar durante un año, a partir de julio del 2003, el boicot internacional contra los productos de la compañía.

 

La globalización de los crimines

Los eventos de Atlanta, Bruselas y Bogotá han sido importantes además para puntualizar como se están desarrollando en todo el mundo las políticas represivas y antisindical del gigante de las bebidas edulcoradas. “También en otros países de Centroamérica, Filipinas, Pakistán, India, Israel, Venezuela, etc., - continua Javier Correa - el movimiento social acusa a Coca Cola de utilizar, directamente o a través de sus filiales, el asesinato, la violencia, la corrupción, el incumplimiento de las leyes laborales, para alcanzar sus fines económicos”.

 

El caso más cercano a lo que ocurre en Colombia es lo que se refiere a Guatemala, donde el sindicato nacional de los trabajadores de Coca Cola, STECSA, está enfrentando una dura negociación con la impresa embotelladora Panamco para defender los contratos colectivos y las conquistas saláriales de los obreros. En Guatemala actualmente los trabajadores son victimas de graves intimidaciones y han visto el recorte unilateral de sus sueldos; la impresa ha negado la manutención de las maquinarias que han causado graves efectos en la salud de los empleados [5].

 

“Además Coca Cola ha actuado en Guatemala en los años ‘80s en la misma forma de cómo lo ha hecho en Colombia”, denuncia SINALTRAINAL. “Se han presentado asesinados, desapariciones, encarcelamientos, despidos. Allí se han habido compañeros que fueron torturados, que fueron sacados de la embotelladora de Coca Cola por la policía; compañeros que fueron desaparecidos por los militares y luego fueron encontrados sin orejas, sin narices, sin dedos, con grandes mutilaciones. Lo mismo ha ocurrido en Venezuela donde hay una persecución muy fuerte contra los trabajadores. En este país los compañeros han denunciado como la transnacional a través los medios de comunicaciones ha financiado la campaña para derrocar el Gobierno de Hugo Chávez” [6].

 

En la audiencia pública de Bruselas, unas organizaciones no gubernamentales han denunciado los efectos negativos causados por la transnacional en una comunidad de la India, donde se apoderó de un río y la población tiene que comprar el agua a Coca Cola. En particular, en el pueblo de Plachimada, en el distrito sur de Palakkad, la Hindustan Coca-Cola Beverages Limited ha explotado todos los pozos hídricos existentes, contaminándolos, y más de 750 familias de campesinos han sido duramente afectadas [7]. Hoy, Coca Cola se opone a las legitimas demandas de la población local que pide el respeto y el reintegro de las fuentes hídricas.

 

Las audiencias han podido enfocar el caso de Estados Unidos, donde la transnacional ha sido denunciada por atentados contra la salud publica, daños ambientales, contaminación de los recursos naturales. Hay también casos de discriminación racial: en la primavera del año 2000, ocho dependientes han denunciado a Nueva York el management de la Coca Cola Company afirmando de haber sido discriminados gravemente sobre el trabajo, porque negros.

 

El genocidio de empleados y sindicalistas

Una larga serie di homicidios selectivos de trabajadores y dirigentes sindicales ha marcado el camino de Coca Cola en Colombia. El primero de estos ocurrió en la ciudad de San Juan de Pasto el 30 de Julio 1990, cuando fue asesinado con una bala a la cabeza Avelino Achicanoy Erazo, empleado de la embotelladora en Nariño. En aquellos días los trabajadores estaban en huelga porque la transnacional había rechazado las propuestas de negociación del Sindicato Nacional Colombiano de los Trabajadores de las industrias de Bebidas (SINTRADINGASOL-SINALTRAINAL). Avelino Achicanoy Erazo era miembro de la junta directiva de la organización y estaba liderando el comité de huelga de los trabajadores.

 

Cuatros años más tarde, el 8 de abril 1994, fue asesinado José Eleasar David, afiliado SINALTRAINAL y empleado de la planta de Coca Cola en Carepa, Urabá (Antioquia). Doce días después fue asesinado otro empleado de la misma filial, Luis Enrique Giraldo Arango, también él representante sindical de SINALTRAINAL. El 23 de abril de 1995, un tercero trabajador de la planta de Coca Cola en Carepa fue asesinado a la presencia de su esposa y los hijos; se trataba de Luis Enrique Gómez Arango, noto líder sindical en la importante zona bananera colombiana.

 

La matanza continuó el 22 de Julio 1996, cuando fue asesinado Martín Galeano, obrero de la Embotelladora Román S.A. en Vallepudar (César). Este homicidio fue realizado en el interno de la planta donde él trabajaba. Siempre en el mismo año, el día 5 de diciembre, cayó bajo el fuego de un grupo paramilitar, Isidro Segundo Gil Gil, empleado de la planta de Carepa de la Embotelladora Urabá S.A. de Coca Cola e importante líder de SINALTRAINAL. También este homicidio ocurrió en el interior de la planta de la transnacional y como ocurrió en el caso de Avelino Achicanoy Erazo, en esos días, el sindicato estaba desarrollando la contratación con la impresa que había rechazado todas las propuestas de negociación. A Gil Gil le propinaron un disparo en la frente y otros cuatros en el lado izquierdo del tórax [8].

 

Después de matarlo a él, el grupo armado intentó de secuestrar otro líder sindical que logró afortunadamente de escapar. Por fin los paramilitares se dirigieron hasta la sede de SINALTRAINAL que destruyeron y quemaron. El día después el mismo grupo armado regresó a la planta embotelladora de Coca Cola para reunir los trabajadores y bajo la amenaza de muerte, los obligaron a firmar las cartas de renuncia laboral. Veinte siete empleados abandonaron la impresa y decidieron desplazarse a otros departamentos. Todos los trabajadores que se quedaron en la embotelladora han tenido que dejar el sindicato. Dos meses más, los paramilitares quedaron instalados enfrente a la puerta de ingreso de la fabrica sin que la impresa denunciara el hecho a la autoridad pública.

 

Por esto asesinato, el sindicato y la familia de la víctima han inculpado la transnacional en cabeza del gerente de la impresa Bebidas y Alimentos de Urabá, Ariosto Milán Mosquera. De él son muy conocidos en Carepa los lazos con los grupos paramilitares. Después de las denuncias de SINALTRAINAL, el juez ordenó el encarcelamiento del director de la planta, del responsable del sector productivo y del local jefe paramilitar. Pero el Tribunal decretó unos meses después la liberación y la absolución de los tres imputados [9].

 

“Condenamos el Estado colombiano por su deficiencia, negligencia y mala investigación por la muerte del compañero, e incineración de la sede sindical de SINALTRAINAL” comenta la organización sindical. “Hasta hoy no se han condenado los culpables. Ellos fueron mantenidos en sus cargas por la impresa y uno de ellos ha llegado a dirigir el hospital de Turbo, mientras los trabajadores de la planta Coca Cola de Urabá han estado victimas de desplazamientos, agresiones y sufrimientos laborales y familiares”. El mismo hermano de Isidro, Martín Emilio Gil Gil, que asesoraba el sindicato en la negociación contractual con Coca Cola, fue constreñido ad abandonar su empleo en la transnacional enseguida de unas graves amenazas de muerte. El 18 de noviembre de 2000, la segunda esposa del líder sindical asesinado, Lira Del Carmen Herrera Pérez, fue secuestrada en su casa y luego asesinada en la calle.

 

Otro líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de las industrias de Bebidas (SINALTRAINBEC), caído en la larga campaña para el respeto de los derechos laborales en las plantas de la transnacional, fue Oscar Darío Soto Polo, asesinado el 21 de julio de 2001 en la ciudad de Montería (Córdoba). También este homicidio ha ocurrido en pleno proceso de negociación contractual, en el mismo día que un grande número de organizaciones sociales colombianas se habían movilizado para conmemorar el aniversario de la matanza de los trabajadores de Coca Cola en Guatemala. Después del homicidio de Oscar Darío Soto Polo fue organizada una huelga en la planta de Montería. En respuesta, el jefe de la seguridad de la impresa, acusó la os dirigentes del sindicato de terrorismo. Cincos de ellos fueron encarcelados por seis meses. Contemporáneamente en los muros de la fabrica apareció una escrita de amenaza en contra de los lideres sindicales, firmada por las Autodefensas Unidas de Colombia.

 

El último homicidio selectivo ha ocurrido recientemente: el 31 de Agosto de 2002, fue asesinado Adolfo de Jesús Múnera López, ex trabajador de Coca Cola en la impresa embotelladora Roma  S.A. de Barranquilla (Atlántico). Los asesinos esperaron Adolfo de Jesús Múnera López en el ingreso de la habitación de la madre para matarlo con unos tiros de pistola. En su larga vida sindical había encubierto importantes cargos, como lo de vicepresidente de la Central Unitaria de los Trabajadores – CUT, Seccional Atlántico, y miembro de la junta directiva de SINALTRAINAL.

 

En 1997, su apartamento fue allanado por miembros de las Fuerzas Armadas, y por esa razón se vio obligado a desplazarse a otras ciudades. Fue así que Coca Cola decidió despedirlo por “abandono del puesto de trabajo”. Según la organización sindical, el allanamiento fue organizado enseguida de las señalaciones del gerente local de Coca Cola, el señor Emilio Hernández, que lo había injustamente denunciado por terrorismo y rebelión. Múnera López se apeló a las autoridades judiciales para obtener el reintegro en Coca Cola, consiguiendo un fallo positivo in primera instancia. La compañía hizo recurso de apelación y rechazó de reintegrar el trabajador. El 22 de Agosto 2002, nueve días antes de su muerte, la Corte Constitucional le envió una carta con un pronunciamiento que aseguraba concretas posibilidades de reintegro en Coca Cola.

 

“Múnera López era uno de lo más apasionado sostenedor de la campaña contra Coca Cola” comenta el secretario general de SINALTRAINAL Javier Correa. “Él fue asesinado cuatro semanas después de haberse realizado la Primera sesión de la audiencia publica internacional en la ciudad de Atlanta. La respuesta de Coca Cola fue supremamente intolerante. Cuando aprendimos de la muerte del compañero, organizamos una protesta por dos horas en la fabrica de Barranquilla y prontamente Coca Cola solicitó al Ministerio de Trabajo de ilegalizar esta protesta para que elimine judicialmente el sindicato y le día en consecuencia la posibilidad de despedir otros trabajadores”.

 

Trabajadores en la mira

Junto a la larga lista de homicidios selectivos de sindicalistas y trabajadores, la lucha en contra de la arrogancia empresarial de Coca Cola está marcada por una infinidad de violaciones de los derechos humanos. Son los mismos empleados victimas de los atropellos a contar sus dramáticas experiencias. 

 

“En el año 1996, en Bucaramanga – recuerda José Domingo Flores - fuimos detenidos y acusados de terrorismo y rebelión bajo la declaración de un testimonio de la misma transnacional. Coca Cola, en complicidad con los jueces y los fiscales del país, nos denunció como afiliados al ELN, el Ejercito de Liberación Nacional. Afortunadamente en el proceso fue posible demostrar nuestra inocencia. Éramos cinco compañeros: Álvaro Gonzáles, Luis Eduardo García, Luis Javier Correa, Sergio López y yo. Nos llevaron a la cárcel y fuimos detenidos por seis meses. Nos metieron en el patio de máxima seguridad donde no había que delincuencia común. Era un patio de un par de metros cuadros y el espacio era tan angustio que se un compañero se distendía el otro tenía que estar en pie. El tratamiento fue humillante y degradante: era muy difícil hacer necesidades fisiológicas y nos tocaba voltearnos”. Los cinco trabajadores de Coca Cola estuvieron casi dos meses en el patio de seguridad y las esposas los podían encontrar solo un día a la semana. “Pero la cosa más grave – continua José Domingo Flores – fue que aterrizaron a los compañeros de la fábrica diciéndole que se no salían del sindicato, lo iban a pasar lo mismo que nos había pasado. Eso es porque hoy los sindicalizados de Bucaramanga somos muy poquitos”.

 

“En los años ’80 Coca Cola tenía un grupo de hombres de inteligencia en todos los rincones del país” añade Álvaro Gonzáles, uno de los trabajadores encarcelado injustamente en Bucaramanga en el año 1996, por la falsa acusación de los funcionarios de Coca Cola. “El orden para estos hombres era de ganarse la confianza de los trabajadores y los sindicalistas para infiltrarse en SINALTRAINAL, considerado por la transnacional una ‘organización de la izquierda, que tiene contacto con los grupos rebeles’. Hemos demandado esa operación de infiltración en el sindicato y tenemos la admisión de Coca Cola que los utilizó para penalizarnos y criminalizarnos”. Paralelamente a partir del año 1984, la transnacional empezó a patrocinar y financiar una organización sindical con la finalidad de minar la unidad de los obreros.

 

Desde el año 1992 la Coca Cola militarizó sus fabricas en la región de Santander (las plantas de Bucaramanga y Cúcuta), denunciando públicamente que todos los trabajadores de la impresa son militantes de SINALTRAINAL. Siempre en la embotelladora de Bucaramanga, ha ocurrido recientemente un grave atropello que ha tenido consecuencias judiciales. El día 7 de Junio de 2001, el gerente de fabricación de la planta, José Ignacio Quiroga, agredió físicamente al dirigente de SINALTRAINAL, Álvaro González, que le había exigido que no hostigara a los trabajadores socios del sindicato, a quienes la empresa en forma arbitraria había trasladado de sus puestos de trabajo para subcontratar otros obreros provisionales. Se instauró querella penal y el juez encargado, el 20 de Marzo de 2002, condenó a José Ignacio Quiroga Velasco a la penal principal de seis meses de arresto y pagar los perjuicios causados. Asegurando de facto su impunidad, la empresa Panamco Colombia S.A., decidió trasladar el dirigente a otra embotelladora. “El mencionado funcionario y representante de Coca Cola apeló el fallo – denuncia SINALTRAINAL - y en un hecho sin precedentes acaba de salir un fallo donde lo exoneran de la agresión cometida contra el dirigente sindical, según el juez por que no son validos los testimonios de los trabajadores por ser del sindicato”.

 

En estos últimos meses Álvaro González ha sido victima de retorsión. Los días 9 y 11 de Julio de 2002, el sindicalista ha recibido unas llamadas donde lo amenazaron de muerte si él no pagaba diez millones de pesos colombianos. El 25 de Septiembre ocurrió un hecho bastante raro: unos desconocidos llegaron al restaurante donde él se encontraba y del cual es copropietario y le propinaron varios impactos de bala a Luis Ernesto Celis que murió dos días más tarde. Supuestamente esto fue por robarse el dinero de la venta del día. Todavía el 5 de Octubre la hija de Álvaro González recibió una llamada telefónica por un desconocido quien le dijo: “Su papá es un hijo-de puta y es el próximo que vamos a matar”.

 

“Como una muestra más de la intolerancia, la persecución sindical, la violación al derecho de expresión y opinión desatada por la embotelladora de Coca Cola en la ciudad de Bucaramanga – se lee en el comunicado de SINALTRAINAL - a partir del 6 de Noviembre de 2002 se suspendió injustamente el contrato de trabajo por 5 días al dirigente de SINALTRAINAL Nelson Pérez Tirado, por el hecho de distribuir a los trabajadores la declaración de política de la segunda sesión de la Audiencia Pública Popular ‘Héctor Daniel Uséche Berón contra la impunidad’ realizada en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el 10 de Octubre de 2002” [10].

 

Como se eso no fuera bastante, la represión en Bucaramanga se ha extendido a los ex trabajadores de la transnacional como en el caso de Alfredo Porras Rueda, líder sindical, cuya vivienda fue devastada en el 1997 por un ilegal allanamiento de los hombres de la V brigada del ejército colombiano. Alfredo Porras Rueda fue detenido por miembros del ‘Grupo Gaula’ de las fuerzas armadas el pasado 31 de Diciembre de 2002. Horas más tarde a través de los medios de comunicación el general Jairo Duván Pineda, Comandante de la V División, lo acusó públicamente de ser miembro e ideólogo del grupo insurgente ELN [11].

 

Alfredo Porras Rueda, hasta el año 1998, laboró para la embotelladora de Coca Cola; después renunció a su trabajo debido a la persecución, amenazas de muerte, atentados y allanamientos de que fue víctima, enseguida de los señalamientos y acusaciones de los funcionarios de Coca Cola en contra del sindicato. Hasta esa época él era presidente de SINALTRAINAL de la Seccional de Bucaramanga; debió salir del país por varios meses, y a su regreso dedicarse a rebuscarse el sustento para su familia. “Ha sido costumbre de los representantes de esta transnacional acusar falsamente a sus trabajadores de tener vínculos con la insurgencia para buscar el aniquilamiento del sindicato y de las conquistas de sus obreros” ha comentado SINALTRAINAL poniendo énfasis que la detención de Porras Rueda ocurrió solo tres semanas después de la realización en Bogotá de la audiencia pública sobre los crimines de Coca Cola [12].

 

Hace tres meses, otra planta embotelladora de Coca Cola ha sido victima de una nueva incursión de los grupos paramilitares. El día 2 de octubre de 2002, a las 6 de la mañana, cuando en la entrada a la fábrica de Coca Cola en la ciudad de Barrancabermeja se realizaba una jornada de protesta sindical, ingresaron dos presuntos paramilitares. Uno de ellos fue reconocido en Saúl Rincón, ex trabajador de la embotelladora. “Ellos conversaron con Reinaldo González y Martha Yaneth Orduz, funcionarios de la empresa” ha denunciado el sindicato ante la Fiscalía. Tres días después, nuevamente el presunto paramilitar Saúl Rincón fue visto rondando por los lados de la empresa; él se acercó a Juan Álvaro Pulgarín, integrante de la junta directiva de SINALTRAINAL y le dijo que Reinaldo González, funcionario de la empresa, le había contado que un sindicalista lo había acusado de presunto paramilitar, “pero que eso ya lo sabía el ‘Gaby’ que es el jefe paramilitar en la ciudad de Barrancabermeja”. Luego, el 8 de Octubre en el barrio ‘20 de Enero’ se le aparecen al vicepresidente de la seccional local del sindicato, Juan Carlos Galvis, el supuesto paramilitar y el acompañante que ingresó el 2 de octubre a la embotelladora de Coca Cola. Pasó un día y en la habitación del presidente de SINALTRAINAL y trabajador de la compañía, William Mendoza, su esposa encontró un sobre amarillo por debajo de la puerta y que contenía un sufragio, la postal que se utiliza para dar las condolencias a los familiares por muerte de un familiar, donde decía en un escrito “por fin en Barrancabermeja, AUC”.

 

La familia de William Mendoza sigue siendo perseguida hasta hoy por los paramilitares. El 6 de enero, el presidente de SINALTRAINAL recibió una llamada en su teléfono celular de una persona que se identificó como John Jairo y que dijo que era el “responsable político de las autodefensas”. Once días después, la hija de William Mendoza recibió una llamada de una persona desconocida. “Dónde están su papá y su mamá?” le dijo el anónimo interlocutor. “Dígales que se cuiden mucho. Usted, dónde estudia?" Ella respondió: “En el Colegio Técnico del Comercio" pero él dijo: “No sea mentirosa. Usted estudia en el Colegio Diego Hernández y su hermano en estos momentos está lavando el frente de la casa. Cuídense mucho".  Efectivamente la hija del líder sindicalista estudia en el Colegio Diego Hernández y el hijo estaba haciendo el aseo al frente de la casa, lo que supone que los presuntos paramilitares estaban vigilando la casa. Fuertemente preocupado por el claro mensaje de amenaza, el 22 de enero, William Mendoza ha transferido su familia a otra ciudad, todavía ha expreso su voluntad a continuar su trabajo sindical en Barrancabermeja [13].

 

La ‘limpieza anti-sindical’ de Coca Cola en Urabá

Otro departamento que con Santander fue en el ciclón de la represión en contra de los trabajadores de Coca Cola es lo de Antioquia, el más violento del país. Aquí, en la región norte de Urabá surge la importante planta embotelladora de Carepa, donde en el 1985, 17 obreros han tenido que abandonar el trabajo para desplazarse a otras ciudades de Colombia [14]. En Urabá se realizó el homicidio de Isidro Segundo Gil Gil y el fracasado tentativo de secuestro del sindicalista José Cardona. “En Urabá en el año 1995, las autoridades nos sacaron la primera junta directiva del sindicato” recuerda este ultimo. “Luego formamos la segunda junta directiva y en los años 1996-97 nos asesinaron cinco compañeros. El mismo día que mataron Isidro Segundo Gil, a las dos de la tarde, yo fui secuestrado por ocho paramilitares. Afortunadamente logré escaparme corriendo casi cuatro cuadras, llegando hasta la policía. Allí denuncié que un dirigente de la embotelladora me había amenazado, diciéndome que él había hablado con los paramilitares y que ellos tenían que acabar con nuestro sindicato. Él tenía lazo con los paramilitares, le regalaba las gaseosas para sus fiestas. Me tocó salirme de Urabá con dos bolsas de robas para mí, dos para mi niña y dos para mi esposa, hacia la ciudad de Medellín”.

 

Así continua el relato de José Cardona: “La policía me dijo que no podía regresar porque me buscaban los paramilitares pero todos sabíamos que ellos trabajan en conjunto: el ejercito, la policía y los paramilitares. El 2 de diciembre, en Bogotá, aprendo que los paramilitares han ingresado en la fábrica de Carepa y que habían reunido a todos los personales para decir que todos los que pertenezcan al sindicato tienen plazo hasta las dos de la tarde para renunciar y sí no, ellos no respondían por la vida de nadie. En el mismo computador de la impresa se realizaron las cartas de renuncia. Ellos tenían solo que cambiar el nombre de cada asociado”. Hace un año, José Cardona ha tenido que salir de Bogotá para buscar exilio en el exterior. “En diciembre 2001, los paramilitares me han buscado con otros compañeros en Bogotá. Me querían asesinar porque no había regresado a Urabá donde ‘tenía una vuelta pendiente’ y más, había seguido protestando. Me han vinculado a un programa de protección y me ha tocado abandonar el país y mi familia”.

 

Los dirigentes de la transnacional se encuentran con Carlos Castaño

Los estrictos lazos entre el fenómeno paramilitar y los más importantes dirigentes de la transnacional en Colombia han recibido confirmas directamente por unos de los mayores órganos de prensa del país. “El pasado 5 de octubre – declara el secretario de SININTRAINAL Javier Correa - hemos denunciado frente a las autoridades que un funcionario de Coca Cola de la embotelladora de Barrancabermeja estuve reunido con los máximos jefes de los grupos paramilitares. Según el semanal Cambio, la Coca Cola en el 1998 se reuní directamente con Carlos Castaño en Montería. Estos hechos los habíamos denunciado antes, inútilmente, a la dirección general de la empresa en Bogotá”.

 

Vale la pena reportar la reconstrucción periodística del presunto encuentro de la transnacional con el responsable de los peores crimines de la guerra sucia en Colombia, notoriamente involucrado en el narcotráfico. Según Cambio, los hechos originaron de un tentativo de extorsión a daño de una embotelladora de Coca Cola llevado por un cabecilla paramilitar. En el abril 1998, en la zona central cerca de Puerto Boyacá, lugar donde históricamente se ha desarrollado el fenómeno paramilitar, los camiones que distribuyen la Coca Cola fueron parados por integrantes de las autodefensas de la región, a ordenes de Ramón Isaza. “Les dijeron que, a partir de la fecha, ningún producto de Coca Cola podría ser distribuido en la región. Les ordenaron regresar con su carga a la planta embotelladora en Barrancabermeja, y transmitir el mensaje a sus jefes en el área de Puerto Boyacá, La Dorada, Mariquita, Honda, Cimitarra, Barrancabermeja, y cerca de 30 municipios más de Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander y Antioquia, el ingreso de la gaseosa había quedado vetado hasta nueva orden” [15].

 

Los administradores de las plantas quedaron impresionados ante la inusitada serie de amenazas, sobre todo por el hecho que la agresión procediera de los paramilitares. Entrevistado por los periodistas del semanal, Roberto Ortiz, presidente de la compañía Panamco-Indega, embotelladora y distribuidora de más del 97% de los productos de Coca Cola en Colombia, y vicepresidente de Panamco matriz de Miami, declaraba la contrariedad de la transnacional a cualquier forma de ‘colaboración’ con los actores armados. “Llevamos años lidiando con la guerrilla en amplias zonas del país, aguantando que nos quemen los camiones, nos secuestren personal, nos boleten; todo ello porque la compañía tiene como política la de nunca pagar a los grupos irregulares, llamase guerrilla o autodefensas o incluso delincuencia común, para garantizar nuestras operaciones” [16].

 

Siempre según Cambio, una primera versión apuntaba a que detrás de la radical medida adoptada por Isaza “estaban las quejas de los tenderos de la región por la supuesta reducción de los márgenes de utilidad en la venta de Coca-Cola en sus distintas presentaciones. Aunque el precio de las gaseosas es libre en Colombia, desde hace un par de años algunos embotelladores imprimen en las etiquetas una cifra que llaman ‘precio sugerido de venta al publico’, que de modo inevitable se ha convertido en un tope para los tenderos. Y cuando se trata de regiones apartadas, la diferencia entre el precio sugerido y lo que el tendero paga al distributor, a veces no basta para cubrir los costos del vendedor final”.

 

Mientras tanto se abre la investigación de la Policía, a fines de abril 1998, dos enviados del jefe paramilitar Ramón Isaza llegaron a las oficinas de Panamco en Ibagué para entrevistarse con los funcionarios de la planta. El mensaje fue muy claro: “Coca-Cola sólo podría regresar a la región si cubría una cuantiosa deuda que sus distribuidores tenían con gente de la zona amiga de Isaza”. Pasaron las semanas y el mercado que tenía Coca-Cola en la zona comenzó a ser copado por gaseosas Glacial, una industria regional cuya planta principal se encuentra en Mariquita, Tolima, así como por distribuidores de la gran competidora de Coca-Cola, las gaseosas Postobón de la Organización Ardila Lulle, que además en Colombia embotella y distribuye la Pepsi-Cola.

 

Fuertemente preocupados por la caída de sus ventas en el Magdalena Medio, siempre según los periodistas de Cambio, los dirigentes de Panamco habían pedido la intervención de un misterioso “organismo internacional humanitario”, activo en la región y establecieron que la deuda no tenía que ver con Coca Cola, sino con la embotelladora Glacial, que hasta 1996 había tenido a su cargo en la región la distribución de los productos de la transnacional de Atlanta. “Lo que explicaron los enlaces de Ramón Isaza – le dijo a Cambio un funcionario de Panamco – era que Glacial tenía una deuda con personas de la región a las que el jefe de las autodefensas apreciaba. Y que como Glacial ya no era el distribuidor de Coca-Cola, sino que ahora esa tarea la desarrollaba Panamco, pues Panamco tenía que pagar (…). Un alto funcionario del organismo internacional que venía asesorando a los embotelladores  de Coca-Cola, les sugirió acudir el jefe de las autodefensas a nivel nacional, Carlos Castaño, el único que según el funcionario podía convencer a Isaza del absurdo de cobrarle a Panamco una deuda adquirida por otro”[17].

 

El organismo internacional inició en firme la gestión para contratar a Panamco con Castaño y en el mes de agosto el jefe aceptó reunirse con los directivos de la impresa, en presencia del propio Ramón Isaza. Cambio añade que Rubén Darío Salazar, el gerente de Panamco en Ibagué, viajó en secreto hacia Montería, junto con su director comercial. “El día clave fue el 15 de agosto. Los directivos se reunieron en la capital de Córdoba con un enlace de Castaño. No está claro si los funcionarios de la embotelladora salieron de allí para una cita personal con el jefe de las autodefensas. Panamco niega que ejecutivos suyos hayan asistido a un encuentro con él, y sus voceros afirman que con Castaño sólo se reunieron funcionarios del organismo humanitario”.

 

Así una delegación partió de Montería ese día para llegar a un campamento semiselvático ubicado entre las fincas El Diamante y El Venado, en el sur de Córdoba. “Según fuentes de la organización no gubernamental que actuaba como intermediaria, decidieron llevarle dos pacas de Coca-Cola en lata al jefe paramilitar con la idea de que el gesto distensionara el ambiente de la reunión. También le obsequiaron agua mineral de la competencia como un gesto conciliador. Ese detalle y la locuacidad de Castaño rompieron el hielo”.

 

Parece que los interlocutores hayan tocado el corazón del boss paramilitar poniendo el tema del acoso que la compañía habría sido sometida en los últimos años por los grupos insurgentes de las FARC y el ELN, enfatizando como la embotelladora fuera un “importantísimo generador de empleo y riqueza en el país”.

 

“Nosotros no debemos meternos en cuestiones económicas que afecten el sector productivo, como lo hace la guerrilla” hubiera sido el primer comento de Carlos Castaño. “Luego – continua el reportaje de Cambio - se dirigió a Isaza y le dijo, como si hubieran acordado previamente las palabras: “Ramón, nosotros no podemos convertirnos en mercenarios contra las multinacionales. Nuestro objetivo es la guerrilla”. Después el jefe militar invitó los interlocutores a almorzar con pollo, arroz y patacones. Isaza se comprometió con Castaño y sus visitantes a ordenar que el veto a Coca-Cola en el Magdalena Medio fuera levantado y con la ayuda del ignoto organismo internacional no gubernamental, fue definido un mecanismo de verificación para garantizar que en unas cuantas semanas, todos los hombres de Isaza fueran debidamente instruidos sobre la decisión que garantizaba las operaciones de Panamco en el área. “No hubo negociación ni acuerdos que comprometieran a los embotelladores de Coca-Cola”, fue el comento del dirigente Roberto Ortiz de Panamco-Colombia. Todavía ya en el mes de octubre de 1998 las ventas de Coca Cola en el Magdalena Medio recuperaron el nivel que tenían cuando comenzó el veto de los paramilitares. Nadie conoce cuál fue el precio pagado para fortalecer la alianza entre la transnacional y los protagonistas de la guerra sucia en el país.

 

Se pide justicia y reparación en los Estados Unidos

La actitud del gobierno colombiano ha sido de total complicidad con la transnacional en su política de aniquilamiento de los derechos laborales. Muestra de esto es la total impunidad de los crimines y las agresiones al sindicato y a sus trabajadores. Por esta razón SINALTRAINAL ha presentado una demanda penal contra Coca Cola Inc. y Panamco – Panamerican Beverages ante la Corte del Distrito Sur de la Florida (Miami) en los Estados Unidos, invocando la llamada ley Alien Torts Claims Act (ATCA), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1789.

 

“La ley posibilita al nuestro sindicato y a la victima acudir a la Corte norteamericana y para realizar esta demanda hemos contado con el apoyo y la solidaridad de United Steel Workers y del Fondo Internacional de Derechos Laborales de los Estados Unidos” explica el secretario de SINALTRAINAL Javier Correa. “Inicialmente la demanda que se colocó en la Corte de la Florida era una sola. En el pasado mes de diciembre, la demanda se convierte en cuatro. Una demanda por asesinado, otra por secuestro; otra por tortura. La última demanda es por amenaza de muerte”.

 

Por el hecho que el juez no ha podido notificar la demanda judicial a uno de los acusados de este proceso, el ciudadano norteamericano Richard Kirby Keilland, originario de Key Biscayne, Florida, uno de los dueños de las plantas de Coca Cola en Urabá, Florencia y Leticia, el procedimiento se ha parado por mucho tiempo; sin embargo parece que los abocados delegados del sindicato en los Estados Unidos lo hayan encontrado y eso permitiría un primer movimiento en el proceso.

 

Como aclaran los asesores jurídicos de SINILTRAINAL, el fin de la demanda presentada en la Corte norteamericana tiene valor principalmente preventivo. “Se quiere evitar que esos grandes crimines continúen. Nos preguntamos: ¿cuántos nuevos asesinados tendríamos sin estas demandas y las audiencias populares internacionales? Es posible que esto no va a contener los asesinados, los despidos, la persecución, pero por lo menos con esto, lo que buscamos es romper la impunidad, queremos que esta impunidad no sigua permaneciendo en cada una de la embotelladora de Coca Cola en Colombia. En el proceso en los Estados Unidos enfatizamos el caso del sindicalista Gil Gil, porque es el más aberrante. Lo asesinan en a planta y en plena negociación contractual. No contentos de esto, hacen que todos los afiliados al sindicato renuncien. Y lo hacen utilizando el computador de la propia impresa. Como se fuera poco, incendian y saquean la sede sindical. Se demanda la transnacional y las embotelladoras además porque todos las impresas locales son vigiladas por la matriz, por Coca Cola Company. Hay entre ellas una relación tanta estricta como de madre e hijas. Hay una inevitable conexión ideológica entre quien asesinó el compañero Gil y la multinacional....”.    

 

El escenario de impunidad de los crimines de Coca Cola en Colombia es verdaderamente desconcertante; casi todos los jueces llamados a investigar no han castigado, no han detenido, no han reparado los daños casados. Hay más de una situación que muestra la gravedad del sistema judicial en el país y los lazos entre fiscales y trasnacionales. Es siempre SINALTRAINAL a denunciar uno de los casos más inquietantes: “En los años 96-97 nosotros denunciamos inútilmente a Jaime Bernal Cuellar que era el Procurador General de la Nación, todos los atropellos que Coca Cola ha cometido. Demandamos a Coca Cola en Florida y prontamente la transnacional nos contra-demanda penalmente por injurias y calumnias. Pero ¿quién es el abogado de la Coca Cola en esa demanda en contra de nosotros? Lo mismo Jaime Bernal Cuellar, ex Procurador General de la Nación. Así uno va mirando integralmente la relación que hay entre el Estado y las impresas. ¿Cómo van así a encontrar y castigar entre ellos mismos los responsables?”.

 

Las primeras admisiones de culpabilidad de Coca Cola Colombia

Entre las demandas que esperan desde hace muchos años el fallo de la justicia colombiana, hay aquellas en contra del gerente de la embotelladora de Bucaramanga José Gabriel Castro y del jefe de la seguridad de la misma planta, responsables de la falsa acusación de rebelión que en el año 96 causó el encarcelamiento de la junta directiva de SINALTRAINAL. Recientemente han salido todavía los primeros tímidos fallos en contra de las impresas involucradas en el proceso de marginalización y violación de los derechos sindicales. El 29 de Septiembre de 2000, la juez Fanny Cecilia Bahamon de Díaz, ha resuelto declarar que la empresa Embosan S.A., embotelladora del grupo Panamco Colombia S.A. en Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja, ha violado la convención colectiva de trabajo vigente, suscrita el 20 de Julio de 1994. Pero la impresa se ha negado a aceptar este fallo y ha presentado apelación. A pesar de la negación de Casación, Embosan ha declarado públicamente que no entiende cumplir la orden del juez de reintegrar los trabajadores que fueron injustamente despedidos para subcontratar otros trabajadores con salarios reducidos.

 

Un caso semejante ocurrió después del fallo de otro juez, el 7 de Diciembre de 2001, que había condenado a Embotelladora de Santander, a pagar a SINALTRAINAL el valor de las cuotas que se han debido descontar a los trabajadores no sindicalizados beneficiarios de la convención colectiva y los 20 días de salario de los trabajadores, para tres años anteriores a la demanda (es decir entre el 29 de Junio de 1992 y el 29 de Junio de 1995). La empresa ha presentado querella de apelación negándose de pagar la multa a SINALTRAINAL.

 

El 19 de Junio de 2002, otro juez de la Republica de Colombia, modificó la condena que había emitido seis meses antes, de un año de arresto y multa de 20.000 pesos colombianos para los 11 acusados, todos funcionarios de las embotelladoras de Coca Cola, por los delitos de violación de los derechos de reunión y asociación de los trabajadores. A cambio este juez definió condenando los mismos funcionarios a pagar una multa por valor de cien salarios legales mensuales vigentes para el año de 1995. A pesar de los fallos, la administración central de la Panamco Colombia S.A. se ha limitado a trasladar a otras fabricas los funcionarios involucrados.

 

La última sanción pecuniaria a daño de la transnacional fue decretada el 12 de Agosto de 2002 por el Director Territorial de la Oficina de Trabajo y Seguridad Social de Barrancabermeja. Él ha sancionado a la empresa Embotelladora de Santander S.A., con una multa de 6 millones 180 mil pesos colombianos por subcontratar personal temporal en vez de contratar trabajadores a término indefinido. Pero la empresa se ha nuevamente negado a cumplir y ha impugnado el fallo para dilatar y evadir su responsabilidad.

 

La trama de los intereses del capital internacional

Muy débiles son las atenciones que las denuncias de SINALTRAINAL han recibido en la más importante organización internacional de promoción y vigilancia del trabajo, la OIT-ILO (Organización Internacional del Trabajo). “A pesar del grave genocidio de sindicalistas, la OIT ha dado un año más al gobierno colombiano para enfrentar las violaciones contra los trabajadores y no nombra una comisión de investigación” declara el secretario del sindicato Javier Correa. “Lo que ha venido con la OIT es muy preocupante. Los representantes de los trabajadores están en minoría en la organización y en esta condición es muy difícil ganar una posición a favor de los sindicalistas colombianos. Uno se pregunta se los asesinados y la persecución que hay en el movimiento obrero en Colombia no son prueba y motivo suficiente para que la OIT no nombre un relator y una comisión de encuesta. ¿Van a esperar que desaparezca el movimiento sindical en Colombia? Hay como una estrategia, una situación intencional para no enfrentar lo que están pasando determinados territorios, en este caso colombiano, estratégicos para el mundo”.

 

Una respuesta a la cínica falta de consideración del drama colombiano puede ser encontrada entre los enormes intereses económicos que las transnacionales tienen en el país, y entre ellas el papel de Coca Cola y sus socios es uno de lo más visible. Como señala el sociólogo y economista Héctor Mondragón, actualmente en Colombia hay un fuerte enfrentamiento entre redes de impresas transnacionales que tienen lazos de capitales encruzados entre ellas y con el Gobierno. “El mayor accionista de Coca Cola es el principal accionista de American Express, la tarjeta de crédito y de pago que en este momento está bien promocionada en Colombia en los medios de comunicaciones y que representa la principal tarjeta de crédito en el mundo” aclara Héctor Mondragón. “Este grupo es un importante accionista de la Gillette y del coloso de la química Great Lake Chemical; tiene capital accionario en Nike, transnacional que produce artículos deportivos y que ha tenido gran denuncia en el mundo para explotación de niños. El mismo grupo, articulado en torno a las inversiones de Warren Buffet y del fondo Berkshire Hathaway, tiene el 20% del capital del importante diario norteamericano Washington Post, garantizándose el control de los medios de comunicaciones. Hay después alianzas económicas entre Coca Cola y Nestlé para enfrentar la competencia con otros grupos transnacionales de alimentos, como la Unilever. Por fin el conglomerado Coca Cola-American Express–Gillette–Washington Post tiene conexiones con el máximo grupo financiero a nivel mundial, el Citigroup-J.P.Morgan-Chase, pero con una dinámica propia” [18]. Héctor Mondragón señala otro ejemplo evidente del conflicto de intereses en las relaciones transnacionales-gobierno de Colombia: “Hoy la vice ministra del Trabajo fue la abocada de Coca Cola y Nestlé. Así se explica la facilidad de como se están despidiendo trabajadores de las dos transnacionales en Colombia”.

 

El neocolonialismo de la transnacional en el mercado colombiano

Coca Cola llega a Colombia por la primera vez en el año 1926 y se establece definitivamente en el 1942, bajo la inversión de cuatro industriales antioqueños que colocan 10.000 dólares para realizar una planta embotelladora en Medellín y después otras tres en Cali, Bogotá y Cúcuta. La poderosa cordada de empresarios antioquenos representada por Daniel Peláez, Alberto Mejía, José Gutiérrez y Hernando Duque (grupo Fontibón) ha continuado hasta hoy a dirigir Panamco Indega, ampliando sus intereses al sector alimentario, financiero y de la comunicación radiotelevisiva.

 

Desde 1951, Coca Cola entrega el monopolio de la producción, embotellamiento y distribución de sus productos en el país a Panamco Indega Colombia, filial de Panamerican Beverages – Panamco de Miami (Florida), impresa controlada por el 24% de su capital accionario por Coca Cola Company la que tiene además dos representantes en su comité administrativo [19].

 

Panamco Indega es actualmente propietaria en Colombia de 3 grandes impresas productoras (Bebidas y Alimentos de Urabá, Embotelladora de Santander, Embotelladora Román), 20 plantas embotelladoras, 71 distribuidoras de bebidas y más de 1.500 camiones para el transporte de los productos. La impresa surte a más de 450.000 clientes, entre tenderos, bares y restaurantes, y a finales de los años noventa su facturado fue de 650 millones de dólares, 65.000 veces más el capital invertido en solo 60 años. Panamco genera en el país 9.600 empleos, pero después de la campana de despidos de miles de trabajadores con estabilidad, el 80% de los empleados son subcontratados. El despedido masivo le ha permitido reducir sus costos laborales de tres veces en el periodo 1990-2000. “Los trabajadores que se enanchaban en la impresa a partir de la Ley 50 del ’90 ganan tres veces menos de lo que gana un trabajador con estabilidad” denuncia SINALTRAINAL. “Prácticamente un trabajador de Coca Cola recibe un salario mínimo y los ahorros de la impresa en mano de obra suman a 250 millones de dólares. Así la transnacional, en diez años, ha recibido ganancias por 6.000 millones de dólares y 3.000 millones de ellos corresponden a plusvalía debida a los trabajadores. En el mismo periodo el proceso de acumulación se ha multiplicado por 25 veces y el patrimonio de los dueños de la impresa se ha multiplicado de ocho veces. En este doloroso panorama de explotación se puede entender como Coca Cola sea una de la impresa más rentable en el país”.

 

El modelo de expropiación implementado por la transnacional está confirmado por el monto de los capitales que ha exportado a Estados Unidos en la última década: más de 250 millones de dólares; además el proceso de acumulación se ha desarrollado sin significativas inversiones en Colombia. En la realidad el sistema productivo es totalmente autosuficiente y Coca Cola cuenta en Colombia con sus impresas controladas para la subministración de agua, empaques y ingredientes dulcificantes. El misterioso concentrado es subministrado por Coca Cola Servicio de Colombia, otra impresa fachada de la compañía. Aun la transnacional ha montado su fabrica de neveras para entregarlas a los tenderos de diferentes regiones del país y consolidar su presencia en el mercado. El principal socio comercial de Coca Cola en el sector de la programación financiera, les extranjero y se trata de la impresa McCann Erickson que maneja los sistemas informáticos de la transnacional.

 

Coca Cola cuenta con extraordinarios apoyos por parte de la autoridad estatal colombiana que la favorece con exenciones de impuestos y reducciones de aranceles. Un caso importante es lo de la controlada Comptec, principal proveedora de botellas plásticas de la multinacional en América Latina. La compañía está ubicada en la área industrial de Bogotá y tiene dos filiales en las ciudades portuales de Buenaventura y Cartagena. En pocos años Comptec ha multiplicado sus exportaciones a Centroamérica, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador, alcanzando un facturado de más de 12 millones de dólares. El secreto de los rápidos éxitos de Comptec en el mercado latinoamericano es revelado por un periódico financiero: “Comptec se ubicó en la Zona Franca para obtener los beneficios de esta posición, ya que la totalidad de las materias primas y de los equipos de alta tecnología que utiliza son importados. En el caso de las materias primas que entran por la Zona Franca y que se destinen a las exportaciones, están libres de gravamen, no tiene impuesto de arancel ni pagan IVA, y la materia prima para el mercado nacional cuenta con un diferimento financiero, ya que el arancel y el IVA no se pagan cuando llega la materia prima, sino al momento de trasformar las resinas, lo que significa un beneficio financiero que puede ser trasladado a los precios” [20]. Tampoco la impresa tiene que pagar el impuesto de renta, que en el país es del 35%. Un tratamiento che nadie de los pequeños y medianos empresarios industriales y agropecuarios pueden soñarse recibir en Colombia.

 

La fascinación irresistible de la reina de las gaseosas

A finales de los noventa, no se ubica sólo el oscuro acuerdo entre los dirigentes de las embotelladoras de la transnacional y los jefes paramilitares, sino el periodo en que Coca Cola logra aumentar la participación en el mercado de 51 a 65%. Con una inversión de 20 millones de dólares, Panamco Colombia ha inaugurado también otra planta de producción, Friomix del Cauca, ubicada en Caloto, con 350 nuevos empleos. Hombre clave de la repentina expansión de las ventas fue el entonces manager de Coca Cola en Colombia, Salvador Almeida [21], mexicano, que vivió la grave crisis económica de México en 1995, donde pero con una agresiva estrategia de mercadeo logró ganar el liderazgo de la participación de Coca Cola en el mercado nacional [22].

 

En una entrevista, Salvador Almeida ha explicado la receta implementada: “Antes el enfoque había sido al mercadeo a nuestros clientes (canales de distribución) y, con mi llegada, lo cambiamos a los consumidores, con quienes hemos desarrollados nuevas relaciones”. Mientras la Panamco Indaga comienza a aplicar en su negocio el ‘revenue management’, técnica gerencial utilizada por las aerolíneas donde hay precios diferenciales para los pedidos según la anticipación con que se compre y las marcas mejor posicionadas, Coca Cola avía campanas para fortalecer su imagen, colocando gratuitamente en tiendas y restaurantes 100.000 neveras y aumentando su presupuesto publicitario más del 50% [23]. El fútbol nacional e internacional fue otro importantísimo sector para obtener la confianza y la simpatía de los colombianos. “Coca Cola no había participado en los últimos 15 o 20 anos en el fútbol profesional en Colombia y ahora tiene una asociación con el Once Caldas, lo cual ha sido muy importante para nosotros porque nos permitió estar presentes en la comunidad de Manizales” aclaraba el manager Salvador Aldeida. La gaseosa consiguió una presencia monopolística en los estadios del país y Coca Cola, patrocinadora de la Coca América de Fútbol, lograba el nombramiento de Colombia como sede de la edición del campeonato 2001.

 

En esa política de cambio de imagen no han faltado los programas de beneficencia pública. El acercamiento a la comunidad se ha dado por medio de Dividendo por Colombia, empresa que apoya financiariamente a familias pobres, fundada por Coca Cola junto con otras transnacionales presentes en el país (Procter & Gamble, IBM, Suramericana) y la cadena de supermercados Éxito. “También apoyamos a la fundación Colombia Emprendedora, por medio de la cual estamos buscando proveer una educación tanto en escuelas publicas como privadas, en la creación de empresas y de empresarios” añadía Aldeida en su entrevista con los periodistas de Dinero.

 

El entonces gerente de Coca Cola ponía énfasis además en el tema controvertido de la seguridad de la transnacional en el país. A la pregunta sobre la situación más difícil que le tocó afrontar en los años de su presencia en Colombia, Salvador Aldeida contestaba: “La inseguridad”. “Nosotros tenemos un producto de distribución masiva y para nosotros ha sido muy difícil enfrentar esa situación, que ha venido deteriorándose. Hemos tenido ataques a nuestros camiones, a nuestra planta, hemos sufrido tanto con la delincuencia común como con la delincuencia organizada. Mi responsabilidad es velar por nuestros recursos humanos, físicos y, principalmente, por nuestra gente. Para mí, lo más difícil es la preocupación de que algo les pueda pasar” [24].

 

El manager no nombra directamente los actores armados pero los ejecutivos de Panamco no han perdido las oportunidades para denunciar los presuntos hostigamientos recibidos por los grupos insurgentes. En realidad los datos presentados por la misma transnacional no parecen comparables con los atentados y los hechos violentos de que han sido victimas otras importantes multinacionales presentes en Colombia, sobre todo en el sector energético-industrial. Un informe publicado por el semanal Cambio habla de los incendios de una docena de tracto-mulas y camiones distribuidores de gaseosas en los años 91-92 en Remedios y Bucaramanga; el ataco con petardos el 10 de mayo de 1991 de las bodegas de Coca-Cola en Itaguí (Antioquia); el bloqueo por un mes, en el febrero de 1992, al transporte de gaseosas y cervezas entre Boyacá y Casanare, por parte de los frentes 28 y 45 de las FARC, para obtener el pago de un “impuesto” de 60 millones de pesos mensuales; el robo, dos años después, de cinco carros distribuidores en Arauca por el ELN; el ataco con bombas por parte del frente urbano ‘Resistencia Yariguíes’ del ELN del parqueadero de Coca Cola y el incendio de 25 vehículos para obligar a la impresa a pagar un “peaje” de 400 pesos por cada canasta de gaseosas vendida (junio de 1995). Los hechos más graves fueron cometidos presuntamente por el Ejercito de Liberación Nacional entre el 1997 y el 1998; se trató del secuestro de cuatro empleados de la distribuidora de Coca-Cola en Tibú (Norte de Santander) y los homicidios de Edisón Tuistar y Ramón Siachoque Peñaranda, empleados del distribuidor regional de Coca-Cola. Siempre en el 1998 la planta de Barrancabermeja fue objeto del robo de ochos camiones y un atentado con bomba que causó un herido grave [25]. Crimines seguramente deprecables pero incomparables con el genocidio y el clima constante de violaciones que afectó contemporáneamente los trabajadores de las embotelladoras de Coca Cola.

 

The militar-connection

Los máximos dirigentes de la transnacional prefieren no explicar como hayan contrastado el clima de ‘inseguridad’ en Colombia. Hoy sabemos pero que las mayores compañías que operan en los países más peligros de América Latina – entre ellas Coca Cola, General Motors y Allied Signal – inscriben a sus ejecutivos en cursos particulares de tres días, donde en cambio de 2.500 dólares, instructores militares los adiestran a “enfrentar criminales, secuestradores y terroristas”. La impresa de entrenamiento paramilitar preferida por Coca Cola para sus dirigentes del área latinoamericana es la International Training Inc., ITI, con sede en Dilley, Texas. Aquí, un equipo de diez ex militares, liderado por Robert Lukens, oficial retirado de la Oficina de la Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, les enseñan a los altos ejecutivos “a reconocer el peligro, evitar convertirse en blanco de ataques y conducir carros a 150 kilómetros por hora y disparar para salir de situación de peligro” [26].

 

La International Training Inc., ITI  fue fundada en 1989 por dos antiguos oficiales de investigaciones especiales de la Fuerza Aérea, Jerry Hoffman y Gerald Smith en una zona rural de Virginia para entrenar originalmente empleados federales; en el junio de 1998 se abrieron las instalaciones en Texas para atender sus numerosos clientes particulares de América Latina [27]. Hoy en día la compañía forma parte de un conglomerado en el negocio de la seguridad, con base en Ohio y ganancias de más de 190 millones de dólares, de propiedad de Kroll-O’Gara. Kroll-O’Gara es dueña de Kroll Associates, un grupo corporativo de inteligencia, y de O’Gara-Hess & Eisenhardt Co., la cual construye coches blindados para jefes de estados y altos mandos militares y arma vehículos de guerra como los M1114 y M1109 (‘High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle’ – Blindados con grande movilidad multiuso) que fueron utilizados por las Fuerzas armadas de Estados Unidos en sus recientes campañas en Somalia y Bosnia [28]. El mes de agosto de 2001, la O’Gara-Hess & Eisenhardt Armoring Company, fue adquirida por el gigante del sector de la industria militar, Armor Holding Inc., compañía que suministra una amplia gama de productos y servicios para los militares y la policía de Estados Unidos y que cuenta con ingresos anuales de 300 millones de dólares [29].

 

La lucha para el control del mercado de las bebidas

Se llama Postobón la impresa líder colombiana en el sector de las gaseosas que está enfrentando Coca Cola en la batalla para el monopolio nacional del mercado. Propiedad de uno de los más importantes imperios financieros del país, la Organización Ardila Lulle, dueña de los dos mayores canales televisivos de Colombia, Caracol y RCN, Postobón controla las conocidas marcas de gaseosas Colombiana, Manzana y Naranja, los jugos de fruta Hit y Mango Viche, la cerveza Cristal Oro, los Agua Cristal y Agua Caribe, la bebida isotónica Squash y Malta Leona [30]. Hasta el 1999, Colombia era uno de los pocos países del mundo donde los consumidores preferían tomar una gaseosa nacional a una cola negra, y Postobón fue e las pocas compañías que superaron a Coca Cola en el mercado local. Pero en la víspera del siglo XXI, Postobón, vio descender a 33% su presencia en las ventas [31].

 

Eso fue el efecto de la agresiva estrategia de mercadeo de Coca Cola, que lanzó nuevos productos para ocupar otros espacios entre los consumidores.  Desde el 1996 la transnacional ha sido muy activa en el segmento de los sabores con la introducción de bebidas como Quatro, Taí y a fin de 1999 con Manzana Lift, incursionando con la última en un sector que tiene el 10% del mercado total de gaseosas y que es una de las banderas de la Organización Ardila Lulle, a través de Colombiana, una de la bebida más popular en el país. Gracias a inversiones para el desarrollo de gaseosas con sabor a manzana por 12.000 millones de pesos Coca-Cola quiere repetir el éxito que tuvo en México, donde en solo tres años cuadruplicó sus ventas, al llegar a 86 millones de cajas y convertirse en la segunda marca de la multinacional [32]. Posteriormente, Coca Cola logró consolidar su supremacía con Sprite luego de su relanzamiento con nuevo sabor. Otro duros golpes al grupo Postobón fueron la compra por Coca Cola Company de las marcas de ‘Cadbury Schweppes’ por 700 millones de dólares [33] y el lanzamiento en el agosto 2000 por Panamco de una bebida isotónica hidratante, Powerade, que gana pronto el 15% del mercado junto con Gatorade (Grupo Quaker) y Squash (Grupo Postobón) [34].

 

El descenso en las ventas de sus productos y la desmedida ambición de Panamco-Coca Cola, empujaron a la Organización Ardila Lulle a cambiar su actitud hacia la mayor competidora de la cola negra, la Pepsi Cola, de la cual Postobón es productora y distribuidora en Colombia. En tácito acuerdo con la casa matriz de Pepsi, hasta el año 2000 Postobón había puntado a valorizar mucho más sus productos nacionales y anteponer su logo a las marcas de la transnacional. Para contrastar el dominio de Coca Cola, la Organización Ardila Lulla empezó a dar protagonismo a Pepsi Cola, y la marca pasó a ser parte de la imagen corporativa de Postobón y su comparsa en las fachadas de las plantas de producción, en las neveras y en los camiones de la compañía. También, para conquistar los consumidores más jóvenes del país, Postobón ha invertido 20.000 millones de pesos en la introducción del nuevo sabor de Pepsi y aceptó embotellar y distribuir por la primera vez la gaseosa 7Up, corriendo el riesgo de que este producto rivalizara con algunas de sus bebidas. El fin de esta estrategia es noto: Pepsi-Postobón busca conquistar en menos de dos años el 30% del segmento de las colas negras, que a su vez representan el 50% de las ventas totales del mercado de las gaseosas en el país y que asciendan a la cifra enorme de unos 600.000 millones de pesos anuales [35].

 

Entre rebajas ficticios y encarecimientos reales

Para enfrentarse al gigante mundial de las gaseosas, Postobón desde enero de 2000 ha desencadenado una guerra de precios que ha condicionado fuertemente el mercado y la libertad de elección de los consumidores. Hoy en Colombia es más barato tomar gaseosas que escoger agua natural y el consumo de jugos de fruta naturales disminuye repentinamente, a pesar de la grande producción de productos tropicales. Esta guerra a golpes de rebajas empezó con la reducción en 33% del precio al publico de los jugos Hit-Postobón. Dos días después de la medida, Panamco bajó en 30% el precio de Coca Cola al consumidor y 40% al tendero. En consecuencia, la botella de tamaño de 6,5 onzas, que representa entre el 11% y el 12% de las ventas totales de la industria, quedó costando 200 pesos (hoy es de 400 pesos). Progresivamente la reducción de los precios se ha ampliado a las botellas de tamaño más grandes y particularmente a los envasas no retornables. Con esa estrategia las compañías han presionado un aumento en la demanda y en la realidad después de unos meses, Postobón y Panamco han reconocido incrementos en ventas de hasta el 30% [36].

 

Sin embargo, esta política ha beneficiado muy poco a los consumidores porque se calcula que casi el 45% de los tenderos no han trasladado las rebajas de precios al publico, así los comerciantes se quedan con las ganancias de las deferencias de precio, justificándolo con los altos costos de energía en que incurren para refrigerar las bebidas.

 

Hay que añadir que la guerra de los precios estalló después que en 1999 SIC-Superindustria (Superintendencia de Industria y Comercio) abrió investigación para indagar las grandes industrias de gaseosas por un supuesto “acuerdo sobre los precios”. En particular, la SIC, que tiene la función de averiguar preliminares sobre infracciones a las disposiciones sobre promoción de la competencia y practicas comerciales restrictivas, sospecha que el aumento de precios de los años 1997-98 de las bebidas suaves ha sido fruto de un acuerdo entre Panamco-Indega, Postobón y Bavaria. La investigación remonta a 1997, cuando los dos primeros días del mes de mayo, Panamco el primero y Bavaria y Postobón simultáneamente después, incrementaron el precio de sus gaseosas. Las tres compañías coincidieron en el precio de la presentación de un litro, mientras Postobón y Panamco fijaron precios iguales para las presentaciones de 2 litros, litro y medio, 12 onzas, 6 y media onzas, y en la presentación en lata. En junio 13 de 1998 las tres compañías, de manera simultánea, incrementaron nuevamente el precio de las gaseosas y eso ocurrió también otra vez el 12 septiembre del mismo año. Al mismo tiempo, la SIC ha investigado a cada una de estas empresas por repartición de mercados, es decir, por llegar a acuerdos que tienen como efecto la repartición de mercados entre productores y entre distribuidores. La SIC “encontró evidencias de que las tres empresas asignan zonas exclusivas y excluyentes a sus distribuidores, los cuales son empresas independientes y que tiene derecho a la libre competencia” [37].

 

Se trata de un comportamiento seguramente detestable y si se comprobaría judicialmente, podría costar a las impresas sanciones que van desde 3.000 salarios mínimos mensuales hasta su liquidación. Colombia todavía es el país dispensador de impunidad y ninguna medida fue tomada para penalizar el presunto acuerdo de cartel.

 

Hoy la lucha se ha trasladado en la búsqueda de siempre más amplios segmentos de población juvenil, la más sensible a las persuasivas campañas publicitarias de las impresas. En este sentido hay que subrayar las amargas conclusiones de SINALTRAINAL en la tercera audiencia popular de Bogotá sobre los crimines de Coca Cola: “Cuando alguien se toma una Coca Cola debe recordarse los testimonios que aquí nos han contado los compañeros. Esa imagen relativamente juvenil, aparentemente feliz que Coca Cola proyecta en sus propagandas no es más que una imagen que reflezca toda una acción macabra, toda una política determinada a acumular cada vez más capital”.